El muro andino de los lamentos

Decenas de miles de personas huyendo del crimen organizado y el pandillaje desde los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) y, a la vez, una inmensa migración laboral entre países sudamericanos. En el primer caso, tensiones y exclusión; en el segundo, políticas migratorias esencialmente orientadas a la regularización —dentro de un contexto de gran vitalidad económica— y no a la persecución o la expulsión. Ya me he referido a estas dos caras de las migraciones en la Latinoamérica actual.

Hay, sin embargo, zonas grises que encierran sus propios dramas en las que afloran viejos males de xenofobia, racismo y exclusión en Sudamérica. No todas las migraciones intrasudamericanas son laborales ni las autoridades migratorias o policiales ejemplares. Así, haitianos que pasan por Perú para buscar refugio en Brasil padecen de la corrupción policial para poder seguir su recorrido. Más al sur, un estupendo reportaje publicado hace dos semanas por el diario colombiano El Espectador describía la conducta xenófoba y racista de autoridades migratorias en Chile contra colombianos que huyen de la violencia, en especial del puerto de Buenaventura, ruta del 60% del comercio exterior colombiano.

Hay zonas grises que encierran sus propios dramas en los que afloran viejos males de xenofobia, racismo y exclusión en Sudamérica

Salen miles de personas de Buenaventura buscando seguridad pues allí se ha impuesto el miedo y "la extorsión se ha convertido en ley". Algunos se desplazan a otras ciudades colombianas y otros se suman a los más de 60.000 refugiados que ya viven en Ecuador. Los menos, emprenden un largo viaje de más de 2.800 kilómetros por tierra hasta Chile y sus puestos fronterizos de Chacalluta (con Perú) o Colchane (con Bolivia) para tratar de llegar a Antofagasta, ciudad que era boliviana antes de la Guerra del Pacífico (1879-1883). En ese entonces destino de migrantes chilenos, luego, de europeos.

En la última década, más de 10.000 colombianos se han asentado allí, no sin sufrir xenofobia por parte de autoridades fronterizas. Según ese reportaje, es sistemático el rechazo a los colombianos por las autoridades migratorias chilenas en Chacalluta. El año pasado, la mitad de los extranjeros a los que se les negó el ingreso en ese punto fronterizo eran colombianos. La entidad chilena oficial de derechos humanos —el Instituto Nacional de Derechos Humanos— afirma que eso ocurre por "situaciones de xenofobia que se presentan por parte de algunos agentes del Estado". A ello se podría añadir el hecho —no desdeñable— de que el marco legal vigente para efectos migratorios sigue siendo la Ley de Extranjería (1975) dictada por Pinochet.

El rebote a Perú desde Chacalluta, así, es un fenómeno diario. Los que aún no logran pasar a Chile o son rebotados se agrupan en una pequeña plaza de la ciudad fronteriza peruana de Tacna a la que llaman el Muro de los lamentos, en donde deambulan sin muchas opciones sobre qué hacer. Allí se condensa el drama de miles de familias.

Salen miles de personas de Buenaventura buscando seguridad pues allí se ha impuesto el miedo y la extorsión se ha convertido en ley

Los países de América Latina y el Caribe no pueden permitir ni permitirse comportamientos xenófobos o racistas frente a los migrantes ni llevarlos a muros de los lamentos. La tradición del asilo tiene en la región su principal punto histórico de referencia en el mundo. Y fue también en la región en que se adoptó, hace 30 años, la definición ampliada de refugiado para incluir allí a quienes huyen de situaciones de violencia generalizada y no sólo a los perseguidos políticos.

Se acaban de reafirmar y desarrollar estos principios fundamentales en la reunión ministerial en Brasilia esta misma semana (2 y 3 de diciembre) en decisión unánime de todos los países de la región convocada por ACNUR, la oficina de Naciones Unidas para los refugiados. No debería quedar espacio para la xenofobia, el racismo, la exclusión o la corrupción en las fronteras frente a quienes huyen de la violencia. El Plan de Acción de Brasilia, al que se ha llegado luego de un largo proceso de consultas, convoca, por el contrario, a la inclusión, la tolerancia y la plena vigencia del derecho internacional de los refugiados. Eso es lo que debe prevalecer.