La CIA admite que espió a la comisión del Senado que investigaba las torturas

Es poco habitual que los jefes de los espías reconozcan errores. Pero en Estados Unidos, país de la separación de poderes y la vigilancia persistente del poder ejecutivo por parte del legislativo, cualquier indicio de espionaje de los legisladores por parte de los agentes, como ocurrió hace unos meses, es susceptible de provocar una crisis constitucional.

Tras meses de disputa con los máximos responsables de vigilar a los espías en el Capitolio, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Brennan, admitió este jueves que algunos de sus empleados se introdujeron de forma inadecuada en ordenadores reservados para investigadores del Senado, en que el Partido Demócrata ostenta la mayoría. Los investigadores elaboraban un informe sobre los métodos de interrogación y detención de la CIA que debe publicarse en los próximos días o semanas.

No se trata de un caso de vigilancia masivo, como el de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en sus iniciales inglesas). Tampoco de prácticas extendidas de espionaje como las de la propia CIA en países aliados como Alemania: la CIA no colocó micrófonos en las oficinas de los senadores ni leyó sus correos electrónicos.

Pero el caso es sensible por varios motivos. Primero, porque afecta a uno de los episodios más siniestros en la historia reciente del espionaje norteamericano, la tortura a sospechosos de terrorismo, durante los años posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2011, cuando el republicano George W. Bush era presidente. Segundo, porque la víctima del espionaje ya no era la canciller alemana, un país enemigo o un ciudadano anónimo, sino los representantes del pueblo en pleno ejercicio de la tarea de supervisar a las agencias de espionaje. Y tercero, porque ocurre cuando las prácticas de inteligencia norteamericana —desde la NSA hasta la presencia de agentes de la CIA en los servicios de espionaje alemanes— vuelven a ser cuestionadas.

En marzo, la presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, la demócrata Dianne Feinstein, denunció que las prácticas de la CIA representaban una afrenta a la división de poderes y una violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que prohíbe los registros injustificados. Brennan negó entonces cualquier vigilancia del trabajo de los citados investigadores, y dijo: “Cuando los hechos salgan a la luz, creo que se demostrará que se equivocan las muchas personas que ahora aseguran que hubo casos tremendos de espionaje y vigilancia y pirateo informático”.

Un informe del inspector general de la CIA —encargado de controlar irregularidades en la agencia— ha dado la razón a los senadores y se la ha quitado a Brennan, que, en una reunión tensa con Feinstein y el número dos de la Comisión de Inteligencia, el republicano Saxby Chambliss, pidió perdón.

Los hechos ocurrieron cuando el Senado se hallaba enfrascado en la investigación del programa de interrogación y detención que al CIA puso en práctica tras el 11-S y que Obama prohibió al llegar a Casa Blanca, en enero de 2009. Para ello, la CIA puso a disposición del Senado ordenadores situados en un edificio de la agencia en el estado de Virginia, en las afueras de Washington. Los empleados del Senado podían acceder a más de seis de millones de páginas de documentos clasificados, pero sólo en este lugar. La CIA se comprometió a abstenerse de vigilar la actividad de los investigadores en estos ordenadores.

Las cosas se complicaron cuando la CIA sospechó que los empleados del Senado habían obtenido unos documentos —precisamente los más incriminatorios sobre las torturas posteriores al 11-S— a los que aparentemente el Senado no podía acceder. Fue entonces cuando la CIA comenzó a vigilar los ordenadores vulnerando el acuerdo entre la CIA y el Senado para mantener los ordenadores fuera del alcance de los espías.

Además de admitir las mala prácticas de sus agentes, Brennan anunció la creación de un consejo interno, dirigido por exsenador demócrata Evan Bayh, que revisará el caso.