Texas frena la polémica ejecución de un reo con problemas mentales

“Suspendemos la ejecución en espera de una orden de la corte que nos permita considerar las cuestiones legales presentes en esta materia”. Con esa frase, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito salvó la vida del reo Scott Panetti a tan sólo unas horas de recibir la inyección letal en Huntsville, (Texas).

Esta es la segunda vez este año que el Estado decide frenar una ejecución. La primera fue en el caso de Robert Campbell, donde la corte insistió en que se debía examinar mejor su capacidad mental antes de proceder.

Panetti, de 56 años, fue condenado por asesinar a los padres de su esposa en 1992. Cuando fue detenido, declaró a las autoridades que su alter ego “Sage” había cometido los asesinatos.

Acosado por esquizofrenia, entre otras enfermedades mentales, su caso ha pasado de corte en corte. Según el testimonio de sus abogados, Panetti ahora cree que es “un predicador y piensa que la ejecución es parte de una conspiración satánica para impedir que predique”.

Aunque la legislación establece que la discapacidad intelectual y los problemas mentales justifican la excepción a una ejecución, en la práctica no es tan fácil.

En 1986 la Corte Suprema determinó en el caso “Ford vs. Wainwright” que es inconstitucional ejecutar a una persona con incompetencia mental. En 2007, en el caso de Panetti, el tribunal declaró que los reos con condenas de muerte deben tener un “entendimiento racional de la causa que lleva a sus ejecuciones”.

Sin embargo, los jueces han dejado la definición de conceptos como “entendimiento racional” y “competencia” a las cortes estatales, lo que ha generado más confusión que claridad.

“Cualquiera que mire a Panetti se da cuenta que tiene un problema mental. Sería inaudito que alguien sacara a una persona de un hospital psiquiátrico y la ejecutara, y eso es esencialmente lo que iba a pasar en este caso. Él debiera estar internado”, explicó Richard Dieter, director ejecutivo de Death Penalty Information Center.

Esta opinión parece estar creciendo en el público estadounidense. Una nueva encuesta financiada por la universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde se incluyeron a 943 votantes, difundida esta semana, mostró que un 58% de los encuestados se oponen a la ejecución de personas con enfermedades mentales. “Hay un consenso emergente en contra de usar la pena capital en estos casos”, insistió el académico Robert Smith, quien comisionó el estudio.

Apoyo en espera de la muerte

“Me imagino que todos saben sobre la ejecución de Panetti el próximo miércoles 3 de diciembre. Hablé con su padre y hermana y nos agradecen por nuestro apoyo, me dieron mucha tristeza”, explicó la activista Gloria Rubac a los miembros de Texas Death Penalty Abolition Movement.

Mientras habla, las tarjetas de navidad pasan de mano en mano con rapidez en la mesa redonda que han montado en el centro comunitario SHAPE de Houston. Un breve mensaje, una firma o incluso una estampilla con una estrella, adorna el papel que llegará a la cárcel de Huntsville.

Los activistas celebran este ritual cada año. En su mesa se sientan personas en contra de la pena de muerte, familiares de los condenados e incluso algunos en busca de un hogar. Todos encuentran refugio por un par de horas.

Su voluntariado se traduce en diferentes tareas: escuchar a los familiares, visitar a los reos, escribirles e incluso presenciar sus ejecuciones, cuando ellos lo piden.

La decisión en el caso Panetti es una gran victoria para ellos, la que sin duda incidirá en la manera en que Texas y otros estados definen el criterio de ejecución. Pero es sólo un paso en una batalla cuesta arriba y es probable que la ambigüedad persista en este tipo de casos, sobre todo considerando lo que ha ocurrido con la discapacidad mental y ejecuciones.

En 2002 la Corte Suprema falló en el caso “Atkins vs. Virginia” donde estableció que “ejecutar a reos con retraso mental era inconstitucional”. Desde entonces algunos estados como Alabama, Kentucky, Virginia, entre otros, utilizan el criterio de un coeficiente intelectual mínimo de 70 para determinar si existe discapacidad, lo que ha frenado diversas ejecuciones.

Pero Texas requiere que el reo tenga una capacidad mental inferior, que no posea cualidades de comportamiento para adaptarse al ambiente social y que los problemas hayan comenzado antes de los 18 años.

“El problema con Texas no es la rigidez en la definición de discapacidad mental, sino las cortes, que en la mayoría de los casos no permiten que se vuelva a revisar la condena”, aseguró Dieter.

En la reciente ejecución del mexicano Ramiro Hernández, su defensa tenía pruebas de una infancia con problemas de aprendizaje y dificultad para seguir comandos básicos, pero eso no fue suficiente para Texas.

“En Estados Unidos, un 99.8% de todas las ejecuciones se han realizado a nivel estatal. Los problemas mentales y la discapacidad intelectual son un límite que se ha impuesto a nivel federal. Esto se ha convertido en una competencia de poder donde o el gobierno es capaz de ejercer su autoridad o son los estados quienes deciden”, explicó el profesor Franklin Zimring profesor de la Universidad de Berkeley y autor del libro “Las contradicciones de la pena capital”.

Desde 1976 Estados Unidos ha ejecutado a 1392 personas, sólo Texas es responsable de 518 muertes. Hasta 2002, 44 de ellas estuvieron asociadas a retraso mental, según datos del Death Penalty Information Center.