Los peregrinos de la justicia en China

Wang Yunchan lleva en Pekín casi ocho años. Pateándose las calles de instancia oficial en instancia oficial, espera que alguien con un mínimo de poder escuche su caso e intervenga para que él pueda recibir una indemnización. Originario de la provincia de Gansu, en el noroeste de China, pasó tres años en una cárcel negra, un centro ilegal de detención, por un asesinato en 2003 que asegura que no cometió.

Asegura que aunque no había pruebas que le implicaran en el crimen, las prisas por encontrar un culpable hicieron que acabara entre rejas. Sufrió, cuenta, vejaciones, malos tratos y torturas para obligarle a confesar. En un momento de desesperación se tragó parte de un dedo para evitar que utilizaran su huella dactilar como firma. Tras cuatro procesos judiciales y 998 días en una celda de aislamiento, quedó en libertad en 2006. Ese año, la policía “encontró al verdadero asesino, pero no lo han detenido porque no quieren admitir el error. Saben que un fallo de este calibre les traería consecuencias”, denuncia.

Wang es un peticionario. Su vida está dedicada a reclamar justicia. Su historia es similar a la de decenas de miles que como él se congregan ante las instituciones oficiales de toda China, principalmente en Pekín. Muchos denuncian la confiscación indebida de tierras, la demolición de sus hogares o, como Wang, malas prácticas de las autoridades locales, causadas por la corrupción o el deseo de cumplir a toda costa los objetivos de gestión que les vienen impuestos desde arriba.

Algunos tendrán razón, otros no. Pero eso es lo de menos. Inseparables de sus mochilas llenas de cartas, de documentos, de certificados y fotografías, su mera presencia habla de los numerosos casos de abuso de las autoridades y la justicia que se perpetran de modo rutinario en todo el país.

A diario ante el Buró de Cartas

M. V., Pekín

El marido de Shi Shengxia murió en extrañas circunstancias en la mina de oro bajo control municipal donde trabajaba en la localidad de Baiyin, en la provincia de Gansu, en 2005. Apenas le dejaron ver su cuerpo 20 segundos, pero a simple vista no apreció ninguna herida. El alcalde le ofreció 75.000 yuanes (unos 9.500 euros) por callar y ella los aceptó porque tenía cinco hijos a su cargo.

En 2011, Shi sufrió un accidente laboral mientras manipulaba maquinaria que le dejó la mano derecha inutilizada. Su empresa, también municipal, no le reconoció la invalidez ni le ofreció un subsidio. Decidió buscar justicia y, tras no recibir más que amenazas de las autoridades locales, viajó a Pekín para buscar el apoyo de instancias más altas como peticionaria. Lleva dos años con esta misión.

“Admitieron mi queja, pero la remitieron al Gobierno municipal y éste se desentendió”, asegura Shi cerca de una de las estaciones de ferrocarril de Pekín, donde duerme. Dice entregar prácticamente a diario denuncias de su caso ante el Buró de Cartas y Visitas. Su objetivo es que las autoridades de su localidad “se enfrenten a un juicio y vayan a prisión”. La mujer confía en que el presidente Xi Jinping y el líder de la comisión anticorrupción del Partido Comunista Chino (PCCh), Wang Qishan, a los que considera “limpios”, lideren un cambio en la justicia china. “Aún creo en el sistema y en el partido. También en la regeneración. Hay que empezar a tomar medidas. Ahora o nunca”.

Son parte de las razones por las que el régimen chino ha decidido reformar —queda por ver con qué éxito y con cuánta profundidad— el sistema judicial. El Partido Comunista Chino (PCCh) pretende centralizar el control sobre los tribunales, reforzarlos y aumentar su eficacia y su transparencia. Los peticionarios son testimonio vivo del malestar social producido por los abusos de poder y la ineficacia de las vías oficiales para resolverlos.

“En cierto sentido, las peticiones se han convertido en la última instancia de apelación para resolver disputas y conflictos y en un problema difícil de resolver que molesta a la Administración”, señala el catedrático de Derecho Xu Xin, fundador de la plataforma de asesoría legal Da’an Gongyi (Soluciones para el Bien Público).

Dado que resultan “molestos”, no es extraño que matones enviados por sus autoridades locales les golpeen, o les devuelvan a la fuerza a sus lugares de origen. Otros peticionarios acaban en cárceles negras. En fechas sensibles o significativas para el Gobierno, como ahora ante la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) de la semana próxima, son frecuentes las redadas contra ellos, para que las calles aparezcan libres de “indeseables”.

Y una vez en una cárcel negra, su situación se convierte en un círculo vicioso. Un informe de la ONG China Human Rights Defenders (CHRD), publicado la semana pasada sobre los frecuentes malos tratos en ellas, especialmente a las mujeres, denuncia que “los tribunales raramente aceptan querellas que las víctimas quieran presentar o asumen un caso de detención y abuso en una cárcel negra. Muchas víctimas persisten en llevar el caso contra las autoridades mediante el proceso de peticiones, aunque encaran aún más abusos, incluidas nuevas detenciones en cárceles negras”.

La figura del peticionario se remonta a milenios. Durante la época imperial, era una costumbre aceptada que aquellos que sentían que sus agravios no se resolvían satisfactoriamente en sus localidades de origen intentaran presentar sus demandas ante los gobernadores provinciales o incluso ante el propio emperador en Pekín.

Las autoridades los desalojan de la calle o encarcelan ante las grandes citas

La práctica ha continuado hasta la actualidad, tan regularizada que incluso existe un organismo específico, el Buró de Cartas y Visitas, destinado a tramitar los casos de los peticionarios. Pero el buró está colapsado —las cifras oficiales hablan de tres a cuatro millones de casos recibidos al año— y el número de quejas que resuelve es ínfimo. Los intentos de reformas han sido constantes, hasta el momento sin gran éxito aparente.

El año pasado se introdujo un sistema para plantear los agravios por Internet, pero sus críticos alegan que obliga a incluir una serie de datos personales que hacen vulnerables a las familias de los demandantes. Reglamentos como los del pasado abril, que intentan conseguir que los peticionarios presenten las demandas en sus provincias, están condenados al fracaso: los sujetos de las quejas son precisamente las autoridades locales.

Pese a los esfuerzos por retirarlos de la vista, o por reformar el sistema, es improbable que la figura de los peticionarios desaparezca. Simplemente hay demasiados conflictos e injusticias sociales y no existe un sistema adecuado para resolver disputas. A juicio del catedrático Xu, hacen falta “políticas sociales justas, un sistema abierto y libre para expresarse y para apelar, diversos canales para recurrir, una política del partido que le conceda unos poderes más limitados y, sobre todo, una administración judicial independiente e imparcial”. A largo plazo, considera, la única solución es “la independencia judicial”.