Los peajes a extranjeros en las carreteras alemanas agrietan la gran coalición

Las reglas de juego de la gran coalición que gobierna Alemania están claras desde su nacimiento a finales del año pasado. El trato consiste en que cada uno de los tres partidos que la componen pueda mostrar a su electorado algún trofeo que compense la amarga píldora de compartir el poder. Por ahora, los socialdemócratas del SPD se llevan la palma. Pueden apuntarse los tantos del salario mínimo, la jubilación anticipada para aquellos que hayan trabajado más años, la reforma energética y la doble nacionalidad para los hijos de inmigrantes. Los democristianos de la CDU presumen de haber cuadrado el primer presupuesto con déficit cero en casi medio siglo y de haber aumentado las ayudas a las madres. Y el socio menor del Gobierno, los socialcristianos bávaros de la CSU, acaban de ponerse la medalla que deseaban: el peaje obligatorio para todos los extranjeros que circulen por las carreteras del país, una norma que ha obligado al ministro de Transporte, el socialcristiano Alexander Dobrindt, a hacer encaje de bolillos para no vulnerar la legislación europea.

El proyecto ha levantado las suspicacias de Bruselas, que insiste en que no tolerará ninguna discriminación entre ciudadanos de la UE. Pero las voces críticas van más allá. Tanto en la CDU como en el SPD, e incluso en algunos sectores de la CSU, el partido que la impulsa, se han oído argumentos contra un canon que amenaza con tener efectos negativos en las regiones fronterizas. El coste oscilará entre los diez euros de un permiso de diez días hasta 100 euros para un año. Esta medida nace como respuesta a un compromiso electoral del partido gobernante en Baviera ante el hartazgo de unos ciudadanos que tienen que pagar por las carreteras de países vecinos como Austria o Suiza, mientras que estos pueden usar gratis las alemanas. Los fondos recaudados se destinarán a mejorar la red viaria alemana.

 El arreglo que ha encontrado Dobrindt para salvar las resistencias europeas consiste en imponer el pago a todos los que usen las vías. El matiz viene porque los ciudadanos alemanes podrán restarse la cantidad que paguen del impuesto de matriculación, con lo que Dobrindt asegura que el efecto para sus votantes será igual a cero a partir del 1 de enero de 2016, fecha prevista para la entrada en vigor del nuevo sistema. Esta triquiñuela no convence a muchos, pero la canciller Angela Merkel ha dejado claro que el contrato firmado por los tres partidos tras las elecciones del pasado septiembre es sagrado. “No hay leyes del SPD ni leyes de la CDU, sino trabajo conjunto en la coalición”, puntualizó la canciller en la tradicional rueda de prensa anterior a las vacaciones de verano.

El líder de los socialdemócratas, Sigmar Gabriel, también se ha esforzado por defender ante los suyos el proyecto, que aún está sujeto a modificaciones. “El peaje en las carreteras forma parte del contrato de coalición al igual que el salario mínimo”, aseguró la semana pasada el número dos del Gobierno y presidente del SPD. La mención al salario mínimo tiene sentido ya que esa medida también generó mucha polémica, y finalmente tuvo que ser rebajada para salvar las reticencias de los democristianos.

Las peleas en el seno de la gran coalición dan la oportunidad a Merkel de ejercer de mediadora como una figura casi apartidista, que algunos analistas comparan con una especie de reina madre que concilia los intereses de todos los alemanes. “Ella es la gran ganadora de esta situación. Ha logrado mostrar un perfil que no polariza: puede personificar los éxitos de su Gobierno y las peleas las deja para otros”, resume Ulrike Guérot, directora del Laboratorio sobre Democracia Europea.

La tarea de Gabriel es especialmente peliaguda en esta reedición de la gran coalición que ya gobernó Alemania en 2005, en el primer mandato de Merkel. En esa ocasión, los socialdemócratas salieron escaldados al obtener en las elecciones de 2009 el peor resultado de su historia. “La situación ahora para ellos es más fácil. Entonces tenían que sacar adelante la jubilación a los 67. Pero ahora, la buena marcha de la economía les permite mostrar una cara más social, y tomar una decisión casi contraria a la de entonces, con la jubilación a los 63”, explica Ulrich Deupmann, antiguo asesor del ministro Frank-Walter Steinmeier y ahora director en Berlín de la consultora Brunswick.

Los dos partidos que ejercen ahora de socios tendrán que enfrentarse a la vuelta del verano. Tres elecciones regionales —en los Estados de la antigua RDA Sajonia, Turingia y Brandeburgo, que reúnen a más de ocho millones de ciudadanos— tomarán la temperatura política de una parte del país. Después del espaldarazo que recibieron los socialdemócratas en los comicios europeos del pasado mayo, la CDU aspira a obtener la mayoría absoluta en Sajonia, el más importante de los tres Estados en liza.

Las elecciones, que se celebrarán el 31 de agosto y el 14 de septiembre, servirán no solo para testar la popularidad de las grandes formaciones, sino que serán decisivas para algunas formaciones que han quedado fuera del Bundestag (la Cámara baja del Parlamento). Es el caso de los liberales del FDP, tradicional partido bisagra en la Alemania que surgió de la II Guerrra Mundial y compañeros de Gobierno de Merkel entre 2009 y 2013. Sajonia es el último Estado en el que gobiernan. Y, ante la pujanza del partido antieuro Alternativa por Alemania, corren el riesgo de ser barridos también ahí.