¿Tras la tragedia? Ascensos y más poder

Roberto Zavala acababa de enterarse de la muerte de su hijo Santiago. Había reconocido el cadáver mediante una foto. Le hicieron pasar a una sala donde se encontraban el fiscal que iba a investigar la muerte y un arzobispo. El hombre de sotana comenzó a hablar de la resignación en situaciones tan dramáticas como esta. Zavala le hizo ademán de que guardase silencio pero el sermón continuó.

-Quédese callado. Cállese. ¿No entiende lo que es quedarse callado?- le cortó de una vez por todas Zavala. El obispo no volvió a abrir la boca.

Se cumplen cinco años de la mayor tragedia infantil de México —la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC en la ciudad norteña de Hermosillo—. Unos 150 niños dormían la siesta cuando comenzó el fuego. Aunque el centro formaba parte de una red pública, no contaba con alarma de incendios, no había extintores y las puertas de emergencia estaban selladas. Un plástico de polietileno altamente inflamable colgado del techo ("como la carpa de un circo", recuerdan los padres) propagó el fuego a gran velocidad.

Los jueces que han llevado el caso no han inculpado a ningún cargo de la administración de alto rango. Ni a nivel local ni federal. Los dueños de la guardería, parientes de políticos de los dos principales partidos que aprovecharon las concesiones públicas de centros para hacer negocio, quedaron exonerados. Hay 27 procesados en libertad, todos ellos funcionarios menores. El presidente Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, se reunió con los padres y prometió hacer justicia. De eso ha pasado más de un año y medio y el caso sigue en punto muerto.

"Tenemos muy en cuenta que las autoridades están dilatando el proceso y están respaldando a los implicados", dice Roberto Zavala, cuya conversación con el obispo viene recogida en el libro Nosotros los culpables, un repaso exhaustivo de todo el caso. "Nadie quiere ser el presidente, gobernador o diputado que cierre el caso", agrega. Los políticos que fueron señalados como responsables continúan en puestos de primer nivel e incluso dos de ellos aspiran a ser gobernadores de Sonora, el Estado donde ocurrió el suceso.

Juan Molinar Horcasitas

Fue director del IMSS, la institución encargada de los derechos de los trabajadores, entre ellos el de tener una guardería para sus hijos. Molinar estuvo entre los impulsores de la externalización del servicio. Miles de guarderías se abrieron en todo el país bajo ese modelo. Se convirtió en un gran negocio para los políticos y sus familiares. Los dueños de ABC están relacionados de una manera u otra con importantes dirigentes locales: primos, esposas, sobrinas. El último permiso de renovación del centro alojado en una bodega, con el techo recubierto por una lona altamente inflamable, estaba firmado por Molinar Horcasitas. Recientemente ha sido uno de los negociadores del Pacto por México, un acuerdo entre el Gobierno del PRI y la oposición que pretendía sacar adelante las reformas políticas y económicas del país. Horcasitas es uno de los hombres de más confianza de Gustavo Madero, el líder del PAN, la derecha mexicana. Es miembro de la comisión permanente del partido.

Ernesto Gándara Camou

Era el alcalde de Hermosillo y, por lo tanto, el responsable directo de Protección Civil de la ciudad. Entre sus funciones estaban las de emitir políticas de protección civil y supervisar que los establecimientos cumplieran con las medidas de seguridad. Los padres de las víctimas lo acusan de omisión por no entregar resultados. Actualmente es senador por Sonora y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Busca ser el candidato por el PRI para el Gobierno de Sonora en 2015; su principal contendiente es otra implicada, la exdiputada en el Congreso de local Claudia Pavlovich Arellano. Según las encuestas, de ser el candidato, obtendría más del 30% de los votos de los ciudadanos. Horas antes del quinto aniversario, se anunció la detención de un encargado de protección civil de su ayuntamiento.

Claudia Pavlovich Arellano

Después del incendio, y como diputada local, fue una de las 34 personas que envió una carta al juzgado que llevaba el caso para resaltar la “solvencia moral, finura y probados valores éticos y morales” de los dueños de la guardería ABC. Los padres consideraron la misiva una clara obstrucción a la justicia y una forma de advertir a los investigadores de que los propietarios tenían un claro respaldo político. Ahora es senadora y está en la carrera para ser gobernadora del Estado. Se disputará el cargo con Ernesto Gándara Comou. Cuenta con el apoyo del diputado federal Manlio Fabio Beltrones, uno de los pesos pesados del PRI. Para las elecciones de 2015, las encuestas le dan un respaldo de más del 35%.

Abel Murrieta Gutiérrez

Era el procurador –fiscal- del Estado de Sonora en el momento de la tragedia. Estuvo a cargo de la primera investigación. Los padres pidieron su destitución ante la falta de resultados. El PRI perdió las elecciones del Estado y todo parecía indicar que Murrieta saldría del Gobierno. Guillermo Padrés, el candidato del PAN que se hizo con el poder, sorprendentemente lo ratificó en el cargo. En campaña había prometido a los padres llegar hasta el fondo de la cuestión. Murrieta estuvo al frente del caso hasta 2012 sin más resultados que la imputación de funcionarios menores que más tarde se desvaneció. Ahora es diputado local del PRI en el Congreso y se perfila como candidato a alcalde de Cajeme, un municipio donde se encuentra la segunda ciudad más importante de Sonora.