El superministro de Costa Rica y obispo luterano tiene la ley de su parte

El principal ministro del Gobierno de Luis Guillermo Solís, Melvin Jiménez Marín, ya puede seguir presentándose sin problemas como obispo luterano en la católica Costa Rica. Podría, si quisiera, volver a lucir el alzacuellos obispal. La imagen suya con mitra y báculo no representa ya una contradicción con la Constitución del único país confesional del continente americano. Al menos así lo han determinado los magistrados del más alto tribunal costarricense seis meses después de que un abogado vinculado a la Iglesia católica local impugnara el nombramiento por el supuesto incumplimiento de un artículo que prohíbe a todo clérigo ser ministro del Gobierno.

La Sala Constitucional ha fallado en favor de Jiménez Marín, presbítero de la Iglesia luterana local que él mismo fundó, quien en mayo asumió el cargo de Ministro de la Presidencia, con funciones de portavoz, coordinador y enlace del Gobierno con otros poderes, además de jerarca superior de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). En una votación dividida y polémica, los altos jueces han quitado un peso de la espalda a Luis Guillermo Solís, al determinar que su hombre de confianza puede seguir en las tareas de Estado. Decidieron que solo los presbíteros católicos sem considerados como “clero” y, por tanto, solo ellos contravendrían el artículo 142 de la Constitución, la misma que establece como religión oficial del Estado al influyente catolicismo, profesado por cerca del 65% de la población.

Con chaqueta y corbata, sin una sola señal de su condición de obispo de la pequeña Iglesia protestante radicada en un barrio populoso del centro de San José, Jiménez salió esta semana a celebrar el fallo constitucional. Dijo que siempre estuvo seguro de la legalidad de nombramiento y remató con una frase que no cae bien entre quienes abogan por una separación entre Estado y religión: “soy un servidor de Dios”. Atrás quedaron meses de cuestionamientos y enrevesados argumentos legales e históricos, interpretaciones desde la fe y hasta lecturas semánticas de la palabra “clero”. El principal ministro del Gobierno que logró romper con el bipartidismo puede dedicarse de lleno a sus funciones, aunque fácil no lo tiene y críticas no le faltan por su inexperiencia política.

La prohibición debe interpretarse en su mínimo alcance, al ser una restricción al derecho de participar en asuntos públicos

Sin artes oratorias ni encantos mediáticos, y nuevo en la política partidaria, a pesar de un fuerte activismo de izquierda desde su Iglesia y en el ambiente de la cooperación internacional religiosa, Jiménez está a cargo del proceso de diálogos sociales por los que apuesta Luis Guillermo Solís para sobreponerse a la fragmentación política, al sectarismo de grupos económicos y sociales, y a la carencia de una mayoría parlamentaria. Ser religioso no debería ser un obstáculo, salvo porque el país mantiene un debate para sacar del escritorio de los políticos las doctrinas de fe, sean estas del tradicional catolicismo o de la pequeña Iglesia que dirigía Jiménez, de solo 1.500 miembros en el país, según su página web

En su defensa, el Gobierno alegó que el espíritu de los constitucionalistas (1949) era limitar al clero católico y que solo a este reconoce la Constitución porque solo el catolicismo tiene rango oficial. También Jiménez aseguraba haber tramitado una dispensa de funciones presbiteriales. A ellos se sumó una posición de su Iglesia: los luteranos no poseen un “clero” pues cada feligrés es un sacerdote en sí mismo. Y agregaron que un presbítero no hace votos de obediencia a un papa, con lo cual no cabe la expresión “servir a dos amos”, como lo señaló un criterio no vinculante de la Procuraduría General de la República, entidad que funciona como abogado defensor del Estado.

La mayoría del tribunal ha respaldado el argumento de que la prohibición constitucional debe interpretarse en su mínimo alcance, por tratarse de una restricción al derecho de participar en asuntos públicos. Es decir, solo se aplica para los católicos, decisión que molestó a la jerarquía de esta Iglesia. “Es discriminatorio”, reaccionó José Francisco Ulloa, obispo de Cartago (provincia al este del Valle Central de fuerte arraigo católico), aunque no está planteada ahora la posibilidad de que algún otro presbítero ocupe otro cargo de ministro en el gobierno de Solís, a pesar de su estilo proclive a tratar de agradar a todos los sectores.

La palabra “discriminatorio” es de difícil digestión para un sector que señala a la Iglesia católica como la depositaria de privilegios de Estado. Las escuelas públicas siguen enseñando esta religión de manera mayoritaria y el Presupuesto de la República sigue dedicando partidas para la Iglesia. Tampoco es rara la aprobación de donaciones de terrenos para parroquias en la Asamblea Legislativa, a pesar del crecimiento de la representación de diputados cristianos protestantes (4 de 57 legisladores, el 7%).

En el centro de la polémica sigue Melvin Jiménez, ese teólogo y sociólogo que dio clases de ética a Luis Guillermo Solís (católico) en la secundaria de un colegio metodista, sin sospechar que dos décadas después se juntarían en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, en 2007. Después también en una campaña electoral imprevisible que derivó en un mazazo al bipartidismo y que pretende hacerlo también contra el “neoliberalismo”, como reza una carta de la dirección de iglesia luterana publicada en abril, el día que Solís confirmó que su jefe de la campaña política, el obispo luterano, sería su ministro de la Presidencia.

Ahora las preguntas vigentes apuntan a la gestión política de Jiménez, con más dudas que certezas en grupos opositores, que en voz baja se preguntan por qué Solís ha confiado en él la dirección del Gobierno, más allá de las loas por “conciliador” y “trabajador” que el mandatario dedica a su ministro. La discusión sobre asuntos religiosos continúa mientras se debatan asuntos como la fertilización in Vitro (FIV), el régimen legal de las Iglesias, la posibilidad de un Estado laico o los derechos de la población homosexual, de los cuales Jiménez ha sido un abanderado desde que ejercía como presbítero.