Caracas no controla a sus cachorros

A las cinco de la mañana del martes la policía científica venezolana bloqueó una de las calles céntricas de Caracas para registrar la sede del colectivo Escudo de la Revolución. El colectivo es una organización social de vieja data en el sector 23 de enero de la capital de Venezuela, pero en los últimos años se han creado réplicas en todo el país, y sus integrantes son depositarios de una fama incómoda. Muchos son solo promotores de actividades culturales y deportivas, pero otros han mutado en bandas armadas que han sustituido al Estado en labores de orden público y seguridad. La pregunta que se hace la opinión pública es si el monstruo que alimentó el Gobierno como modo de control social se le escapa de las manos.

Esa certeza ha resurgido tras el operativo policial del martes, que duró ocho horas y tuvo dos fases muy diferentes: durante la primera falleció Carmelo González, el líder de Escudo de la Revolución, quien a esa hora dormía junto a su mujer. Más tarde, a media mañana, al enterarse de lo que había ocurrido, José Odremán, líder del colectivo 5 de marzo, se presentó en el lugar y declaró dos veces a la prensa: en la primera comparecencia mostró a una televisión local cómo la policía habría alterado las evidencias tras matar a su camarada González. En la segunda responsabilizó al ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, de lo que pudiera ocurrirle y prometió que al día siguiente convocaría una manifestación de todos los colectivos en rechazo a la actuación policial. No tuvo tiempo de organizarla. Dos horas después la versión policial indica que Odremán secuestró a tres agentes que apoyaban las operaciones y falleció durante su rescate. Sus familiares, en cambio, afirman que fue asesinado con 20 balazos de armas largas y cortas. Otros tres miembros de las organizaciones chavistas también fallecieron.

Los periodistas que cubrieron el enfrentamiento —que duró ocho horas— pensaban que el registro de la sede del colectivo tenía que ver con las pesquisas por el asesinato el 1 de octubre de Robert Serra, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, y su asistente María Herrera. Con el paso de las horas el director de la policía científica, José Gregorio Sierralta, desmintió esa versión y dijo que se trataba de un operativo relacionado con otro caso. En realidad, agregó Sierralta, la policía había desarticulado una banda de hampones comandada por Odremán, a quien acusaban de homicida y ladrón de vehículos.

No son las primeras muertes de líderes de estos grupos. El 12 de febrero pasado, al finalizar una manifestación opositora en el centro de Caracas, asesinaron a Juan Montoya, líder del Secretariado Revolucionario de Venezuela. Aunque el Gobierno trató de responsabilizar a la oposición de la muerte, las investigaciones señalan a uno de sus lugartenientes, Hermes Barrera.

Que se calificara a Odremán como un delincuente fue una sorpresa para propios y extraños. En su cuenta de Twitter colgaba fotografías que probaban su cercanía con el Gobierno: hay imágenes con la primera dama Cilia Flores, con el malogrado parlamentario Serra, con el comandante Hugo Chávez y con el exvicepresidente José Vicente Rangel. Odremán declaraba a la prensa desde el búnker de la antigua sede de la comandancia de la Policía Metropolitana de Caracas, que funciona como un centro de operaciones de más de 100 colectivos, de acuerdo con un reportaje publicado por el diario El Nacional. En estos tiempos de crónica escasez de toda clase de bienes y servicios en Caracas, esta pieza cuenta cómo los colectivos evitan que los vecinos se líen a golpes cuando llegan los alimentos a los supermercados, pero también revela cómo atracan en masa a los vecinos y extorsionan a los comerciantes.

El enfrentamiento entre la policía científica y los grupos armados del chavismo reabre el debate sobre la evidente pérdida de la hegemonía de la violencia por parte del Estado. En esa discusión sobresale una pregunta: ¿no es pertinente hablar de la actuación a cara descubierta de bandas paramilitares en Venezuela? La abogada Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, cree que sí: “Cabe usar esa definición, considerando la fórmula, la actuación, el control territorial, la capacidad de ejecutar acciones sostenidas y concertadas y de tener mandos y líderes identificables. El Estado perdió control sobre esos grupos”, dijo. El Gobierno no hace el mismo diagnóstico. Cree que la base organizada que le apoya es víctima de una campaña de la prensa opositora.