Una reunión con poco que ofrecer

El presidente Barack Obama ha convocado este viernes a sus colegas de El Salvador, Guatemala y Honduras en el Despacho Oval para hablar cara a cara de la crisis creada por las decenas de miles de menores que en los últimos meses han llegado, solos, hasta la frontera de Estados Unidos. Obama también ha involucrado en la búsqueda de la solución a México, con cuyo presidente, Enrique Peña Nieto, mantuvo una conversación telefónica este jueves, un día antes de la reunión.

La cita entre Obama y sus colegas centroamericanos se celebra después de insistentes llamamientos de la Casa Blanca a los países de origen para que frenen el flujo de esta emigración infantil, plagada de peligros durante el largo periplo y repleta también de incertidumbres legales a su término.

Y tiene como antesala la frustración expresada por los presidentes visitantes, el salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, el guatemalteco Otto Pérez Molina y el hondureño Juan Orlando Hernández, por lo que consideran un incumplimiento de promesas de apoyo a la lucha contra el crimen transnacional y por el desarrollo socioeconómico mediante la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI).

Como “casi una burla”, calificó el presidente hondureño el jueves, el primer día de visita oficial a Washington de los mandatarios, la iniciativa que desde 2008 ha comprometido según la Casa Blanca 651 millones de dólares, pero que los gobiernos afectados aseguran que no están siendo liberados.

“Lamentablemente el CARSI no funcionó, los recursos comprometidos no llegaron”, corroboró Pérez Molina quien, durante su discurso el jueves ante la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió que “así como se impulsó un Plan Colombia, un Plan Mérida, se pueda lograr también un impulso para un Plan Centroamericano buscando la paz y la prosperidad de nuestros países”.

Pero Obama tiene poco nuevo que ofrecer en materia de respuestas propias a sus colegas centroamericanos este viernes, una cita que la Casa Blanca ha calificado meramente de “seguimiento” tras los viajes del vicepresidente Joe Biden en junio a Guatemala, los del secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, al mismo país las pasadas semanas y el encuentro de alto nivel que hizo el secretario de Estado, John Kerry, en Panamá durante la asunción del presidente Juan Carlos Varela el 1 de julio.

Su petición al Congreso de 3.700 millones de dólares para atender tanto los desafíos internos que ha provocado el inusitado flujo de menores —ya son casi 60.0000 desde octubre— como para apoyar con 300 millones programas que mejoren las oportunidades en sus países de origen está estancada, como tantas de sus iniciativas, ante una oposición republicana que se niega a darle un “cheque en blanco”, en palabras del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.

Los republicanos, que dominan la cámara baja donde han hecho fracasar la propuesta de reforma migratoria aprobada por el Senado un año atrás, han puesto duras condiciones a la liberación de fondos.

Entre los puntos más controvertidos: la exigencia de que se enmiende la ley bipartidista de 2008 contra el tráfico humano que prevé garantías especiales para menores procedentes de países no colindantes con EE UU.

Los legisladores demócratas rechazan cualquier cambio a la ley. Algo que también cuenta con la firme oposición de los presidentes centroamericanos.

“Es el momento para decirle a los tomadores de decisión en Washington: los niños no son delincuentes, son seres humanos vulnerables y el interés primario del niño tiene que prevalecer, es un tema de derechos humanos”, ha zanjado el presidente Hernández.

“Lo que le pedimos a EE UU es que a estos niños y niñas se les respeten sus derechos, se lleve el debido proceso, y que tengan la posibilidad de acudir a las instancias legales que corresponde”, había declarado poco antes también el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.

Los gobiernos centroamericanos cuentan en este aspecto con el apoyo explícito además de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el miércoles aprobó una declaración en la que se destaca la necesidad de que en las políticas migratorias que se les apliquen a los menores “se contemple como objetivo principal humanitario el bienestar de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y el pleno respeto a sus derechos humanos”.

Los republicanos entretanto exigen también el envío a la frontera de más efectivos de la Guardia Nacional, tal como ya lo ordenó esta semana el gobernador de Texas, Rick Perry. Todo ello pese a que los agentes fronterizos han reiterado que la seguridad no es el problema en esta crisis, puesto que los pequeños que llegan los buscan para entregarse, convencidos por los coyotes de que tendrán derecho a un “permiso”, un falso rumor que se está tratando de combatir tanto desde Washington como desde Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala y San Salvador. Esta idea republicana tampoco cuenta con la comprensión centroamericana.

“¿Qué se ha ganado con todo este endurecimiento de controles migratorios en la frontera sur?”, ha preguntado la canciller hondureña, Mireya Agüero de Corrales. “Si EE UU hubiera decidido dar el 10% de lo que ha dado al endurecimiento de sus medidas migratorias a programas sociales, de creación de empleo o de apoyo a las maquilas (en Centroamérica) la historia sería distinta”.

Pérez Molina lo concretó en cifras: “EE UU está invirtiendo casi 20.000 millones en la frontera, en todo lo que significa la seguridad, y yo decía que con un 10% de esto (2.000 millones) que se fuera para Centroamérica, estoy seguro que los resultados serían mucho mejor tanto para nosotros como para EE UU porque se pararía ese flujo de migración, ojalá esto pueda estar en la mesa de discusión”, declaró a periodistas.

Pero los problemas de Obama no acaban siquiera ahí. La partida que los republicanos están barajando —si se escuchan sus demandas— no sería superior a los 1.500 millones de dólares, cifra muy alejada de la solicitada por la Casa Blanca. La contraoferta trabajada por los demócratas en el Senado también sería 1.000 millones inferior a lo pedido por el presidente.

Las posiciones de los legisladores de uno y otro bando son difícilmente acomodables, más aún si se tiene en cuenta el historial de antagonismo que ha caracterizado el Congreso los últimos años y que quedan muy pocos días de negociación antes de que el Capitolio cuelgue el cartel de "cerrado por vacaciones", en agosto.

La gran duda por tanto es qué de nuevo puede decirle Obama a sus colegas centroamericanos cuando se reúnan a puerta cerrada y que les pueda convencer de su compromiso para lograr junto con los países centroamericanos, como ha señalado el canciller salvadoreño Martínez, “generar oportunidades en los lugares de origen de la población migrantes” con el objetivo de que “la migración sea una opción, no una obligación”.

Antes de la reunión, Obama llamó a su homólogo mexicano, Peña Nieto. Los presidentes, según difundieron los gabinetes de prensa de uno y otro país, acordaron analizar los mecanismos para afrontar la crisis de los migrantes menores y sumar esfuerzos con los países centroamericanos.