La justicia costarricense absuelve a un usuario de redes que criticó a Chinchilla
“El umbral de tolerancia que se espera de la persona que detenta la Presidencia es muy alto”
“Tenemos una presidente que terminando su mandato se nos ha convertido en toda una empresaria”, escribió con algo de ironía un hotelero en su perfil en Facebook 10 días antes de que la mandataria Laura Chinchilla anunciara que lo demandaría por el delito de difamación. Él le atribuía haber comprado una finca con valor de 2,5 millones de dólares y ser accionaria en una empresa de energía eólica. Decía que ella y su familia se habían enriquecido muy rápido y era “una presidente millonaria”. Parecía claro que entre líneas le decía “corrupta”.
Era junio del 2013 y 13 meses después, este lunes, se ha emitido una sentencia que deja boquiabierto a un sector que considera libertinas las redes sociales en cuestión de opiniones contra el honor. El querellado ha sido absuelto y Chinchilla, quien dejó el poder hace 75 días, ha perdido su batalla en los tribunales y el reclamo por 100 millones de colones (casi 185.000 dólares), aunque el debate en la opinión pública no tiene aún veredicto concluyente.
Chinchilla, la única mujer que ha gobernado Costa Rica, decía que era su obligación demandar al empresario que la había criticado, que las redes sociales deben tener un límite y que en este caso los ataques se habían pasado de la raya. En el juicio dio por demostrado que no se enriqueció como decía el querellado y que el comentario de este, de nombre Alberto Rodríguez Baldí, le resultaba ofensivo. Los jueces le han dado algo de razón en que el comentario podía ser agraviante, pero solo podía serlo, dependiendo de la interpretación que se le dé.
“Decir millonario a alguien puede ser un cumplido (una adulación) o una ofensa. Son válidas las interpretaciones que hizo la parte querellante, pero no contiene una ofensa directa hacia el honor de doña Laura Chinchilla”, determinó el tribunal, entre otras frases que parecen haber molestado al círculo cercano a la expresidenta y a quienes ven necesario poner coto a los ataques en redes sociales contra figuras públicas.
“El umbral de tolerancia que se espera de la persona que detenta la Presidencia de la República es muy alto”, ha leído la jueza principal del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José al presentar la sentencia, la cual podría ser apelada por Chinchilla ante una instancia superior. “Veo con honda preocupación que ante este fallo las redes sociales se conviertan en un espacio donde la irresponsabilidad y la mentira se conviertan en arma de quienes solo quieren hacer daño o entorpecer el sano ejercicio democrático de nuestro país”, ha reaccionado la exmandataria en su perfil en Facebook.
Chinchilla, politóloga dedicada a las consultorías internacionales después de su tortuoso paso por el Gobierno rodeada de su familia, ha logrado activar un debate sobre la responsabilidad legal en las redes sociales, esas mismas que se convirtieron en su pesadilla durante los cuatro años en el poder. “El tribunal, sin embargo, consideró que lo servidores públicos deben tolerar hasta las mentiras y las difamaciones. Según ellos, no tenemos derecho a la defensa de nuestro honor”, comentó la política cuya campaña electoral en 2010, como candidata del Partido Liberación Nacional (PLN), se basó en el lema “firme y honesta”. No se conoce hasta ahora ningún hecho probado de corrupción atribuible a ella.
“Este fallo abre el portillo a que se digan mentiras. Hoy fue la señora Chinchilla, mañana podemos ser algunos de nosotros “, comentó un internauta. “Lo que las mafias políticas quieren es que nos quedemos callados en las redes sociales; por suerte hay jueces valientes que garantizan la libertad de expresión”, decía una universitaria. “Sólo a quienes no les importe su honor aspirarán a cargos públicos. Y no se si esa gente es la que queremos al frente del país”, escribió un exministro de Chinchilla. “Queda la idea de que en redes sociales se puede decir cualquier cosa sin pruebas, aunque resulten lesivos al honor de alguien”, dijo a periodistas un crítico analista, profesor de la Universidad de Costa Rica. “Se legaliza el trolleo”, era la leyenda de un meme publicado en Twitter por otro exministro de Chinchilla. “Lamento profundamente que la gente irresponsable que inventa y difama no tenga consecuencias”, añadió una dirigente empresarial afín al gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC).
Para un sector, Rodríguez Baldí, ese empresario que llegaba al juicio en carros de lujo, es ahora algo parecido a un paladín contra la corrupción. También está querellado por el ministro de Obras Públicas del Gobierno de Chinchilla, pero ya la primera batalla la tiene ganada. “Invito a todos los ciudadanos a que denuncien todos los hechos de corrupción y demostremos que no les tenemos miedo a los traficantes de influencias, a los que abusan del poder, y a los delincuentes de cuello blanco”, ha escrito después del fallo favorable. Celebró eufórico con vino en un restaurante italiano de la capital y después le dedicó más comentarios a Chinchilla: “Se equivocó de ciudadano a quién amordazar. Pídale perdón a los costarricenses”.
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