Amnistía documenta el acoso a los activistas civiles en Arabia Saudí

Amnistía Internacional (AI) denuncia en un informe que hace público hoy viernes los esfuerzos de Arabia Saudí para amordazar a la sociedad civil. A través del caso de la Asociación Saudí por los Derechos Civiles y Políticos (ACPRA), la organización internacional ha documentado el acoso sistemático a activistas de derechos humanos pacíficos, que son detenidos como si fueran criminales, sometidos a juicios sin garantías y, a menudo, maltratados en prisión. Muestra especial preocupación por el uso de las nuevas leyes antiterroristas que equiparan cualquier crítica a un crimen contra el Estado.

“Las autoridades de Arabia Saudí han intentado borrar cualquier huella de ACPRA, de la misma forma que han intentado erradicar todas las voces críticas que piden [una] reforma pacífica”, declara Said Boumedouha, vicedirector para Oriente Próximo de AI, en la presentación ACPRA de Arabia Saudí: Cómo el Reino silencia a sus activistas de derechos humanos.

Desde su fundación en 2009, ACPRA ha sido una de las pocas voces que ha osado hablar sobre las violaciones de derechos humanos en el Reino del Desierto. En consecuencia, sus miembros han sido encausados con acusaciones tan vagas como “romper con la lealtad y desobedecer al gobernante” o “incitar a la opinión pública contra las autoridades”.

Dos de los 11 miembros del grupo están detenidos sin juicio, tres esperan una repetición del mismo, otros tres cumplen condenas de hasta 15 años, y tres más están libres a la espera del resultado de sus causas. En todos los casos se ha tratado de procesos injustos, según denuncia AI, que considera presos de conciencia a los ocho encarcelados. Al menos a uno de ellos se le negó representación legal durante la causa.

Saleh al Ashwan estuvo dos meses recluido en régimen de incomunicación y fue interrogado en ausencia de un abogado. Además, según AI, fue torturado y golpeado, obligado a desnudarse y colgado del techo por las extremidades en una sala de interrogatorio. Suliaman al Rashudi, que entonces tenía 76 años, estuvo dos meses detenido en régimen de incomunicación y de aislamiento antes de ser autorizado a tener contacto con su familia. Varios se han declarado en huelga de hambre para protestar por el maltrato y las penosas condiciones de reclusión.

Sin reconocimiento de las libertades de expresión y de asociación, los activistas de derechos humanos están atrapados en un círculo vicioso legal en el que les detienen por no disponer de la necesaria licencia, pero tampoco pueden obtenerla. Amnistía reconoce que ACPRA no es la única organización objetivo de las autoridades saudíes, pero sostiene que sus miembros han sido quienes han recibido un tratamiento más duro.

El motivo, en su opinión, es que el grupo “presentaba un desafío mayor a la interpretación de las autoridades sobre los derechos humanos en el islam y su defensa de la particularidad cultural porque buscaba enraizar su discurso en la ley y la jurisprudencia islámicas”. De hecho, entre sus fundadores hay un antiguo juez, abogados en ejercicio y profesores de jurisprudencia, con fuertes credenciales islámicas.

“Las sentencias de todos los activistas de ACPRA deben anularse, y ellos quedar en libertad de inmediato y de forma incondicional”, pide Boumedouha antes de hacer un llamamiento a los aliados de Arabia Saudí para que le exijan que respete los derechos de sus ciudadanos.

En cualquier caso, el informe señala que el esfuerzo de los responsables saudíes por silenciar a los miembros de ACPRA, cuyo maltrato documenta individualmente, es parte de “una campaña más amplia contra el activismo independiente y la libertad de expresión desde 2011”.

Desde la primavera árabe, prácticamente todos los activistas de derechos humanos del país están encarcelados como resultado de las implacables medidas tomadas contra la crítica, la disidencia y el ejercicio de la libertad de expresión. De hecho, en este tiempo, las autoridades han interrogado o detenido a numerosos blogueros y activistas online por comentarios que han hecho o que han publicado en sus páginas web.

“El Gobierno ha respondido a las protestas pacíficas a favor de reformas y de mayores derechos políticos, o en nombre de las víctimas de violaciones de derechos, utilizando la fuerza para aplastarlas, en particular en la Provincia Oriental donde se concentra la minoría musulmana chií del país”, asegura el texto.

Esa represión que hasta ahora quedaba al albur de los servicios secretos se ha oficializado con la nueva legislación antiterrorista implementada este año y que equipara la crítica pacífica, e incluso el ateísmo, a los actos terroristas. Lo que es más grave esas leyes tienen carácter retroactivo.