La OEA aprueba un magro presupuesto de transición

El próximo -o próxima- secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) tendrá que seguir ajustándose el cinturón. El organismo hemisférico aprobó este miércoles su presupuesto para 2015 y 2016, tiempo para el cual dispondrá de de 84,32 millones de dólares anuales.

Es la primera vez que la OEA aprueba un presupuesto para dos años, conforme a lo decidido en 2014 en la Asamblea General de Guatemala. Pero los cambios no se trasladan necesariamente a las cifras, que siguen siendo muy similares -el presupuesto para este 2014 fue de 82,9 millones- y por tanto demostrativas de que pese al aumento del coste de la vida, la OEA sigue buscando cómo ahorrar.

Todo ello en aras de mostrar en los hechos la voluntad de implementar una “cultura y práctica de austeridad, eficiencia, rendición de cuentas, transparencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de recursos de la organización”, según se declaró al cerrar el presupuesto.

Éste es, como dijo el secretario general saliente, José Miguel Insulza, un presupuesto de “transición” tanto administrativa como políticamente.

Administrativa porque la OEA se encuentra en plena implementación del proyecto de “visión estratégica” que busca hacer de ella un organismo con una “mejorada” gestión administrativa, presupuestaria y financiera que pasa, entre otros, por limitar el número de mandatos.

Y política porque la persona responsable de implementarlo no será ya Insulza, sino su sucesor -o sucesora- que debe ser elegido a comienzos del año próximo.

Tras la retirada de la candidatura del peruano Diego García-Sayán, por el momento sólo siguen en liza dos candidatos a ocupar la jefatura de la OEA, el canciller uruguayo, Luis Almagro, y el exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, aunque en círculos del organismo no se descarta que todavía se pueda presentar algún aspirante más.

El ajuste presupuestario afecta también al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyo presupuesto también se mantiene prácticamente invariable: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibirá 5,4 millones de dólares (el año pasado fueron 5,3 millones) y la Corte Interamericana 2,6 millones, la misma cifra que en 2014.

Excluida de esta partida queda la financiación de uno de los órganos que más irritan a algunos países de la región, la Relatoría Para la Libertad de Expresión, que se gestiona de forma autónoma. Algo que el embajador de Ecuador -uno de los más críticos con esta oficina- ante la OEA, Marco Vinicio Albuja, volvió a denunciar de forma indirecta este miércoles.

“Debemos insistir en que todo el sistema interamericano de Derechos Humanos debe ser financiado únicamente por el fondo regular de la OEA, para evitar que los intereses de quienes financian actividades específicas orienten las acciones de los órganos del sistema”, reclamó el embajador ecuatoriano, cuyo Gobierno volvió a boicotear esta semana -y ya van tres veces- las audiencias de la CIDH al no enviar a ningún representante a las dos audiencias sobre el país agendadas el pasado lunes.

Aunque Quito no explicó a la CIDH su decisión, el presidente Rafael Correa criticó durante esa jornada a través de su cuenta de Twitter que su país tiene “más denuncias en la CIDH que (el dictador chileno Augusto) Pinochet”, pese a que Ecuador en esta ocasión sólo estaba llamado a acudir a dos audiencias, frente a las cinco de México o cuatro de Estados Unidos o Venezuela.