Un informe de la UE acusa a la exmilicia kosovar de crímenes de lesa humanidad

Un número indeterminado de miembros del extinto Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) se enfrentará a cargos por crímenes de lesa humanidad ante un tribunal europeo especialmente constituido para juzgar a los responsables milicianos de asesinatos, secuestros y violaciones de miembros de las minorías serbia y gitana; atrocidades cometidas en los meses posteriores al fin la guerra de Kosovo (junio de 1999). El estudio del Equipo Especial de Investigación de la UE para Kosovo (SITF, por sus siglas en inglés), el órgano europeo encargado para el esclarecimiento de estos crímenes, ha sido presentado este martes en Bruselas. Ahora, la UE trabaja con el Gobierno kosovar, candidato potencial a la adhesión al club comunitario, en la formación del tribunal especial que juzgará los hechos. A falta de la ratificación definitiva, su creación está prevista para la primera mitad de 2015.

El fiscal estadounidense a quien Bruselas encomendó hace tres años la elaboración del informe, Clint Williamson, ha eludido hacer públicas las identidades y el número de milicianos implicados en los abusos “hasta la constitución del tribunal”, pero ha explicado que el grupo de trabajo que dirige ha reunido “suficientes pruebas” para acusar a un grupo de personas “con altas responsabilidades” en el ELK. El órgano, ha puntualizado Williamson, investiga crímenes de "limpieza étnica, desplazamientos forzosos y violencia sexual" contra las minorías serbia y gitana. Según sus cálculos, desde el fin del conflicto armado en el país balcánico, se han producido 500 asesinatos y 300 secuestros o desapariciones.

“Hay pruebas convincentes de que estos crímenes no fueron actos de individuos rebeldes actuando bajo su propia responsabilidad. Se llevaron a cabo de forma organizada”, ha remarcado Williamson. El SITF —en el que colaboran Canadá, EE UU, Noruega, Suiza y Turquía— echó a andar en 2011 con la misión de investigar las graves acusaciones que arrojaba un informe del Consejo de Europa publicado en diciembre de 2010 y, en su caso, enjuiciar a sus responsables. En el documento, el órgano consultivo europeo describía los casos de tratamiento inhumano de personas y de extracción y tráfico ilícito de órganos humanos en Kosovo en el período inmediatamente posterior al fin de la guerra. El texto acusaba directamente al actual primer ministro kosovar y exfundador y líder del ELK, Hashim Thaçi, y desató fuertes críticas de los sectores más cercanos al Ejecutivo del país balcánico, que lo tildaron de racista y contrario a la independencia de Kosovo.

“Lo ocurrido al terminar la guerra no tiene justificación; es completamente ajeno a la defensa de la patria kosovar y su libertad”, ha subrayado el fiscal estadounidense. Sin embargo, a diferencia del informe del Consejo de Europa —que documentaba con detalle casos de tráfico de órganos—, el SITF solo ha encontrado “pruebas concluyentes” de estas prácticas criminales en un “puñado de casos”. Según Williamson, el número de casos de tráfico de órganos “se ha exagerado”, lo que ha acrecentado el sufrimiento de las familias de los desaparecidos. “Parecía que todas estas personas habían sufrido este drama”, ha añadido.

La investigación de la UE cubre el vacío dejado por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, que había investigado los crímenes cometidos durante el conflicto armado pero cuyo mandato finalizaba con el final de la guerra e impedía que averiguara lo sucedido en los meses posteriores al conflicto. Ahí es donde entra en juego el SITF. “Lo que nuestra investigación ha hecho y lo que el futuro tribunal hará es investigar y juzgar lo sucedido después del fin de la guerra, dada la limitación jurisdiccional del Tribunal Penal Internacional”, ha declarado Williamson. El fiscal estadounidense también ha urgido al Gobierno kosovar y a la UE a agilizar el proceso de constitución del tribunal especial que juzgará los abusos.

En su comparecencia ante los medios, Williamson también ha denunciado la intimidación y coacción de las que han sido objeto los testigos de las agresiones que han colaborado en las pesquisas. “Ha sido un proceso extremadamente complejo”, ha admitido. En la documentación aportada, el SITF se compromete a proseguir con la investigación en el marco de un proceso que califica de “judicial e imparcial”. En función del resultado final de las indagaciones, el órgano presentará ante el tribunal de nuevo cuño una acusación formal sobre varios altos cargos del extinto ELK. En el mejor de los escenarios esta incriminación se demorará hasta mediados del próximo año.