El Gobierno de Putin impulsa una ley para frenar la influencia exterior

Los dirigentes rusos proyectan nuevas medidas para protegerse de la influencia extranjera. Con el dictamen positivo del Gobierno, la Duma Estatal (Cámara baja) admitió este jueves a trámite un proyecto de ley que dará competencias a la Fiscalía General del Estado para confeccionar una lista de “organizaciones extranjeras e internacionales” etiquetadas como “no deseadas”. Estas organizaciones y sus integrantes podrán ser sancionados de forma administrativa y penal, si prospera el proyecto, suscrito por los diputados Aleksandr Tarnávski, de Rusia Justa y Antón Ischenko, del partido populista de Vladímir Zhirinovski.

El documento se enmarca en la dinámica legislativa dirigida contra las influencias exteriores que son percibidas como amenazas por los dirigentes rusos. Según el proyecto, la Fiscalía confeccionará un registro de las “no deseadas” a propuesta de los órganos de Orden Público y de Seguridad y previa consulta con el ministerio de Exteriores y el de Justicia. Este último departamento será el depositario del registro de organizaciones “no deseadas”, una función que desempeña también en relación a las ONG que han sido calificadas como “agentes extranjeros”.

Las “no deseadas” y sus actividades podrán ser prohibidas y vetadas y sus integrantes, castigados con multas de hasta 100.000 rublos (algo menos de 2.000 euros) y, en caso de reincidencia, de hasta 500.000 rublos y penas de cárcel de dos a ocho años. Estas medidas son el desarrollo de una ley en defensa de los intereses rusos, que es conocida popularmente como la “ley Dima Yákovlev” por prohibir la adopción de niños rusos a los ciudadanos de EE UU (alude a una niña adoptada que falleció tras dejarla su padre estadounidense en un coche al sol).

El documento, avalado con la recomendación positiva del Gobierno y el Tribunal Supremo, conlleva enmiendas en la normativa legal vigente, como el Código de Infracciones Administrativas y el Código Penal así como en la ley que regula los desplazamientos entre la Federación Rusa y el extranjero. Sin establecer los criterios concretos para declarar indeseable una organización, el documento se refiere a las que “suponen una amenaza para la capacidad de Defensa o la seguridad del Estado o bien el orden público o la salud pública con el fin de defender las bases del orden constitucional, la moral y los derechos e intereses legales de otras personas”.

Según los autores del proyecto, la realización de las medidas propuestas permitirá “aumentar la eficacia para impedir las actividades de las estructuras extranjeras que suponen una amenaza para la seguridad del Estado, que amenazan con ‘revoluciones de colores’ o facilitan el surgimiento de focos de tensión con base interétnica e interconfesional”. Con el término “revoluciones de colores” se califican las protestas populares que provocaron cambios de régimen en Estados postsoviéticos como en Georgia, en 2003, en Ucrania, en 2004, y posteriormente en Kirguistán.

El proyecto “está destinado a aumentar la eficacia de la oposición a los desafíos negativos del terrorismo internacional y extremismo”, afirmaba el vicepresidente del Gobierno, Serguéi Prijodko, en un dictamen sobre la ley. Esta se refiere solo a “organizaciones”, un concepto que por su amplitud puede abarcar entidades no comerciales y comerciales.

En una entrevista con la agencia Itar-Tass difundida el pasado domingo, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo comprender que un nuevo telón de acero sería fatal para Rusia. “En la historia de otros Estados hubo periodos en los que los países intentaron protegerse del resto del mundo y pagaron muy caro por ello, prácticamente con la degradación y la ruina. No vamos a ir por este camino en ningún caso y nadie construirá un muro en torno a nosotros. No es posible”, sentenció el jefe del Estado. “¿De qué muro [habla], de qué telón?, se preguntaba la comentarista Marina Ózera, de Moskovski Komsomolets, el diario de más tirada de la capital. “Ellos mismos se marcharán y entonces alcanzaremos la felicidad y la total seguridad del Estado”, señalaba retóricamente refiriéndose a los representantes de entidades extranjeras. Tarnavski, uno de los dos autores del proyecto, dijo a la comentarista que éste tenía carácter “preventivo” y que esperaba que el registro de “no deseadas” quedara vacío.