Las agresiones contra mujeres periodistas crecieron más de un 20% en México
Entre 2012 y 2013 la Asociación Comunicación e Información de la Mujer registra 86 casos
Tan solo el año pasado, 47 mujeres periodistas sufrieron algún tipo de violencia relacionada con su profesión en México. Los datos representan un 20,5% más que en 2012 y suponen la cifra más alta desde que existen registros, un salto cuantitativo desde las dos agresiones documentadas en 2002. En lo que resultó un acto crítico con los Gobiernos mexicanos, la Asociación Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) dio a conocer este miércoles los resultados del segundo informe Impunidad. Violencia contra mujeres periodistas.
"El Estado mexicano está en deuda con la libertad de expresión y con las mujeres periodistas", aseguró Lucía Lagunes, directora de CIMAC. "No basta con que las periodistas dejen su entidad y lleguen a una ciudad donde tampoco se les protege", añadió.
Según el informe, el 56% de las periodistas violentadas en los últimos dos años eran reporteras y el 15,1% fotógrafas. Seis de cada 10 trabajaban en prensa escrita, dos en medios digitales y una en televisión. El 50% de ellas cubrían el área de política y en el 23% de los casos llevaban a cabo una investigación sobre corrupción. En el 64% de las denuncias se identifica al agresor como un funcionario público y ninguno de los casos llevados ante la autoridad en 2012 ha sido resuelto.
"Nuestra estructura política está diseñada desde una visión patriarcal que tolera la violencia contra las mujeres y contra las mujeres periodistas", afirmó Adriana Carmona López, abogada experta en género y consultora de CIMAC. "Es necesario poner en marcha medidas adecuadas, diferenciadas, que garanticen una vida libre de violencia. Esos mecanismos no existen. Por ejemplo, el [reciente] programa [nacional] para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres no incluye un capítulo para la libertad de expresión y en los casos de agresiones contra periodistas las autoridades tienden a invisibilizar su trabajo".
El Distrito Federal, con un 35%, concentra la mayor parte de las agresiones registradas en el período 2012-2013, si bien es cierto que en la capital del país -con un área metropolitana de 20 millones de habitantes- se concentran la mayoría de medios de comunicación. Veracruz, un estado considerado de los más peligoros para ejercer la práctica periodística y donde en febrero fue secuestrado y posteriormente asesinado Gregorio Jiménez, ocupa el segundo lugar, con el 17,4% de las agresiones. Le siguen Morelos (6%) y después Chiapas, Puebla y Oaxaca (5%).
El informe contiene el análisis jurídico de cuatro casos emblemáticos, entre los que figura el de la reportera Regina Martínez y el de la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho. Regina Martínez era corresponsal del semanario Proceso en Veracruz y fue hallada muerta en su casa, después de haber sido asfixiada, en abril de 2012. "Yo conocí a Martínez después de una conferencia. Ella se me acercó y me contó que estaba amenzada, que no sabía qué hacer y que sus compañeros ya le decían: 'hasta pareces Lydia Cacho", contó la propia reportera. "Yo les respondí: Qué importa lo que digan los otros si puedes salvar la vida: grita a los cuatro vientos, habla con tus editores, busca redes de apoyo..."
En marzo de 2005, Cacho reveló la existencia de una red de pederastia y pornografía infantil con la publicación de su libro Los demonios del Edén. La investigación periodística causó un gran impacto en la opinión pública mexicana porque se refería a la participación de diversos personajes de las esferas políticas y ecómicas. El 16 de diciembre de ese mismo año fue detenida y desde entonces ha sido víctima de múltiples agresiones, incluida la sexual durante su arresto.
A lo largo de los últimos 11 años CIMAC documenta 187 episodios de violencia contra mujeres periodistas. Pese a lo denunciable de los datos, se encuadran en la tendencia general que caracteriza al ejercicio de la profesión en México. Casi cada día, cada 26,5 horas exactamente, un periodista es agredido en alguna entidad del país. Durante 2013, la organización Artículo 19 registró 330 agresiones contra reporteros, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación. Su estudio, presentado en marzo, revelaba también que en el 59,3% de los casos el responsable de la acción violenta era un funcionario público. En total, 50 periodistas, hombres y mujeres, han muerto en el país desde 2007.
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