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Juicio al pasado de Blackwater

EE UU sienta en el banquillo a cuatro exagentes por matar a 17 civiles en Irak en 2007

Evan Liberty (a la derecha), uno de los exagentes de Blackwater, junto a su abogado antes de entrar a un juzgado de Washington.
Evan Liberty (a la derecha), uno de los exagentes de Blackwater, junto a su abogado antes de entrar a un juzgado de Washington.

Coincidiendo con el retorno de militares estadounidenses a Irak, el nombre de Blackwater suena de nuevo con fuerza en Estados Unidos. El oscurantismo de la compañía de seguridad privada vuelve a ser objeto de escrutinio con el inicio de un juicio en Washington por la matanza en 2007 de 17 civiles en una plaza de Bagdad y al conocerse nuevas revelaciones sobre el manto de impunidad con el que operaban sus agentes.

En el momento de los hechos, que se cobraron la vida de transeúntes de la concurrida rotonda de Nisour, entre ellos un niño de nueve años, la firma estadounidense de mercenarios estaba subcontratada por el Departamento de Estado, por más de 1.000 millones de dólares (732 millones de euros), para proteger a sus diplomáticos y gozaba de inmunidad legal en Irak. La masacre tuvo lugar en un momento en que había unos 25.000 agentes de seguridad en el país y golpeó la imagen de Blackwater, que ahora se llama Academi y se acaba de fusionar con el gigante mundial Triple Canopy. Ahora hay menos agentes, pero Washington sigue subcontratando a firmas privadas.

Los trágicos recuerdos sobrevuelan desde mediados de junio el juzgado que acoge un nuevo proceso impulsado por el Gobierno estadounidense contra cuatro agentes de Blackwater acusados de abrir fuego indiscriminadamente en esa plaza, el 16 de septiembre de 2007. El juicio llega tras años de tropiezos del Departamento de Justicia, cuya acusación fue desestimada en 2009 por error de procedimiento.

En el momento de los hechos, la compañía de mercenarios estaba subcontratada por el Departamento de Estado para proteger a sus diplomáticos y gozaba de inmunidad legal en Irak

Aunque con el tiempo se han hecho más difusos, los recuerdos de aquella mañana siguen atormentando al iraquí Mohamed Jasem, que trabajaba como mensajero y en un extremo de la rotonda fue disparado en la sien. La cicatriz de la bala sigue bien visible en su cabeza rapada. “Vi cómo una furgoneta blanca era disparada. Corrí y me escondí tras un muro. Levanté un instante la cabeza y de golpe sentí un disparo”, afirmó el lunes, a través de una intérprete, Jasem, de 34 años, con mirada dura y actitud inquieta.

Es una de las personas que testifican esta semana ante un juez federal, los 17 miembros de un jurado, una veintena de abogados y los cuatro acusados en una solemne pequeña sala de un juzgado del Distrito de Columbia, ubicado a un par de calles del Capitolio. El juicio se presume largo y la acusación tiene previsto financiar el viaje a Washington de una cincuentena de ciudadanos iraquíes para que presten declaración. Es la cifra más alta de testigos extranjeros en una causa penal en EE UU.

A los dos meses de la masacre, que indignó al Gobierno iraquí, el FBI determinó que 14 de los 17 civiles murieron por los disparos de un convoy de cuatro jeeps de Blackwater, que escoltaban a unos diplomáticos tras el estallido de un coche bomba en una zona cercana. Desde entonces, la clave recae en dirimir si los agentes, como aduce su defensa, abrieron fuego a la mencionada furgoneta que se les acercaba porque creían que podía contener un explosivo y estaban siendo atacados. O si, como alega la acusación, dispararon sin pretexto alguno. A uno de los guardas se le imputa un delito de asesinato al considerar la acusación que fue quien inició los disparos, lo que podría acarrearle la cadena perpetua. Y a los otros tres se les imputan cargos de homicidio, que podrían suponerles 30 años de prisión.

