Los tories proponen que el tribunal de Estrasburgo no rija sobre Londres

El partido del primer ministro David Cameron ha ido un paso más allá en su desafío a las instituciones europeas. Si los conservadores -que gobiernan en coalición con los liberaldemócratas desde 2010- ganan las elecciones del próximo mes de mayo, Reino Unido dejará de someterse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que quedará relegado en el país a un mero “órgano consultivo”. Así se establece en un documento de ocho páginas publicado por el ministro de Justicia, Chris Grayling, que formará parte del programa electoral de los tories.

El documento, titulado “Protegiendo los derechos humanos en Reino Unido”, recoge los planes de los conservadores de “devolver la soberanía a Westminster”, otorgando al parlamento británico el derecho a vetar las resoluciones del tribunal de Estrasburgo.

“Lo que tenemos en la práctica es un cheque en blanco”, ha dicho el ministro, “en el que el tribunal puede llegar allá donde quiera. Instauraremos una disposición que diga que las resoluciones de Estrasburgo no tendrán efecto en Reino Unido sin el consentimiento del parlamento. En la práctica, lo que hacemos es convertir a Estrasburgo en un órgano consultivo”.

Si el parlamento británico no se asegura ese derecho de veto sobre las resoluciones del tribunal, el gobierno conservador estaría dispuesto a abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos. Tal abandono podría poner en peligro la permanencia de Reino Unido en el Consejo de Europa, órgano cuyos 47 miembros se extienden por todo el continente, incluyendo a Rusia, Ucrania y las repúblicas de la antigua Yugoslavia. La pertenencia de un país al Consejo de Europa es requisito para ser miembro de la Unión Europea.

“El derecho a abandonar la Convención está previsto en el propio tratado”, ha declarado Grayling en la radio pública. “Nosotros estaríamos dispuestos a ejercer ese derecho. Siempre existe una primera vez para todo”.

El documento de los conservadores establece la intención de que Londres siga siendo firmante de la Convención Europea de Derechos Humanos, el cuerpo legal en que se basa el tribunal de Estrasburgo. Pero amenaza con abandonarla en el caso de no llegar a un acuerdo en el Consejo de Europa. La propuesta es trasladar el texto legal a la legislación británica, de manera que los tribunales del país no estén obligados a tener en cuenta las resoluciones del tribual europeo. Esto supondría, según el documento, reemplazar el Human Rights Act por una nueva declaración de derechos humanos británica, cuyo borrador estará listo, aseguran, para antes de Navidad.

La sustitución de ese cuerpo legislativo, introducido por los laboristas en 1998 y que permite a los tribunales británicos resolver denuncias sobre incumplimientos de la Convención, ya fue avanzada por David Cameron en su discurso del pasado miércoles en el Congreso anual del Partido Conservador en Birmingham. Pero, acaso para no escenificar eventuales divisiones internas dentro de los propios tories, dejó que fuera su ministro de Justicia quien desvelara, una vez concluido el cónclave, el verdadero alcance de su desafío al sistema que ha regido la protección de los derechos humanos en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La oposición alerta de los riesgos de dinamitar la regulación de los derechos humanos en el continente precisamente en un momento en que Rusia y otros países cuestionan el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal de Estrasburgo.

Parte de la explicación detrás de la actitud de los tories hacia el la justicia europea puede buscarse en la peculiaridad del sistema constitucional británico. En la Europa continental los jueces actúan como garantes de Constituciones escritas, pero en el sistema de Westminster la soberanía del parlamento es total y los jueces no pueden cuestionar la legislación básica. Por otro lado, hay que acudir a ciertos episodios recientes, amplificados por campañas mediáticas de los tabloides, en los que Estrasburgo ha fallado en contra de los intereses del Gobierno británico. Es el caso de la negativa del tribunal a que el país deportara al clérigo islamista Abu Qatada, si no se obtenían garantías de que sería sometido a un juicio justo en Jordania (el tribunal británico de inmigración concluyó que no se daban esas garantías). O el hecho de que los jueces de Estrasburgo declararan contrario a la Convención Europea el sistema de sentencias a cadena perpetua en Inglaterra y Gales. Pero de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo no se desprende un trato especialmente negativo a Reino Unido. Otros países han visto a los jueces europeos tumbar medidas importantes para sus gobiernos, como es el caso de España, que vio cómo el tribunal tumbaba la conocida como doctrina Parot.

En realidad, pocos dudan que el principal motor de la ofensiva de los tories es de orden político. Se trata de la creencia de que una actitud beligerante hacia Europa y la defensa a ultranza de la soberanía británica no puede más que hacerles ganar votos. Así lo denuncian sus propios socios de Gobierno: “A los conservadores no les importan los derechos de los ciudadanos británicos”, ha dicho el liberal demócrata Simon Hughes. “Lo que les importa es que les gane el [partido antieuropeísta] UKIP”.