República Dominicana, culpable de discriminar a haitianos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que Santo Domingo hizo deportaciones ilegales de familias de Haití
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha declarado culpable a República Dominicana por privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y por expulsiones sumarias de 26 haitianos y dominicanos de origen haitiano indocumentados en 1999 y 2000.
En un fallo difundido el miércoles en San José, Costa Rica, sede de la Corte, el máximo tribunal continental de derechos humanos también determinó que una resolución constitucional dominicana emitida en 2013 y que privó a unas 200.000 personas de su ciudadanía viola el “derecho a la nacionalidad”.
“Dar un trato de extranjeros a aquellas personas nacidas en territorio dominicano cuyos padres sean extranjeros en situación migratoria irregular” es una “discriminación” que vulnera “el derecho de igualdad ante la ley” fijado en los instrumentos americanos de Derechos Humanos, subraya el documento de la Corte.
La Corte “determinó la existencia, al menos durante un período cercano a una década a partir de 1990, de un patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria”.
Los hechos de 1999 y 2000 se registraron “sin las debidas garantías y sin acceso a un recurso efectivo para garantizar” los derechos de las víctimas, puntualizó. El Estado dominicano es “responsable internacionalmente” por violar derechos de las familias con prácticas discriminatorias, expulsiones masivas y políticas de desnacionalización, entre otros, recalcó.
Asimismo, fueron vulnerados los derechos de 15 “víctimas niñas y niños”, ya que el Estado “no tuvo en cuenta su interés superior” y es responsable de la violación de esos derechos en perjuicio de cuatro menores nacidos en territorio dominicano, pero que “no habían sido registrados ni contaban con documentación que acreditara su identidad y nacionalidad”.
“La sentencia es un avance muy importante en la protección de los derechos” de esas familias, “pero también para miles de personas” en Dominicana, dijo el abogado mexicano Francisco Quintana, director para América del Norte, el Caribe y la Región Andina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entidad americana no estatal de defensa de los derechos humanos.
El Estado dominicano fue condenado a adoptar actos “de reparación”, como que “en un plazo razonable, tome todas las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma, práctica o decisión que prive de manera arbitraria a una persona del goce del derecho a la nacionalidad si nació en la República Dominicana y no tenía acceso efectivo e inmediato a alguna otra”.
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