“Tenemos que arreglar el sistema de inmigración entre todos, como sea”

Desde hace 10 días, una localidad del interior de California llamada Murrieta se ha convertido en el centro del debate sobre la inmigración irregular, cuando un grupo de exaltados de derecha lo eligió espontáneamente para realizar una protesta inédita, bloquear la carretera ante un autobús de indocumentados que iban a ser trasladados allí desde los saturados centros de detención de Texas, donde la situación es desesperada. En medio, está el alcalde de Murrieta, Alan Long, el único que ha opinado sobre el asunto y, por tanto, el único que ha recibido críticas. Long recibía a EL PAÍS el miércoles por la tarde a pocos metros de dos centenares de manifestantes que, frente al Ayuntamiento, protestan no solo por el trato dado a los indocumentados sino por lo que consideran complicidad del alcalde con los extremistas.

Long, bombero de profesión, es mexicano por parte madre y está casado con una mexicana. Confiesa que no entendía bien el sistema de inmigración hasta que esto le ha caído en su puerta, y es ahora cuando ha conocido datos como las muertes y las violaciones en el camino hacia EE UU. “Sabía que en Texas estaban en dificultades, pero no todo esto. Hay que arreglarlo entre todos, como sea”.

De la misma manera, el alcalde de Murrieta asegura que la mayoría de sus vecinos ni siquiera eran conscientes de que existía el centro de internamiento de inmigrares hasta que esto empezó. “Yo lo sabía porque crecí aquí, pero la mayoría no. Creo que sabían que existía, pero no dónde estaba”.

Durante toda la crisis, Long se ha quejado de no haber recibido información sobre los planes de la patrulla fronteriza. “Por ejemplo, para decirles, ¿no podíais escoger un día que no fuera el 4 de julio, que está todo el mundo de vacaciones?”. “No sabíamos nada”.

“Hace tres semanas empezamos a oír cosas de los vecinos. Nos empezaron decir que esto iba a pasar, diciendo que lo sabían a través de los agentes de la patrulla fronteriza (la policía federal de fronteras”. Se refiere a la llegada de inmigrantes desde Texas. “Contactamos con la patrulla fronteriza y nos confirmaron que era así y que llegarían 500 cada 72 horas. Nos opusimos porque el jefe del puesto nos dijo que solo tenía sitio para 200. Empezamos a hacer llamadas y lo cancelaron. Al viernes siguiente nos dijeron que mandarían 300. Entonces volvimos a decir que no había sitio y empezamos a preguntar muchas cosas que no tenían respuesta. Al final, cancelaron los 300. El pasado viernes nos dijeron que serían 142 cada 72 horas empezando el lunes. Empezamos a hacer planes pero no nos dijeron qué iba a pasar con elos después, cuál era el plan. Mientras, recibíamos llamadas de vecinos y gente de fuera diciendo ‘no dejéis que lo hagan, traen enfermedades, etcétera’. La gente estaba fuera de control”.

Ante la marea de rumores, Long decidió dar una rueda de prensa para aportar los datos de los que disponía. Básicamente, que el lugar era un centro de detención que no era adecuado para los niños. También les dijo a los que pretendían protestar que él no tiene ninguna autoridad en el sistema de inmigración y que el que quisiera decir algo que llamara a quejarse a Washington DC. Aquello fue interpretado por algunos como una oposición al traslado de los menores y es la razón por la que el miércoles las organizaciones latinas estaban concentradas frente al Ayuntamiento. Long incluso es increpado minutos antes de la entrevista por aquella intervención. Él niega completamente que se oponga a la presencia de los inmigrantes en Murrieta o que esté en nada de acuerdo con los extremistas que, aún el jueves y en mayor número que días anteriores, seguían apostados en la carretera.

“El centro de detención es inhumano (para mujeres y niños). No tienen pañales, ni comida de niños, ni camas donde dormir”. Long lo dice como si esto solo pasara en Murrieta y no fuera precisamente lo que está pasando en Texas. “También está mal en Texas. Traerlos aquí puede aliviar la situación allí, pero sigue siendo tratar a la gente mal. Si nos dices que son mujeres y niños, tienes que tratarlos bien”. Parece que Long solo se ha dado cuenta del trato que se les da a los indocumentados cuando le afecta a él. “No. Nosotros no tratamos con esto. Esto cayó frente a nuestra puerta. Yo le dijo a la gente que Murrieta es una ciudad extremadamente compasiva. Tenemos 700 ONG aquí. Este enorme problema nos cayó encima”.

Los inmigrantes han sido derivados también a otros lugares, como El Centro, San Ysidro y Chula Vista, donde no ha habido ningún problema. El alcalde asegura que la diferencia fue la información previa. Allí simplemente aparecieron. Pero Murrieta vivió días de paranoia con las historias que se cuentan sobre la inmigración centroamericana, basadas en trazas reales. Que si abandonan a los bebés en la carretera una vez que salen libres, que si en realidad no son sus familias sino que los han comprado los narcotraficantes para engañar a los agentes, etc. “Y la gente se opuso, porque nos oponemos a esas cosas”.

Long se enteró también a través de conversaciones con al patrulla fronteriza que, en caso de no poder atender a todos o pasado un tiempo, los menores acaban en la calle. Algo que ha pasado toda la vida pero que para los habitantes de Murrieta, y seguramente de parte de California, solo ha sido noticia a través de estos sucesos.

En toda la crisis, que el jueves parecía empezar a adormecerse ante la decisión de la policía federal de fronteras de suspender los vuelos de Texas a San Diego, Long cree que hubo un momento clave que terminó de encender los ánimos. El pasado 2 de julio, durante los enfrentamientos entre manifestantes, un exaltado escupió en la cara al cantante mexicano Lupillo Rivera, que había ido a apoyar a los niños indocumentados. Todo el país lo vio por televisión. “Eso tocó un nervio de gente que se acuerda de sucesos de cuando éramos un país completamente diferente”.