El dilema del joven centroamericano: arriesgar la vida quedándose o emigrando

El éxodo de menores centroamericanos a Estados Unidos es tanto un imán hacia la posibilidad de un futuro mejor en ese país como escape de una realidad en sus países de origen que, literalmente, es fatal: 6 de cada diez homicidios son cometidos contra jóvenes.

Y si a eso se suma que más de la mitad de la población centroamericana tiene entre 15 y 24 años, se entiende por qué esta migración masiva es principalmente de menores de edad.

En efecto, los estudiosos del fenómeno coinciden en que detrás de éste éxodo está la ola de inseguridad que sacude a Centroamérica desde hace más de 20 años, y que corroe lentamente los tejidos familiares y económicos de la región.

Una simple comparación nos ofrece una muestra de la gravedad del problema: la violencia en la región se cobra 18.000 vidas al año, mientras que en España, con una población similar, no llegan a las 400.

Además, en 2007 se encontraron 4.5 millones de armas de fuego en Centroamérica, la mayoría de ellas ilegales, y actualmente existen más de 900 maras, que cuentan un total de 700.000 miembros.

La mayoría de estos jóvenes provienen de comunidades pobres donde impera el desempleo, escasean los servicios de agua potable o alcantarillado, apenas tienen acceso a la educación o a oportunidades laborales. En este contexto, el riesgo de involucrarse en actividades delictivas asociadas al narcotráfico es elevado.

“El crimen y la violencia afecta a todas las esferas de la vida, desde el día a día de ciudadanos y comunidades hasta el desarrollo, creación de empresas, inversiones internacionales o la legitimidad de las instituciones públicas”, explica Andrés Villaveces, experto en seguridad del Banco Mundial.

Esta migración masiva, aparte de generar una tragedia humana para miles de familias, está también vaciando a los países implicados del capital humano del futuro, en fenómeno que varios expertos no dudan en definir como la generación perdida de Centroamérica.

Se calcula que el 67% de los jóvenes en edad laboral de Honduras, Guatemala y El Salvador dejan sus países, y que esto cuesta a los gobiernos un estimado de 80.000 millones de dólares, tanto por fuga de cerebros como por los costos de repatriación. Adicionalmente, el crimen y la violencia también conllevan costos económicos exorbitantes: desde el 3% del PIB en Chile y Uruguay, hasta más del 10% del PIB en Honduras, incluyendo gastos policiales, de seguridad y de salud asociados a este flagelo.

Oportunidades: el arma principal contra la violencia

La respuesta a la inseguridad pasa por varias acciones simultáneas, que deben transcender la esfera pública: el fenómeno exige, según los expertos, un esfuerzo coordinado de los gobiernos nacionales y locales, la sociedad en general y las propias comunidades.

Las organizaciones multilaterales se han sumado a esta batalla en años recientes con respaldo técnico y financiero. Por ejemplo, el Banco Mundial y el BID han aunado recursos y experiencia para ayudar a crear la estrategia regional de seguridad, y mejorar la recolección de estadísticas sobre el crimen violento con la creación de un observatorio regional.

Y el impacto de este tipo de programas parece visible. Por ejemplo en Honduras -que tiene una media de 71 muertes por cada 100,00 habitantes, lo que lo convierte en el país más violento del mundo- muchos vecindarios cuentan ahora con mejor alumbrado e infraestructura, gracias a una iniciativa llamada Barrio Ciudad. Los espacios verdes y las instalaciones deportivas también ayudan a que los jóvenes ocupen su tiempo libre en actividades no delictivas.

"Estamos contentos porque el impacto se vio rápidamente. Antes el problema era bien serio. El proyecto ha cambiado bastante el vivir de todos nosotros en el barrio", explica Adali Correa, líder comunitario de Villanueva, Honduras.

Otro ejemplo lo encontramos en el Movimiento Jóvenes Contra la Violencia (JCV) en Costa Rica, una iniciativa regional dirigida por jóvenes cuya misión es promover la seguridad en Centroamérica mediante la movilización comunitaria y el impulso de un cambio de políticas públicas. Hoy en día cuenta con sucursales en los siete países centroamericanos y más de 200 miembros activos y han sido invitados para presentar sus recomendaciones sobre políticas en el Foro Presidencial de la Región Centroamericana.

¨La presencia de buenas infraestructuras que sean usadas frecuentemente por la gente sirve como una especie de vigilancia pasiva de los propios ciudadanos. Y la actividad social y comunitaria asociada a estos espacios públicos agradables y fáciles de ver, sin lugares escondidos ni poco visibles, contribuye a reducir las actividades delictivas”, explica Villaveces.

Robert Valls es productor online del Banco Mundial