China asesta un duro golpe a los movimientos civiles anticorrupción

La campaña anticorrupción puesta en marcha por Xi Jinping desde que llegó a la secretaría general del Partido Comunista Chino (PCCh) en noviembre de 2012 y a la presidencia del país en marzo del año siguiente solo admite un denunciante: el propio partido. Tres activistas chinos que impulsaron una iniciativa para que los funcionarios del Gobierno revelen su patrimonio han sido condenados a penas de tres años y seis años y medio de cárcel este jueves, según han informado sus abogados. Los tres disidentes se encuentran entre la más de una docena de detenidos en los últimos meses por su activismo contra la corrupción.

Liu Ping -mujer- y Wei Zhongping han sido sentenciados a seis años y medio y Li Sihua, a tres años por un tribunal de la provincia sureña de Jiangxi. La decisión envía un claro aviso a otros posibles denunciantes: en China, no hay lugar para las iniciativas civiles en la lucha anticorrupción.

Liu y Wei fueron encontrados culpables de emplear un culto diabólico para sabotear la aplicación de la ley, y de congregar a una muchedumbre para perturbar el orden público, buscar peleas y provocar problemas. Li fue condenado solo por esta última razón. La referencia al culto diabólico está relacionada con un comentario que Liu escribió el año pasado en Internet sobre un juicio a miembros del grupo espiritual de inspiración budista Falun Gong, que es ilegal en China.

Los activistas, animados por la campaña anticorrupción lanzada por el Gobierno, se fotografiaron con pancartas y carteles en los que ponía “Instamos encarecidamente a los funcionarios a que revelen sus bienes” y “Xi Jinping, ponga fin de forma inmediata a la dictadura”. Las fotos circularon ampliamente en Internet, lo que causó inquietud a las autoridades, siempre temerosas de cualquier movimiento popular organizado que pueda suponer un desafío a su control.

Los activistas fueron detenidos en abril del año pasado, pero su primer juicio fue suspendido en octubre después de que rechazaran a sus abogados y dijeran que su caso no podía ser juzgado por ley. Las acusaciones fueron cambiadas de reunión ilegal a búsqueda de peleas y creación de problemas.

Las sentencias suponen un nuevo giro de tuerca del Gobierno contra la disidencia y las personas relacionadas con el Movimiento Nuevos Ciudadanos. Liu, Wei y Li forman parte de esta agrupación poco definida de activistas de derechos civiles, que se centran en temas como la corrupción, los derechos de los emigrantes y la educación, y promueven el gobierno de la ley, la transparencia y la democracia.

Nuevos Ciudadanos defiende trabajar desde dentro del sistema para impulsar cambios, pero una docena de sus miembros han sido procesados en los últimos meses. Xu Zhiyong, abogado y principal fundador del movimiento, fue condenado a cuatro años de cárcel en enero pasado por alterar el orden público, un cargo al que cada vez acuden con más frecuencia los tribunales chinos contra las voces disonantes.

Las organizaciones de derechos humanos han criticado la condena a los tres disidentes. “Las duras sentencias son tan solo los últimos pasos en la represión por motivos políticos del Movimiento Nuevos Ciudadanos”, asegura en un comunicado William Nee, investigador para China de Amnistía Internacional (AI) en Hong Kong. “Son presos de conciencia y deberían ser puestos en libertad de forma inmediata y sin condiciones”. AI califica las acusaciones de “ridículas”.

Las autoridades han endurecido también en los últimos meses el control sobre Internet y las redes sociales, un sistema muy empleado por los intelectuales chinos para organizar actividades, compartir información y difundir ideas. Han amenazado con encarcelar a quienes difundan lo que denominan “rumores”.

Pu Zhiqiang, un popular abogado que representó a Liu Ping, fue detenido formalmente la semana pasada, bajo la acusación de causar altercados y obtener información personal de forma ilegal. Fue arrestado a principios de mayo, tras asistir a una reunión privada para conmemorar el 25 aniversario de la represión de las manifestaciones de la plaza pequinesa de Tiananmen en la noche del 3 al 4 de junio de 1989.