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Australia alcanza un acuerdo de mínimos para legalizar refugiados

La devolución de quienes no logran el permiso viola convenciones de las Naciones Unidas

Un campo de refugiados sirio.
Un campo de refugiados sirio. AFP

El Senado australiano ha aprobado entre una gran controversia una ley para regularizar la situación de más de 25.000 refugiados en el país. La medida deja en el limbo a miles de exiliados encerrados en centros de detención y ha desatado las críticas de las ONG de derechos humanos por contravenir puntos de la legislación internacional de protección a los refugiados.

La medida fue aprobada pasada la medianoche del jueves durante una sesión extraordinaria de la Cámara alta australiana, la última antes del receso navideño. Para conseguir los apoyos de varios senadores independientes, la coalición conservadora en el Gobierno se vio obligada a ceder en algunos puntos.

La nueva ley concederá permisos de trabajo a más de 25.000 refugiados que ahora se encuentran en Australia con visados transitorios. Además, las autoridades examinarán los casos de otros 30.000 refugiados que desde agosto de 2012 han solicitado visados de protección temporal.

Para quienes llegan de Australia huyendo de conflictos bélicos o de la persecución política, estos visados permitirán trabajar o estudiar durante tres años, o cinco si lo hacen en una zona rural.

Sin embargo, la medida ha suscitado críticas airadas. Las autoridades otorgarán los visados tras someter a los demandantes de asilo a un cuestionario rápido de cuatro preguntas. Además, los refugiados no podrán recurrir las decisiones del Ministerio de Inmigración. De hecho, la nueva ley establece que las autoridades australianas pueden devolver a un refugiado a su país de origen si el Ministerio rechaza su solicitud, una medida que contraviene la convención de refugiados de las Naciones Unidas.

“Parece inevitable que estos cambios drásticos en el sistema de gestión de los refugiados en Australia resultarán en que gente que tiene necesidad de protección será devuelta a manos de sus perseguidores”, aseguró el coordinador de refugiados de Amnistía Internacional Graham Thorn en un comunicado. Thorn subrayó que, con esta ley, Australia “viola la legislación internacional, eliminando cualquier requerimiento para considerar si una persona será torturada o perseguida si es retornada a su país de origen”.

El paquete de medidas aprobado por el Senado contempla también ampliar el número de refugiados que Australia admitirá cada año. Poco después de ser elegido, en septiembre de 2013, el Gobierno conservador del primer ministro Tony Abbott redujo el número de plazas para refugiados de 20.000 a 13.750 en los próximos cuatro años. Ahora, ha aumentado la tasa de refugiados hasta 18.750.

La nueva ley suaviza la situación de algunos de los 2.151 refugiados que se encuentran presos en centros de detención en Papúa Nueva Guinea y en islas del Pacífico como Nauru o Manus. El Gobierno consiguió el voto de los senadores independientes gracias a la promesa de que liberaría a 468 niños que se encuentran en centros de detención.

Pero 167 menores más seguirán encerrados en la isla de Nauru, desde donde continuamente se filtra información sobre casos violencia y maltrato infantil. Otros 24 bebés, hijos de refugiados y nacidos en Australia durante el último año, serán enviados a Nauru bajo la nueva ley.

“Lo que sucedió en el senado anoche es una victoria para Australia”, declaró Abbott a una radio local. El primer ministro ganó las elecciones federales hace un año bajo la promesa de “parar los barcos” de refugiados que llegan a las costas australianas huyendo de conflictos bélicos como los de Siria, Irak o Afganistán.

Sin embargo, la coalición conservadora de Abbott no obtuvo la mayoría necesaria en el senado, y ni siquiera ha logrado aprobar los presupuestos para este año. Con la ley de inmigración Abbott esperaba impulsar una de las pocas cuestiones que genera consenso a la derecha y a la izquierda del espectro político australiano. Pero la decisión no convence ni a los organismos internacionales ni a algunos de los partidos locales. Desde su victoria electoral, el Gobierno de Abbott ha impuesto el silencio mediático en torno a las llegadas de botes que consiguen romper el cerco de la armada australiana. Pero algunos casos han escandalizado a la opinión pública. Entre los más polémicos se encuentra el de 37 refugiados de Sri Lanka que fueron devueltos su país de origen y detenidos por las autoridades locales a su llegada.