Cientos de jóvenes detenidos tras una escalada represiva en Venezuela

Cerca de un millar de efectivos de la Policía Bolivariana de Venezuela y tropas de la Guardia Nacional actuaron durante la madrugada del jueves en una redada para asaltar los principales reductos en Caracas de los movimientos estudiantiles. Durante la operación los cuerpos de seguridad derribaron cuatro campamentos de tiendas de campaña al este de la ciudad donde desde hace semanas pernoctaban militantes de las facciones estudiantiles más radicales de oposición, vanguardia de las protestas que tienen lugar en varias ciudades venezolanas desde el pasado febrero. De acuerdo a reportes oficiales, 243 personas resultaron detenidas. Sin embargo, versiones de voceros estudiantiles y denuncias en las redes sociales llevaban esa cifra a más de 600, incluyendo a numerosos menores de edad.

La batida fue el colofón de una escalada represiva que comenzó unas horas antes, el miércoles de la noche. Entonces se supo que la policía política Sebin (siglas del Servicio Bolivariano de Inteligencia) había arrestado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana, a Rodrigo Diamanti, dirigente de la organización no gubernamental Un Mundo sin Mordaza. Ya las autoridades venezolanas habían allanado la semana pasada la sede de la ONG, cuyo trabajo se desarrolla en la defensa de la libertad de expresión.

También al final del miércoles –día en el que, por cierto, se había suspendido la prevista cuarta reunión del diálogo de paz entre Gobierno y oposición-, el órgano rector de las telecomunicaciones, Conatel, anunció el cierre del programa Plomo Parejo, un popular espacio de denuncias y chismes políticos conducido en la radioemisora capitalina RCR 750 por Iván Ballesteros. De acuerdo a los portavoces del organismo estatal, el programa contravenía la normativa del sector al "incitar a la violencia".

El Gobierno de Nicolás Maduro asegura que la oleada de desórdenes y protestas callejeras que brotó en febrero tuene carácter insurreccional y forma parte de una conspiración para derrocarlo. Si bien el tiempo, las arremetidas policiales y el diálogo entre el Gobierno y la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) -instaurado este último bajo los auspicios de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) y el Vaticano-, han contribuido a bajar el volumen de las protestas hasta casi extinguirlas, a tres meses de su inicio todavía persisten algunos focos de perturbación desde los que, casi a diario, se organizan manifestaciones y cierres de calle. Las autoridades señalaban lis campamentos estudiantiles como puntos de irradiación subversiva.

El ministro del Interior y Justicia, general Miguel Rodríguez, se felicitó por una "operación limpia" que habría contado con el "factor sorpresa" como principal aliado. En sus declaraciones, ofrecidas en rueda de prensa este jueves en la mañana, el encargado de la seguridad nacional afirmó que en los campamentos estudiantiles se habrían incautado armas, drogas y divisas extranjeras. La operación arrasó cuatro concentraciones de carpas en los municipios Chacao y Baruta de Caracas donde los estudiantes vivaqueaban, incluyendo el emblemático plantón frente al edificio que aloja las oficinas de las Naciones Unidas en Venezuela.

Si bien el Gobierno chavista ha justificado las incursiones de trasnocho por su obligación de restaurar el orden público en la ciudad capital, sus efectos inmediatos fueron los contrarios: el jueves, a comienzo de la tarde, diversas zonas del este de Caracas permanecían paralizadas por protestas callejeras en demanda de la liberación de los detenidos. Al menos cuatro estaciones de la medular línea 1 del Metro de Caracas estaban cerradas y varias rutas del servicio de Metrobús quedaron suspendidas. Al caer la noche la violencia continuaba en las calles de Los Palos Grandes, en Caracas. Un policía resultó muerto y otros dos heridos por disparos, según informó la alcaldía del municipio Chacao. El agente es la víctima número 42 desde que empezaron los disturbios

Entre tanto, otro evento del día que amenazaba con sumar su aporte al caos urbano, la audiencia judicial del dirigente opositor Leopoldo López, fue postergado. López, ex alcalde del municipio caraqueño de Chacao y líder del partido Voluntad Popular, permanece recluido en una prisión militar desde el pasado 18 de febrero, cuando se entregó a las autoridades. El Gobierno venezolano acusa a López –una de las cabezas del movimiento La Salida, que propugna el inmediato desplazamiento de Nicolás Maduro del poder- de ser uno de los principales instigadores de los disturbios en la calle.

En cumplimiento de los lapsos legales, López debía acudir a una vista ante un tribunal que decidiría si el ex alcalde continuaría en prisión y si sostenía las acusaciones presentadas en su contra por la Fiscalía, bajo control del Gobierno. La sesión había generado una gran expectativa, pues se preveía que la decisión judicial podía alimentar las protestas en la calle. Desde temprano la Guardia Nacional había tomado los alrededores del Palacio de Justicia, en pleno centro de Caracas, y el propio reo fue trasladado en horas de la madrugada desde la cárcel militar de Ramo Verde. Sin mediar argumentos, el tribunal difirió la audiencia. No se ha dado a conocer una nueva fecha.