El fiasco de la izquierda en las urnas fuerza otra cohabitación en Rumania

La inesperada victoria conservadora en las presidenciales debilita al Gobierno

Partidarios de Iohannis celebran su victoria.
Partidarios de Iohannis celebran su victoria.RADU SIGHETI (REUTERS)

Haciendo equilibrios en una escalera metálica, un operario trata de descolgar un cartelón que prende de un larguísimo poste del bulevar Magheru, una de las avenidas centrales de Bucarest. Llueve insistentemente y el cartón plastificado está arrugado. “Orgulloso de ser rumano”, se lee en él. Sobre las letras está el rostro sonriente de Victor Ponta, actual primer ministro y candidato del Partido Social Demócrata (PSD) a las elecciones presidenciales del pasado domingo. Pero hoy, cuatro días después de los comicios, el cartel electoral está tan mustio como su dueño. Ponta, a quien todos los sondeos mostraban como favorito, sufrió un enorme varapalo frente a Klaus Iohannis, el candidato conservador de la minoría alemana.

Su inesperada derrota no sólo lo deja en una posición delicadísima dentro de su partido, donde las voces críticas no se han hecho esperar; también ha debilitado a su Gobierno, que se expone a que el nuevo presidente bloquee muchas de sus medidas.

Ponta, de 42 años, quien en 2012 se convirtió en el primer ministro más joven de la historia del país y que aspiraba también a atribuirse ese récord como presidente, ha declarado ya que no dimitirá. Y quienes fueron rivales durante la campaña electoral deberán cohabitar al mando del país, teóricamente hasta 2016, cuando están previstas las próximas elecciones parlamentarias. Una convivencia que, si se encona el conflicto entre ambas fuerzas políticas, podría derivar en más inestabilidad para un país —el segundo más pobre de la UE, tras Bulgaria— que se enfrenta a una enorme reforma estructural del sistema judicial y financiero, y en el que la burocracia y los escándalos de corrupción (es el más corrupto de la UE y el 66º de 176 países según Transparencia Internacional) ya dificultan cualquier cambio.

Investigación por impedir el voto en el exterior

El fiscal general de Rumania, Tiberiu Nitu, ha abierto una investigación penal por lo ocurrido con el voto en el extranjero en las elecciones presidenciales de este mes. En la primera vuelta (2 de noviembre) y en la segunda, el pasado domingo, miles de emigrantes rumanos se quedaron sin votar por dificultades logísticas que provocaron larguísimas colas ante embajadas y consulados. Nitu explicó ayer a los medios de comunicación que su departamento ha recibido numerosas denuncias que relatan graves problemas en centros en Reino Unido, Francia, Italia o España, en los que muchos ciudadanos, a pesar de haber esperado durante horas, tuvieron que irse sin depositar su papeleta porque el horario electoral había expirado. La ley rumana, incidió el fiscal general, establece que quien impida ejercer su derecho al voto puede enfrentarse a una pena de hasta tres años de prisión.

El escándalo del voto de la diáspora puede tener no sólo consecuencias políticas para el Gobierno de Victor Ponta, candidato en esos comicios y actual primer ministro, que ya ha recibido un toque de atención de la Unión Europea; también podría tener consecuencias judiciales. Sobre todo, para los titulares de Asuntos Exteriores, pero también para los responsables de la organización de los comicios en los centros del exterior.

El domingo, las autoridades habilitaron 294 colegios electorales fuera del país —embajadas, consulados, centros culturales—. El número es “raquítico”, dice Mircea Voicu, de Romania Lombardia, asociación de rumanos en Italia, si se tiene en cuenta que hay unos tres millones de rumanos en el extranjero con derecho al voto (algo más de 800.000 en España). Votaron casi 400.000, y cerca del 89% apostó por el oponente de Ponta, Klaus Iohannis. Por eso, los partidos de la oposición y las asociaciones de rumanos en el extranjero hablan más bien de un “bloqueo” de Ponta que de problemas logísticos.