A los pocos meses de la matanza, el FBI determinó que los agentes de Blackwater dispararon a civiles en una plaza de Bagdad. La clave está en dirimir si actuaron en defensa propia o abrieron fuego sin motivo

Todos ellos sirvieron en el Ejército antes de trabajar en Blackwater. También lo hizo Matthew Murphy, otro de los integrantes del convoy y que testificó esta semana contra sus excompañeros. En su caso, acumulaba una experiencia de dos años como soldado -una parte en Irak- cuando en diciembre de 2006 se incorporó a la amplia plantilla de la compañía en Irak, donde ganaba unos 150.000 dólares anuales, diez veces más que en el Ejército.

Al poco de dejar los Marines en 2004, Murphy -que ahora tiene 37 años y es policía en Boston- empezó a sentirse “aburrido” y fuera de lugar. “No estaba preparando mentalmente para estar lejos, me sentía distinto a los civiles”, respondió, con calma y parquedad, a las preguntas de la acusación. Y en apenas un año ya estaba orgulloso de vuelta en Irak, trabajando para otro contratista de seguridad. Al año siguiente se incorporó a Blackwater.

Durante cuatro intensas horas de declaración, los letrados del Gobierno le interpelaron por una profusión de detalles. Le hicieron dibujar trayectorias en un mapa de la plaza de Nisour y explicar, junto a esas armas, cómo funcionan los rifles y lanzagranadas empleados en la fatídica masacre. Y ante la pregunta clave, con las tensas miradas de los cuatro acusados fijas en él, Murphy aseguró que la furgoneta blanca “no supuso una amenaza en ningún momento” y que el convoy no estaba siendo atacado, dando la razón a la tesis de la acusación.

Sin embargo, en un confuso matiz que puede ser crucial, insinuó que fue otro agente, y no el que esgrime el Gobierno, el primero en abrir fuego. Los cuatro acusados solo testificarán si su defensa lo solicita. Quizá les haga falta dado que Murphy afirmó que dos de ellos tenían antecedentes de disparar con facilidad y de odio hacia los iraquíes. Y también apuntó a Blackwater al deslizar que existía laxitud en el uso de armas. Unos destellos de luz a una compañía, que pese a cambiar de nombre y propietario, sigue inmersa en el oscurantismo.

Washington conocía las negligencias antes de la matanza

Un par de semanas antes de la matanza en la plaza Nisour, el Departamento de Estado conocía las irregularidades y la impunidad con la que operaban las decenas de agentes de Blackwater que protegían a su personal diplomático. En un informe de agosto de 2007, revelado esta semana por The New York Times, un investigador alertaba que la falta de supervisión había generado un “ambiente lleno de negligencias” y que los guardias de la compañía se sentían “por encima de la ley”.

El investigador lo comprobó en su propio carne cuando al pedirle explicaciones al jefe de Blackwater en Irak éste amenazó con asesinarle y altos cargos de la Embajada de EE UU en Bagdad se pusieron del lado de la compañía de seguridad. “No me sorprende porque los acuerdos son tan poco claros. Las reglas tienen que ser flexibles para que cualquiera de estas empresas opere”, apunta por teléfono Joe Young, profesor de justicia en la American University en Washington.

Young subraya que hay mercenarios de guerra “desde hace miles de años” pero que la subcontratación se disparó a principios de los 90 y tras los atentados del 11-S en 2001. Blackwater, que simboliza la privatización de las guerras del siglo XXI, se vio golpeada por la matanza. Fue expulsada de Irak y ese incidente limitó la impunidad de los contratistas. Sin embargo, la ONU lleva desde 2007 pidiendo mayor regulación a estas compañías y el Gobierno de EE UU sigue recorriendo a seguridad privada en Irak. En 2010 firmó un acuerdo de 10.000 millones de dólares por cinco años con ocho compañías, entre ellas Triple Canopy, que hace un mes se fusionó con Academi, la firma que adquirió a Blackwater en 2010.