La avalancha de menores empieza a llegar a los juzgados

Es miércoles, 30 de julio, una de esas mañanas en el juzgado de inmigración de la juez A. Ashley Tabbador, en el piso 17 de un edificio en el centro de Los Angeles. Frente a ella, se sientan nueve menores, el más pequeño, de nueve años y el mayor, de 17. La mayoría están aquí con sus madres. Henry D. viene con un tutor legal porque no tiene madre y su padre está en Guatemala. No tenía a nadie más en EE UU. Dos hermanos, de 13 y 15 años, vienen con su madre a oír sus respectivos casos. Todos son centroamericanos y han llegado en los últimos meses, solos, por la frontera.

“Ustedes están aquí porque el Gobierno de Estados Unidos cree que se encuentran en el país ilegalmente y ha iniciado el procedimiento para expulsarlos”, explica la juez Tabbador. Toda la sesión se traduce simultáneamente al español, el idioma materno de todos los presentes menos la juez y la fiscal. Lo más importante, insiste la juez , es que nunca se pierdan una comunicación del juzgado o una vista. Tendría que ordenar inmediatamente la deportación en ausencia del menor.

Vienen acompañados por familiares, pero ninguno tiene abogado. La juez Tabbador dedica toda la sesión a explicares lo importante que es conseguir uno. Tienen derecho, pero el Gobierno no les proporciona uno de oficio. Les advierte de posibles estafas, les dice que pueden acudir a organizaciones que ayudan gratuitamente. Organizaciones de abogados han pedido que se modifique la ley para garantizar a estos menores la asistencia legal, como parte del debido proceso. Si la ley obliga a juzgarlos antes de deportarlos, argumentan, debería también garantizar su defensa. La propuesta de los republicanos en el Congreso es exactamente la contraria, que sea la Patrulla Fronteriza la que decida sobre la deportación de estos menores in situ, nada más detenerlos.

Por otro lado, hay actitudes muy diferentes, de quienes quieren reforzar la protección legal de estos menores, no debilitarla. La fiscal general de California, Kamala Harris, ha pedido a los abogados del Estado que hagan un esfuerzo y defiendan a estos niños ante los juzgados para que tengan más posibilidades de no ser deportados a los lugares de los que huyeron.