Esta crítica, aunque velada, también la dejó caer ayer la presidenta del Tribunal Supremo, Livia Stanciu. “El Gobierno pudo haber dado una orden de emergencia para establecer más centros electorales”, dijo. No lo hizo. Aunque el titular de Exteriores aconsejó a quienes esperaban en la Embajada en París que fueran a Nancy (a 350 kilómetros), donde la afluencia era menor.

Pero tras el fiasco electoral y las circunstancias en las que se ha producido, de una manera absolutamente imprevista y rodeado de un enorme escándalo por las dificultades para votar de los rumanos en el exterior, muchos analistas sostienen que el Gobierno no aguantará tanto. Y esa es también la intención de Iohannis. El conservador declaró el martes que el Partido Nacional Liberal (PNL) aspira a tomar el mando antes. “Eso ocurrirá en 2015 o, como muy tarde, en las elecciones parlamentarias de 2016”, declaró tras una reunión de su partido. De momento, matizó el hasta ahora alcalde de la próspera ciudad de Sibiu (Transilvania), hay otras prioridades, como la de poner en orden los presupuestos del país, que trata de sacar la cabeza después de años de duros ajustes y donde un 45% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Adriana Popa, estudiante de Economía en la Universidad de Bucarest, también cree que Ponta terminará cayendo por su propio peso. “Ya no está legitimado para gobernar”, dice. Cobijada de la lluvia bajo los soportales de la facultad apura un cigarrillo y explica sin tapujos que votó por Iohannis. Una revelación, la del color del voto, muy poco habitual en un país en el que la sombra de la dictadura de Nicolae Ceaucescu (ejecutado en 1989) y de sus espías de la Securitate todavía planea sobre ese tipo de asuntos. Popa, además, fue una de las miles de personas —en gran parte jóvenes, como ella, que tiene 22 años— que salieron a la calle el domingo para protestar contra el Gobierno de Ponta por lo ocurrido con los rumanos de la diáspora que se quedaron sin votar en Francia, España, Reino Unido, Italia o Alemania debido a la escasez de centros habilitados para ello.

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La gestión del voto exterior, dice Costin Ciobanu, analista político del laboratorio de ideas Smart Politics, ha provocado un enorme deterioro en la imagen de Ponta. Y ya se ha cobrado las primeras piezas de su Gobierno. El martes, el ministro de Exteriores, Teodor Melescanu, dimitió por lo ocurrido. Llevaba menos de diez días en el cargo; tras la primera ronda electoral, su antecesor tuvo que dejar su cargo por el mismo motivo. “Ponta empieza a tener mucha contestación en el seno de su partido, donde está en riesgo incluso que siga siendo su presidente. Y tendrá cada vez más oposición en el Parlamento”, dice Ciobanu.

Todo un revés político para el antiguo fiscal, amante de las carreras de coches, que se ha retirado unos días de las comparecencias públicas, explicó, para preparar con ahínco los presupuestos generales. En un momento en el que su cota de popularidad no deja de caer, Ponta trata de alejarse también de los continuos escándalos de corrupción que en los últimos meses han implicado a destacados miembros de su partido (incluidos varios exministros) y a su suegro. Quien hasta el domingo no sólo se había puesto de perfil frente a los casos de corrupción —como el del condenado ex primer ministro Adrian Nastase, su mentor—, sino que había puesto trabas legislativas a la Fiscalía especializada, ha cambiado su discurso tras los comicios. El martes se unió al presidente electo, Iohannis, e instó al Parlamento a rechazar una ley que permitía amnistiar ciertos casos de corrupción. Anteayer, fue rechazada de forma casi unánime.

Sobre la firma

María R. Sahuquillo

Corresponsal en Moscú, desde donde cubre Rusia, Ucrania, Bielorrusia y el resto del espacio post-soviético. Antes, fue enviada especial para grandes coberturas y se ocupó de los países de Europa Central y Oriental. Ha desarrollado casi toda su carrera en EL PAÍS y además de temas internacionales está especializada en asuntos de igualdad y sanidad.

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