Trabajar para ser pobre

El debate sobre el salario mínimo se ha colado por las rendijas de la abultada agenda política y económica de México. Al imponente arsenal de reformas (fiscal, energética, bancaria, telecomunicaciones) lanzadas por el Gobierno priista a final del año pasado hay que añadir ahora una bala más. Los dos grandes partidos de la oposición, respaldados por recientes estudios de organismo internacionales, han colocado el foco en la política salarial de un país con 53 millones de pobres y una de las brechas por desigualdad de renta más grandes del mundo. El sueldo mínimo que ingresa un trabajador en las zonas urbanas de México, actualmente 67,29 pesos al día (cinco dólares), no llega ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas personales.

El primer golpe de raqueta lo dio el Gobierno del Distrito Federal en la simbólica fecha del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, defendió la necesidad de elevar el salario mínimo en México para compensar su brutal caída durante los últimos 30 años. “De 1976 a 2014 los salarios se han reducido en un 71% a nivel nacional y en un 77% en el DF”, señaló. Durante la década de los ochenta la mayoría de los países latinoamericanos emprendieron duros recortes en la política salarial para taponar la hemorragia de la inflación que por entonces maltrataba a sus economías. Pero mientras socios de la región como Argentina, Brasil, Uruguay o Ecuador han ido recuperando lentamente los salarios, México los ha mantenido congelados e incluso los ha rebajado en los últimos años.

La consecuencia de tanto adelgazamiento salarial es que México, la segunda economía de Latinoamérica, ha caído al último puesto en la clasificación de la OCDE sobre los ingresos mínimos que recibe un trabajador, por debajo de países como Estonia, República Checa o Hungría. “Hay mucha gente que está en el mercado de trabajo pero no logra el mínimo necesario para sustentar a su familia. Trabaja pero es pobre. El salario mínimo no alcanza para la supervivencia de las personas”, apunta Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). El organismo dependiente de la ONU subraya en un reciente estudio que “México es el único país de la región donde el valor del salario mínimo es inferior al del umbral de pobreza per cápita”.

La línea de la frontera con la pobreza está en los 1.225 pesos al mes (94,5 dólares) para la Gobierno mexicano. Este es el precio que calcula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para una canasta de alimentos indispensables para satisfacer las necesidades básicas de una persona. Este cálculo deja fuera artículos como, por ejemplo, ropa, calzado, vivienda, muebles, gastos en salud, transporte y educación. Unos costes adicionales que sí son incluidos en otra medida de referencia, la llamada canasta ampliada, valorada por el mismo organismo en 2.518 pesos mensuales (194 dólares). Esta es la línea de bienestar mínimo que más se ajusta a los estándares de los organismos internacionales. Un umbral que queda lejos, un 25% menos, de los 2.018 pesos (162.5 dólares) de salario mínimo mexicano. Y la distancia se agranda aún más si con ese sueldo hay cubrir las necesidades de una familia. Para un hogar de, por ejemplo, cuatro miembros, la línea estaría en los 10.072 pesos (777 dólares). Si trabaja una sola persona en la familia, serían necesarios unos ingresos cinco veces superiores al salario mínimo. Con dos trabajadores, harían falta de 2,5 sueldos cada uno.

“El potencial de mercado de trabajo mexicano no está siendo explotado. El país seguirá con altas tasas de pobreza porque casi la mitad de sus trabajadores cobran menos de dos salario mínimos”, sostiene Prado. Según las últimas estadísticas oficiales, casi el 15% de los ocupados gana un sueldo mínimo o menos y el 41.5% dos o menos. Ese porcentaje, que incluye al sector formal e informal, se traduce en 22 millones de trabajadores para los que su sueldo no es suficiente.

“Nadie está satisfecho. Pero hay que preguntarse quiénes son realmente los trabajadores que efectivamente cobran ese salario mínimo”, señala Basilio González Núñez, presidente el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el órgano compuesto por Gobierno, patronal y sindicatos responsable de subir o bajarlos cada año. González Nuñez subraya la importancia de afinar más los datos estadísticos ya que solo considera que sean preceptores del salario mínimo aquellos trabajadores del sector formal. Del total de 50 millones de ocupados registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 42% está dentro del sistema. Y de este grupo, sólo 1.103 millones de trabajadores cobran el sueldo mínimo, un 3,3% del total de asalariados en México.

El mayor de los obstáculos para una subida salarial es su vinculación con una infinidad de referencias económicas que se verían afectadas en caso de un cambio de salarios. Es decir, si el aumenta el sueldo mínimo, también lo harían, por ejemplo, las pensiones, el subsidio de desempleo, tarifas públicas, multas de tráfico o los créditos para la compra de una vivienda que concede la entidad pública Infonavit. Hasta 149 normas federales están vinculadas al salario mínimo.

Una nueva y titánica tarea legislativa para México, que tiene como espejos donde mirarse a varios países sudamericanos. Uruguay creó en 2005 una nueva unidad de cuenta para las prestaciones sociales y los impuestos. Al liberarse de esa pesada carga, los salarios mínimos aumentaron, acompañando el crecimiento del PIB y una moderada creación de empleo. “No ha tenido efectos negativos en la contratación y sin embargo si ha influido muy positivamente en la distribución de la renta”, señala María José González, economista del Observatorio Ministerio del Trabajo Uruguay.

El debate ya está en marcha. El Gobierno del Distrito Federal, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática (PRD), prepara un informe que presentará al Gobierno federal para que el salario se aumente en 20 pesos a partir del próximo año e ir incrementándolo paulatinamente durante una década hasta alcanzar el coste de la cesta ampliada. En el otro lado del espectro político, el Partido Acción Nacional (PAN) propone llevar el tema a una consulta popular en junio próximo coincidiendo con las elecciones para renovar la Cámara de Diputados.