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México espera 20.000 millones más en inversión en telecomunicaciones

El Gobierno de Enrique Peña Nieto se defiende de la acusación de parcialidad en la nueva ley

El Gobierno mexicano intentó este martes despejar la intrincada selva de interpretaciones que ha suscitado la reforma de las telecomunicaciones. El entramado legal, aprobado el sábado por el Senado y que el miércoles se dispone a ratificar la Cámara de Diputados, ha recibido críticas de la oposición por quedar por debajo de las expectativas iniciales. También se le ha acusado desde el PRD, la izquierda, de favorecer a Televisa, la empresa de Emilio Azcárraga, y castigar a América Móvil, de Carlos Slim, una de las mayores fortunas del mundo. Para el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto estos ataques proceden de “voces estridentes”. “La reforma es igual o más profunda que la anunciada a nivel constitucional. A partir del nuevo andamiaje legal, el Estado recupera la rectoría de las telecomunicaciones”, afirmó el consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos.

Frente a las suspicacias desatadas, el Gobierno mexicano sostiene que las nuevas leyes en telecomunicaciones y radiodifusión van a reducir las distorsiones y permitir la atracción de capital fresco, una de las necesidades más acuciantes de una economía lastrada en los últimos 30 años por cifras bajas de crecimiento (la previsión oficial para este año es del 2,7%). En esta línea, los expertos esperan que la inversión en el sector aumente en casi 20.000 millones de dólares respecto a la previsión del sexenio (de 35.000 millones a 54.000 millones).

El aspecto más polémico de la normativa, y también el más innovador, es el concepto de preponderancia. Bajo esta definición aquellas compañías que tengan más de un 50% de audiencia, tráfico, usuarios o suscriptores en el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión serán sometidos a “medidas asimétricas”. En el caso de América Móvil, que controla el 84% de la telefonía fija y el 70% de la móvil, se le ha obligado a compartir sus infraestructuras con los competidores. A Televisa, con el 60% del mercado, se le ha impuesto ofrecer gratuitamente su señal a las televisiones de pago. Ambas decisiones han sido recurridas. La que mayores reparos ha puesto ha sido la compañía de Slim, que tiene en México el 35% de sus ventas y el 46% de su ebitda.

Pese a estas medidas, las críticas han saltado por no haber establecido limitaciones a Televisa en el campo de la televisión de pago, donde goza de una posición de enorme fortaleza. Este segmento ha sido incluido, no en el sector de la radiodifusión, al que pertenece la televisión en abierto, sino en el de las telecomunicaciones. El motivo, según el Gobierno, es su convergencia con internet y telefonía a través del denominado servicio triple play (voz, banda ancha y televisión).

Para algunos senadores de la oposición esta medida, así como la arquitectura general de la reforma, dejan más espacio para la expansión a Televisa, mientras que someten a mayores restricciones a América Móvil.

Castillejo, considerado el muñidor de la reforma, recordó que en estos casos se puede aplicar la figura de “poder sustancial” que, independientemente de los porcentajes, penaliza a aquellas compañías con capacidad para distorsionar la libre competencia en un área determinada. Esta investigación recaerá en el Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT), el mismo organismo que fijó las medidas asimétricas para Televisa y América Móvil.

El consejero del Ejecutivo federal también recordó que a Televisa, aparte de verse obligada a compartir la señal, se le ha limitado la compra de contenidos en exclusiva y que su perímetro se va a reducir con la licitación de dos nuevas cadenas de televisión. “La ley no tiene por objeto beneficiar ni perjudicar a nadie”, señaló Castillejo, quien dejó en manos del IFT la posibilidad de que Slim, pese a la restricción establecida en su concesión, entre en una televisión en abierto con participación de otras empresas.

Los representantes del Gobierno mexicano señalaron que el objetivo de la legislación es acabar con un desfase estructural que, según cálculos de la OCDE, costó a México 130.000 millones de dólares entre 2005 y 2009. “Había una extrema litigiosidad en estas áreas, que hundía las políticas públicas en interminables procesos. Otro problema era la alta concentración empresarial, que derivó en estructuras casi monopolísticas con la consiguiente caída de las inversiones”, explicó el subsecretario de Comunicación, Ignacio Peralta.

Para los analistas de Banamex y UBS la reforma limita el poder de los principales operadores, pero no les ahoga. Con los cambios, a juicio de los expertos, se nivela el campo de juego, aumentando las posibilidades de competencia y se establece un catálogo de sanciones (aprobado ayer) que pueden llegar al 20% de los ingresos de la empresa infractora. En este contexto, se prevé que se producirá una recomposición en el sector, con la entrada de nuevos agentes y fusiones, pero sin que se registre ninguna sangría en Televisa ni en América Móvil.