Bruselas exige a Putin que garantice el suministro energético a Ucrania

El ultimátum que Rusia dio a Ucrania para que abonase sus deudas de gas está a punto de vencer sin que se avecine aún una solución. Consciente del riesgo de cortes energéticos en el continente, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, exigió este miércoles por carta al líder ruso, Vladímir Putin, que mantenga abierto el grifo de la energía mientras Kiev, Moscú y Bruselas negocian una salida. Las interrupciones o reducciones del bombeo hacia Ucrania pueden alterar el suministro a la Unión Europea; la mitad del gas que llega al club comunitario desde Rusia circula por Ucrania.

Gazprom, el gigante energético ruso, solo garantiza el servicio a Ucrania hasta final de mayo. Si en los próximos días las autoridades de Kiev no pagan lo que deben ni abonan por adelantado la factura de junio, la compañía se reserva el derecho de suspender las entregas. A pocos días de que concluya el plazo, Barroso insta a Putin a evitar la opción drástica. “Mientras se desarrollen las conversaciones tripartitas, no debería interrumpirse el suministro de gas. Cuento con Rusia para que mantenga sus compromisos. Por lo tanto, sigue siendo responsabilidad de Gazprom garantizar las entregas, como se acordó en los contratos con las compañías europeas”, advierte el líder del Ejecutivo comunitario.

Es la segunda vez que Barroso se dirige al presidente ruso para evitar los cortes de gas en Europa. En ambas ocasiones, las palabras del portugués han respondido a las cartas que Putin había enviado previamente a los Estados miembros más dependientes de su energía para amenazarlos con esa medida extrema. La última de ellas llegó el viernes a varios países comunitarios y apelaba a una mayor implicación de la UE para resolver el conflicto.

“Cuando el mercado funciona, la energía no puede usarse como una herramienta política”, advirtió poco después, en una conferencia en Bruselas, el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger. Este mandatario participará el lunes en una reunión con el ministro ruso del ramo, Alexander Novak, y su homólogo ucranio, Yuri Prodan, para evitar las interrupciones del suministro. A la vista de las maniobras orquestadas por Putin desde que se inició la crisis ucrania —y el auge de la popularidad del líder ruso en su país—, Bruselas otorga veracidad a los avisos.

Las posturas son aún muy distantes. Lo único que aúna los tres pareceres es que Ucrania adeuda a Gazprom 2.200 millones de dólares (1.829 millones de euros) por facturas impagadas hasta el mes de marzo. A partir de ahí, las versiones difieren. Rusia considera que, con el consumo de abril, esa cantidad suma ya 3.500 millones de dólares y que tiene derecho a suspender el servicio por impagos. Ucrania, en cambio, se queja de que Moscú le haya aumentado unilateralmente el precio del gas (al doble de la cantidad de partida, según cálculos de Kiev) y se niega a abonarlo.

La clave de esas discrepancias reside en que Gazprom ha retirado de golpe dos rebajas que hasta ahora mantenía al Gobierno ucranio: la que Putin ofreció al depuesto Víctor Yanukóvich en diciembre por rechazar el acuerdo de asociación con la UE y la que le aplicaba por tener la flota rusa en Sebastopol, —puerto ucranio de derecho pero ruso de facto desde la anexión de Crimea a Moscú. Bruselas persigue encontrar una cantidad de consenso, a medio camino entre las dos cifras (2.200 y 3.500 millones de dólares).

Ante la falta de entendimiento, el primer ministro ucranio, Arseni Yatseniuk, pidió el martes amparo a Barroso. En una carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el mandatario ucranio considera “inaceptables” las condiciones rusas y se queja de que Moscú “se niega a comprometerse en el diálogo”.

Más allá de la solución del momento, la fragilidad de Europa frente a un eventual cierre del grifo energético ruso obliga a tomar medidas. El comisario del ramo anunció este miércoles una propuesta del Ejecutivo comunitario en las próximas semanas para reducir la dependencia europea del exterior y pidió cooperación a los países miembros. “Cuando hay una crisis, los Estados miembros quieren un enfoque más europeo, pero luego muchos piensan en términos nacionales”, reprochó Oettinger a los gobiernos.