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La fiscalía envía a prisión a los once detenidos por los disturbios del Zócalo

La PGR los acusa de asociación delictiva, motín y tentativa de homicidio

Un joven es rodeado por policías en el Zócalo
Un joven es rodeado por policías en el Zócalo Getty

La Procuraduría General de la República (PGR, la fiscalía) ha confirmado este sábado que trasladó a prisión a once jóvenes acusados de participar en los disturbios del pasado 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México en el colofón de una nutrida protesta que exigió justicia por los 43 estudiantes víctimas de la matanza en Iguala. Los detenidos, ocho hombres y tres mujeres, han sido imputados por asociación delictiva, motín y tentativa de homicidio y enfrentarán sus procesos tras las rejas.

Activistas de derechos humanos han mostrado su preocupación por el mensaje que las autoridades han dado con la consignación. Los hombres, entre ellos un ciudadano chileno, han sido enviados a una cárcel de alta seguridad en Veracruz, en el golfo de México. Las mujeres han sido recluidas en el penal femenil de Nayarit, en el noroeste de México.

Por más gente que manden a prisión el Gobierno tendrá que decir dónde están los 43 normalistas

Jesús Robles, abogado

“Es casi un hecho el que no se cumplirá el debido proceso de los detenidos”, ha señalado a este periódico el abogado Jesús Robles, que ha auxiliado en la defensa de otros manifestantes detenidos en protestas anteriores. Robles afirma que solo “dos o tres” de los presuntos alborotadores pudieron declarar ante el ministerio público con un abogado que no fuera de oficio. “Las autoridades no anunciaron el traslado de los acusados”, agrega.

Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los más prominentes integrantes de la izquierda mexicana, ha solicitado la liberación de los jóvenes “arbitrariamente” detenidos y enviados a cárceles de máxima seguridad, “donde evidentemente no corresponden”, ha dicho en un vídeo. El fundador del PRD ha pedido al Estado que corrija esta situación.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ha sido la encargada de ejercer acción penal contra los detenidos. La SEIDO es un polémico brazo de la fiscalía que durante la presidencia de Felipe Calderón fue cuestionado por fabricar culpables y chivos expiatorios en la guerra contra el narcotráfico.

A la fiscalía parece preocuparle esta reputación. A través de un comunicado afirmó que desde el momento de la detención del chileno Laurence Maxwell “se le hizo saber sus derechos” y se informó al consulado para “que le brindara asistencia”. El canciller del Gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, ha confirmado la versión de las autoridades mexicanas.

El ministro Muñoz dijo que Maxwell, un estudiante de 47 años matriculado en el doctorado en Letras de la Universidad Nacional, había afirmado ante su cónsul en México que asistió a la marcha en bicicleta, pero rechazó su participación en los choques con la Policía Federal. El jueves, poco después de los disturbios, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, afirmó en un informativo que el extranjero había sido uno de los “más violentos” manifestantes. Maxwell fue dirigente estudiantil en Santiago en la década de los ochenta.

Tres de los once presuntos vándalos son estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Otros dos también estudian en escuelas no especificadas. Uno más, Atzín Andrade, de 29 años, es alumno de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de Bellas Artes. La ocupación de otros cuatro es desconocida hasta el momento.

Tras los hechos del jueves, donde un grupo de manifestantes arrojó bombas Molotov y rocas a elementos antidisturbios federales y policías del Distrito Federal, han comenzado a publicarse en redes sociales vídeos que exhiben los abusos y el desmedido uso de la fuerza que las autoridades hicieron en las detenciones.

Esta semana, el presidente Peña Nieto había endurecido su tono para condenar los brotes de violencia que se han presentado en torno a las manifestaciones que le piden eficiencia en la investigación del caso Iguala. El martes afirmó que estas protestas parecen responder “a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y, sobre todo, de atentar contra el proyecto de Nación que hemos venido impulsando”.

La sociedad está cansada de la impunidad y la delincuencia. Los mexicanos quieren que la ley se cumpla

Enrique Peña Nieto, presidente de México

Es cierto que pequeños grupos de anarquistas han antagonizado con el Gobierno de Peña Nieto desde el primer día de su mandato iniciado en diciembre de 2012. La matanza de Iguala ha servido de pretexto para que los radicales protagonicen episodios de violencia en marchas pacíficas. El 9 de noviembre una de estas células intentó incendiar la puerta de Palacio Nacional, la sede oficial de la presidencia. En Guerrero han sido incendiadas oficinas de los partidos políticos y el Congreso.

Algunos activistas afirman que el Gobierno está criminalizando la protesta. Robles asegura que unos 670 jóvenes han sido detenidos acusados de contribuir en desmanes públicos desde el inicio del sexenio. “Ninguno de ellos está en prisión porque las autoridades no les comprobó ningún delito”, afirma el abogado. “El presidente está trasladando la responsabilidad de la violencia, está diciendo que los violentos están entre nosotros. Está infundiendo miedo”, asegura.

Este viernes el presidente Peña Nieto felicitó a los policías que participaron en el operativo del jueves. “Los mexicanos exigen que la ley se cumpla. La sociedad, con razón, está harta de sentirse vulnerable. Está cansada de la impunidad y la delincuencia”, dijo en un evento con los fiscales del país. También afirmó que su Gobierno “no va a permitir” que las manifestaciones “sean secuestradas por quienes actúan con violencia y vandalismo”. "Por más que manden a prisión a gente el Gobierno tendrá que decir donde están los 43 normalistas", dice Robles.

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