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Los presos aceptan un acuerdo para terminar un sangriento motín en Brasil

Los reos habían decapitado a dos prisioneros, causado la muerte de otros dos y mantenían a dos guardias de rehenes

El techo del penal de Cascavel, al sur de Brasil, en otro motín en 2014. Ampliar foto
El techo del penal de Cascavel, al sur de Brasil, en otro motín en 2014.

Los presos amotinados desde el domingo en una penitenciaría del estado brasileño de Paraná (al sur de Brasil y fronterizo con Paraguay), en una rebelión en la que se registraron cuatro muertes, incluyendo las de dos internos decapitados, aceptaron este lunes un acuerdo para ponerle fin, informaron fuentes oficiales.

Los internos se comprometieron a rendirse y liberar a los dos guardias carcelarios que mantienen como rehenes tras el compromiso del gobierno del estado de Paraná de transferir a otras cárceles a cerca de 800 presos, según la asesoría de prensa de la secretaría regional de Justicia y Derechos Humanos.

Cerca de 200 presos ya habían sido trasladados entre el domingo y este lunes y otros 600 serán enviados a cárceles con mejores condiciones de infraestructura, según lo acordado por ambas partes.

En la Penitenciaría Estatal de Cascavel, escenario de una de las más violentas rebeliones de presos en los últimos años en este estado del sur de Brasil, tan solo permanecerán entre 150 y 300 presos.

Los internos aceptaron el acuerdo tras el acuerdo del Gobierno de trasladar a 800 reos a otras cárceles

Hasta el momento se ha confirmado la muerte de cuatro presos durante la rebelión en esta penitenciaría brasileña, dos de ellos decapitados, pero las cifras de fallecidos y heridos no serán oficiales hasta que las autoridades puedan acceder al edificio.

Según un juez de ejecuciones penales que participó en las negociaciones, el número de muertos puede ser muy superior al reportado hasta ahora.

Familiares de los reclusos están concentrados desde el domingo en las inmediaciones del edificio para obtener información sobre lo que está sucediendo en el interior de la prisión y cortaron en dos ocasiones una carretera de acceso a la prisión.

Según la secretaría de Justicia de Paraná, la rebelión fue protagonizada por cerca de 600 de los 1.040 presos que estaban en el centro carcelario, que reivindican mejores condiciones de infraestructura, alimentación e higiene, así como el fin de supuestos abusos y actos violentos por parte de la guardia carcelaria.

Las cifras de fallecidos y heridos no serán oficiales hasta que las autoridades puedan acceder al edificio

Los amotinados decapitaron a dos de los presos, entre los cuales un expolicía, y arrojaron a tres personas desde el tejado de uno de los pabellones de presidio, a una altura de 15 metros, dos de las cuales también murieron.

La rebelión comenzó hacia las 7.00 hora local (10.00 GMT) del domingo cuando uno de los guardias se disponía a servir el desayuno y fue tomado como rehén.

A pesar de que los presos ya había amenazado con una protesta contra la violencia de sus carceleros tan sólo diez guardias tomaban cuenta del presidio a la hora del incidente.

Los amotinados ocuparon el tejado del presidio, a donde llevaron a los rehenes y en donde le prendieron fuego a varios colchones.

Los amotinados expusieron en el tejado letreros con las siglas PCC, en referencia al Primer Comando de la Capital, la mayor organización criminal del estado de Sao Paulo y que es comandada desde las prisiones.

Con unos 548.000 presos, Brasil cuenta con la cuarta mayor población reclusa en el mundo (después de EE UU, Rusia y China), según el índice del Centro Internacional para los Estudios de Prisiones. La organización Conectas detalla que hay necesidad de 207.000 plazas más para prevenir hacinamiento.

En mayo, varios presos de una prisión de máxima seguridad en el noreste del país tomó como rehenes a cuatro guardas y a más de 100 visitantes. La liberación fue negociada horas después a cambio de la transferencia de 16 reos a otros penales.

A principios de año, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, hizo un llamamiento para investigar el alto número de muertes violentas en las prisiones brasileñas. A finales de 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió una solución para acabar con los problemas de sobrepoblación, malos tratos e insalubridad en Pedrinhas y en el presidio céntrico de Porto Alegre, en Rio Grande do Sul, donde 4.591 detenidos ocupan el espacio destinado a 1.984 personas.