Bolivia suspende a dos magistradas del Constitucional que detuvieron una ley

Dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia fueron suspendidas de su cargo, por mayoría de voto en la Cámara de Diputados, y afrontarán el primer juicio político del nuevo Estado bajo cargos de prevaricación e incumplimiento de deberes por haber dejado en suspenso la aplicación de la ley del Notariado.

Las magistradas Zoraida Chánez y Ligia Velásquez denunciaron irregularidades en su notificación y lamentaron que la decisión de los diputados no solamente implique un golpe de estado al Tribunal Constitucional, sino que el trasfondo del juicio persigue el control total de esa entidad para garantizar, en el futuro, la modificación de la Constitución que posibilite la elección indefinida del presidente Evo Morales.

La Cámara de Diputados, con 55 votos a favor y 22 en contra, aprobó en la madrugada del martes la suspensión de las vocales para dar paso al juicio político –que en Bolivia se denomina “de responsabilidades”- en la Cámara de Senadores. De concretarse, sería el primer juicio político en el Estado Plurinacional.

Chánez y Velásquez integraron, junto al magistrado Gualberto Cusi, la comisión del TCP que admitió la demanda de inconstitucionalidad de la ley del Notariado, promulgada en enero de este año, lo que implicó dejar en suspenso su aplicación y, de hecho, mantener en vigencia la ley del Notario de marzo de 1858.

“El TCP no ha emitido sentencia, pero ya paralizaron la ley. Eso es una locura: poner la legalidad de cabeza; por lo tanto, obligatoriamente hay que enjuiciar a los responsables de esa arbitrariedad que hace daño al Estado y a los ciudadanos”, ha señalado el vicepresidente Álvaro García Linera a su paso por Cochabamba.

La nueva ley transfiere la tuición de los Notarios del Poder Judicial al Ministerio de Justicia y, en su contenido “fijaba plazos para su vigencia que, sin duda, iban a causar un caos” no solamente en el aspecto logístico sino también en el administrativo, pues “los ingresos de las Notarías son un importante soporte económico para el Poder Judicial”, ha explicado la exvocal del Tribunal Constitucional Silvia Salame, desde Sucre.

“¿En qué país se ha visto que los magistrados del Tribunal Constitucional sean procesados por emitir autos y resoluciones?”, ha preguntado la vocal Chánez. “La Constitución prevé que el TCP sea el último intérprete de la Carta Magna y ahora, el Legislativo hace interpretaciones de los fallos y, si no les agrada, inicia procesos”, ha declarado antes de advertir que se trata de “un intento de golpe del Movimiento Al Socialismo (MAS, partido gubernamental)”, durante una entrevista en Radio Erbol.

Por su parte, Ligia Velásquez ha advertido que “continuar con el proceso es poner en riesgo la estabilidad institucional del Tribunal Constitucional y poner en riesgo el Estado democrático de derecho”.

La exmagistrada Salame considera que el fallo de la comisión de admisión del TCP “no causa estado y no es motivo de un juicio de responsabilidades”. Expresa, además, que la ley 044, que regula el juicio político, no puede aplicarse en este caso. Esta norma, anterior a la nueva Constitución y al nuevo Estado Plurinacional, “no es aplicable a autoridades elegidas en las urnas”, como es el caso de los tribunos de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, de la Magistratura y el tribunal Agroambiental. Anteriormente eran designados por el Poder Legislativo, hasta que este gobierno dispuso su elección por voto popular.

“Un órgano político no puede suspender ni procesar a magistrados que recibieron el voto del pueblo”, afirma enfática la exmagistrada Salame, que recuerda, además, que la Constitución no prevé tampoco un referendo revocatorio para el Órgano Judicial.

Como las magistradas cuestionadas y los principales líderes políticos adversarios de Morales, la abogada Salame coincide en calificar de un intento de golpe de estado al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional.

“Se está preparando el terreno para medidas que se vienen: con los dos tercios que esperan lograr tras las elecciones de octubre, se planteará modificaciones a la Constitución que serán avaladas por un TCP más amable con el poder Ejecutivo”, con el propósito de promover la prórroga indefinida en el poder del actual presidente y candidato Evo Morales, asegura Salame.

La suspendida magistrada Chánez también ha advertido que “se vienen normativas de gran envergadura por lo cual necesitan asegurar el control del Tribunal Constitucional” con la promoción de magistrados afines al partido de gobierno.

El magistrado Gualberto Cusi, que ha incomodado al gobierno con sus declaraciones por la inconstitucionalidad de un tercer mandato de Morales, cree que esta es una buena oportunidad de alejarlo junto a las otras dos magistradas del TCP “para retomar el control con su gente y cumplir su propósito de eternizarse en el poder con reformas a la Constitución”, en declaraciones a Radio Panamericana de La Paz.

“Es decir, los magistrados rebeldes son exonerados para que sus cargos sean ocupados por personas dóciles que aprueben la reelección indefinida de Morales”, ha expresado a este periódico el exvicepresidente de Bolivia Víctor Hugo Cárdenas.