El mayor escándalo de corrupción en Turquía acaba sin juicio

Le costó al puesto a cuatro ministros, conllevó una serie de purgas en las que miles de policías, jueces y fiscales fueron apartados de sus puestos, y llegó a salpicar al propio Recep Tayyip Erdogan, hoy presidente de Turquía y entonces primer ministro, pero el mayor caso de presunta corrupción en este país se ha acabado sin que nadie vaya a ser juzgado.

El fiscal de la unidad antiterrorista y de crimen organizado de la Fiscalía en Estambul decidió ayer no proceder contra los 53 sospechosos porque no se ha descubierto ninguna prueba que los implique criminalmente, según anunció la Oficina del Fiscal del Estado.

La decisión llega exactamente dos años después de que saltara el escándalo el 17 de diciembre de 2013. Ese día, decenas de personas, incluidos los hijos de tres ministros y banqueros y empresarios cercanos al gobernante Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco), fueron detenidos en una serie de redadas policiales como sospechosos en diferentes casos de presuntos cobros de sobornos y de corrupción urbanística.

Los tres ministros implicados, de Interior, de Economía y de Planificación Urbanística, dimitieron a los pocos días, el titular de Asuntos de la Unión Europea fue también forzado a abandonar su cargo y finalmente Erdogan acabó relevando a otros 10 miembros de su Gabinete.

Desde el primer momento, el entonces primer ministro y su círculo culparon de haber orquestado el escándalo a los seguidores del clérigo islámico turco Fetulá Gulen, antiguo aliado del AKP convertido en rival de Erdogan en los últimos años. El movimiento de Gulen, que desde 1999 vive en Estados Unidos, cuenta con millones de personas y sus miembros habrían supuestamente infiltrado las fuerzas de seguridad y la Judicatura turcas.

El Gobierno respondió al escándalo iniciando una serie de purgas que, durante meses, acabaron con miles de policías y cientos de jueces y fiscales siendo relevados de sus puestos, incluidos los que estaban al cargo de la investigación sobre la presunta corrupción.

Mientras Turquía se dirigía a unas elecciones locales a finales de marzo que se presentaban casi como un plebiscito sobre la figura de Erdogan, empezaron a aparecer en la página web YouTube grabaciones de conversaciones telefónicas que supuestamente probarían la corrupción en el Ejecutivo y en las que incluso aparecía Erdogan.

La autenticidad de las grabaciones no se pudo demostrar y, antes de los comicios, el Gobierno aprovechó para aprobar una serie de normas que le daban más control sobre la Judicatura y que le permitían bloquear páginas web sin permiso judicial previo. A finales de marzo, poco antes de las elecciones locales, las autoridades turcas bloquearon el acceso a YouTube y también a la plataforma Twitter, que sus usuarios usaban para compartir enlaces e información sobre estas grabaciones. Finalmente, el AKP sería de nuevo el partido más votado en las locales.

Con la decisión de ayer de la Fiscalía llega a su fin una de los mayores retos a los que se han enfrentado Erdogan, su Gobierno y el AKP, en el poder en Turquía desde 2002. Aunque alabados durante en un principio por desarrollar la economía turca y aumentar ciertas libertades, en los últimos años este partido y sobre todo Erdogan han sido criticados por querer imponer su vision conservadora e islamista a todo el país, lo que está polarizando a la sociedad turca.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos también han denunciado a Turquía por haber introducido limitaciones a las libertades de expresión y de prensa. Y en su último informe sobre los países candidatos a ser miembros de la Unión Europea, publicado este mes, la Comisión criticó la falta de independencia judicial en este país.