El lado infeliz de Costa Rica: su disfunción estatal

A la imagen de Costa Rica país feliz, ecológico, democrático y pacífico le faltan algunas características menos atractivas. Un aparato estatal atomizado de ineficiencias, despilfarro y corrupción impune es parte de la realidad de este país centroamericano, a juzgar por el diagnóstico del propio presidente de la República, Luis Guillermo Solís, después de cumplir sus primeros 100 días de haber llegado al poder con una promesa de cambio político que admite difícil de cumplir.

Debajo del desarrollo social avanzado para el contexto regional, de la seguridad ciudadana relativa y de una estabilidad política ejemplar, hay fango en su burocracia y esto no solo amenaza la institucionalidad del país, sino que atrasa su competitividad y, por tanto, el avance de una economía que crece a un promedio de 4% anual y, encima, reparte mal los beneficios por su estructura fiscal.

“En importantes sectores del Estado costarricense la postración es total. Existen múltiples instituciones que perdieron el rumbo completamente”, ha dicho en uno de los pasajes el informe sobre el “estado de la nación”, que muchos preveían crítico, pero no tanto. Después de llegar al poder con un triunfo electoral que los analistas explican más bien como la derrota de la política tradicional y un grito de auxilio, Solís acabó mostrando un panorama “acongojante” que para él es solo dura realidad y que gobernantes antecesores consideran es una exageración, aunque nadie se atrevería tampoco a calificar como eficientes, nítidas ni bien estructuradas a las instituciones estatales en este país. Un viceministro del gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) se quejaba en 2012 del atraso en la construcción de un acceso a un puesto fronterizo porque, según los desarrolladores, era necesario pedir permiso a autoridades ambientales en la capital para cortar una rama de un árbol a la orilla de la carretera. Prometía que escribiría un libro con anécdotas como estas.

“El problema de la corrupción y de la ineficiencia en las entidades del Estado puede ser mayor de lo que hasta ahora imaginaron los más pesimistas”, ha denunciado Solís consciente de estar haciendo una crítica a sus antecesores, pero también a buena parte de los funcionarios actuales, con quienes debe trabajar si pretende evitar el atasco de sus proyectos. Citó el presidente la existencia de puestos de jefatura sin un solo subordinado, de beneficios salariales excesivos para el círculo primario de exministros, de contrataciones con exclusividad, además de entidades que trabajaban sin presupuestos e instituciones que sí lo tenían, pero subejecutado. A ellos se suman la sabida existencia de duplicidades y fragmentaciones en el aparato estatal, de exceso de trámites, de lentitud y de abundantes poderes de veto. Tampoco es posible tener un dato certero de la cantidad de trabajadores públicos, aunque el Censo Nacional del 2011 calcula que son unos 295.000 (15% de la fuerza laboral formal), con regímenes variados que los hacen ser mejor remunerados que los trabajadores del sector privado, un caso único en América Latina, según expertos del Banco Mundial citados por la prensa local.

Con este andamiaje estatal, paradójicamente Solís pretende atraer más inversión extranjera, que ayude a elevar las exportaciones después del anuncio de Intel de cerrar su planta manufacturera en el país, un hecho que expertos han señalado como producto de la falta de competitividad del país, entre otros factores. Costa Rica aparece en el puesto 102 entre 189 países en la medición Doing Business, del Banco Mundial, para el año corriente, detrás de la burocrática economía china y la rusa, además de otros países de menor desarrollo. Además el Índice de Percepción de Corrupción del 2013, de Transparencia Internacional, coloca a Costa Rica en el puesto 49, como una nación de “corrupción media”, mejor que el resto de sus vecinos centroamericanos, con los que ninguna autoridad costarricense desea compararse. El país reconocido por su desarrollo social, con una pobreza estancada en el 20% de la población, ocupa el puesto 68 en el Índice de Desarrollo Humano, pues en años recientes ha tenido un progreso relativo menor que otros.

Estos factores inciden para el estancamiento costarricense en obras de infraestructura pública, sobre todo en materia de transportes, una de las mayores quejas de la población y de los inversionistas. Hasta los financistas internacionales y agendas de cooperación se dan por enteradas de las dificultades burocráticas para concretar los proyectos, como señaló en una entrevista el antiguo vicepresidente de la República Kevin Casas, secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Encargado también del Ministerio de Planificación en el gobierno de Óscar Arias, acabó tirando la toalla con numerosas proyectos y ahora insiste en la necesidad de reformas estructurales en el aparato público. “Costa Rica se está empezando a ver afuera como un país enredado en sus propios mecates, que desaprovecha su potencial y sus ventajas relativas”, dice haber percibido.

Un ejemplo de ello se conoció en junio, cuando el Banco Mundial retiró el financiamiento de un proyecto de 72 millones de dólares para desarrollo de infraestructura en la provincia de Limón, en la costa caribeña, por deficiencias en la ejecución en los últimos años, aunque no se ha mostrado en este caso visos de corrupción. Solís tampoco ha puntualizado en nombres de responsables de irregularidades del pasado reciente, pues ha dicho que no quiere hacer de este diagnóstico un circo político, pese a que en la oposición lo han llegado a calificar de “populista”.