La purga anticorrupción llega a la cúpula del Ejército chino

En enero de 2013, dos meses después de ocupar la secretaría general del Partido Comunista Chino (PCCh), Xi Jinping dijo en una reunión de la Comisión Central de Inspección de la Disciplina del partido que la lucha contra la corrupción debía alcanzar a “tigres” y “moscas”, en referencia a funcionarios de todos los niveles.

Desde entonces, los tigres no han dejado de caer. El último ha sido el general retirado Xu Caihou, ex vicepresidente de la Comisión Militar Central –el órgano de mayor poder del Ejército en China-, quien ha sido expulsado este lunes del PCCh por soborno, según ha informado la agencia oficial Xinhua. Se trata del funcionario de más alto nivel investigado y destituido en el marco de la campaña contra la corrupción puesta en marcha por Xi desde que asumió el poder. La decisión ha sido adoptada en una reunión del Politburó del Comité Central celebrada hoy y presidida por Xi. Otros tres altos funcionarios han sido también expulsados del partido por corrupción.

Xu, de 71 años, que fue miembro del Politburó, ha sido acusado de aceptar dinero y propiedades en persona y a través de familiares a cambio de conceder promociones y otros favores, según Xinhua, que asegura que el caso ha pasado a los fiscales militares.

Xu se convirtió en vicepresidente de la Comisión Militar Central en septiembre de 2004, el mismo mes en que el entonces presidente Hu Jintao heredó de su predecesor, Jiang Zemin, la dirección del máximo órgano militar. Ocupó el cargo hasta 2012, cuando se jubiló, y fue miembro del Politburó entre 2007 y 2012.

La confirmación oficial de la investigación a Xu, que fue abierta el 15 de marzo pasado, forma parte de los esfuerzos de los nuevos líderes chinos para erradicar las prácticas corruptas en el Ejército Popular de Liberación (EPL), que con 2,3 millones de miembros es el mayor ejército del mundo. Xi, que es presidente de la Comisión Militar Central desde que tomó la dirección del PCCh en noviembre de 2012, tiene en marcha un ambicioso programa para modernizar y profesionalizar las fuerzas armadas. Xi Jinping es presidente de China desde marzo de 2013.

El pasado 1 de abril, Pekín acusó de corrupción a Gu Junshan, un teniente general que era subdirector del departamento de logística del EPL hasta que fue destituido en 2012. Gu fue acusado de corrupción, aceptar sobornos, uso inapropiado de fondos públicos y abuso de poder. Xu Caihou fue uno de los principales artífices del ascenso de Gu en el Ejército, y estaba sometido a detención domiciliaria desde hacía meses. Durante este tiempo, estuvo colaborando en la investigación a Gu.

Según un comunicado emitido por el Comité Central, la investigación a Xu demuestra “la firme determinación y la tolerancia cero con la corrupción en el partido y las fuerzas armadas”. “Cualquiera que viole la disciplina del partido y las leyes será castigado con dureza tenga la autoridad que tenga y ocupe el cargo que ocupe. Nunca haremos concesiones ni tendremos compasión”, señala.

El Gobierno también ha informado de la expulsión del PCCh –paso previo, normalmente, al proceso judicial- de Li Dongsheng, ex viceministro de Seguridad Pública; Jiang Jiemin, antiguo director del organismo supervisor de los activos estatales, y Wang Yongchun, ex subdirector general de la petrolera China National Petroleum Corp.; todos, igualmente por corrupción.

Algunos críticos creen que la campaña anticorrupción de Xi Jinping tiene, en paralelo, fines políticos. Las investigaciones a Xu, Li, Jiang y Wang allanan el camino a un caso muy sensible, el de Zhou Yongkang, máximo responsable de la seguridad interna de China y miembro del Comité Permanente del Politburó durante la presidencia de Hu Jintao. Zhou está sometido a investigación, según diversas fuentes, aunque el partido no lo ha anunciado.

Los últimos expulsados eran personas cercanas a Zhou, enemigo político de Xi Jinping y patrocinador de Bo Xilai, un político estrella que fue destituido como secretario del PCCh en la municipalidad de Chongqing en marzo de 2012, y en septiembre pasado fue sentenciado a cadena perpetua por aceptar sobornos, malversación y abuso de poder en relación con el asesinato por parte de su esposa de un hombre de negocios británico amigo de la familia.

Alrededor de 30 funcionarios de nivel provincial y ministerial o superior han sido investigados por corrupción desde noviembre de 2012, según la Comisión Central de Inspección de la Disciplina.