Michoacán ensaya la recomposición de su tejido social

Un par de remolques del Gobierno mexicano proveía sombra a una docena de mujeres indígenas que se refugiaba del sol de la mañana en Uruapan, un municipio de 300.000 personas en Michoacán (al suroeste de México), un estado gravemente afectado por la violencia del narcotráfico y uno de los pocos que vio incrementar en 2013 su cifra de homicidios dolosos (tuvo 200 más que en 2012). La escena del sábado no reflejaba el drama que varios de los habitantes de esta zona del país han sufrido en los últimos años.

-“¿A qué vino usted esta mañana?”, se le pregunta a una de las mujeres, que viste las coloridas prendas de los purépechas, el principal pueblo indígena que habita Michoacán.

-“A lo del… cáncer de mama”, responde con un español atropellado mientras se toca un pecho. “El doctor nos mandó”.

Lo que más preocupa a esta mujer, sin embargo, es encontrar alguien que le regale una tortilla o algo de comer. Salió de su pueblo, Comachuén, a las cinco de la mañana. Las autoridades del pueblo las convocaron y las subieron a un autobús para enviarlas a este predio, donde iba a estar por un día la única unidad móvil de mastografías en el Estado, un remolque adaptado con un escáner que puede atender a 40 mujeres al día. En un par de horas ya había hecho 12 exámenes. La demanda había provocado fallas en el aparato. “Hubo una insuficiencia de energía, pero ya la están arreglando”, dice la enfermera que daba los turnos mientras señala a una cuadrilla especial de electricistas que trata de reparar el suministro para la agobiada máquina.

El Gobierno mexicano llevó a cabo en Uruapan la Feria de Atención Integral, la primera realizada en Michoacán. Roberto Campa, el subsecretario de prevención y participación ciudadana de la secretaría de Gobernación (ministerio del Interior) supervisó las decenas de puestos montados por 40 dependencias de nueve secretarías de Estado para “acercar los servicios a la comunidad”. La feria se llevó a cabo en Valle Dorado, una colonia de alta marginación con índices delictivos que van al alza. El barrio contiguo es el que más prisioneros manda a la cárcel local.

El pasado cuatro de febrero el presidente Enrique Peña Nieto anunció una inversión de 45.500 millones de pesos (3.463 millones de dólares) para tratar de recomponer el tejido social del Estado, que fue resquebrajado por la violencia. En ese entonces mencionó que los recursos comenzarían a enviarse una vez que avanzara su estrategia basada en la fuerza. Esta se emprendió a mediados de enero para acabar con el cártel de los Caballeros Templarios y recuperar las zonas donde los criminales campeaban a sus anchas. La ofensiva ha dado resultados en tres meses. Las principales cabecillas del grupo criminal han sido anuladas por el ejército y la Marina, a excepción de Servando Gómez, conocido como La Tuta.

La asistencia de la gente a la feria de este sábado, que también estará presente en Morelia, Lázaro Cárdenas y Apatzingán, hizo notar que el Estado había estado mucho tiempo ausente de estas tierras. “Ya se habían tardado. Desde cuando debieron haber hecho esto”, decía Rogelio Navarro, un ejidatario de la zona. Se enteró hace poco de la iniciativa del Gobierno. A pesar de ello, trae entre manos un nutrido paquete de exigencias e ideas para su comunidad. “Un desayunador para la escuela de los niños, un tractor D-7, computadoras (ordenadores), un salón de tele bachillerato, una cancha de fútbol rápido y si se puede y no es mucho pedir, un apoyo para la banda de viento de los muchachos”, enlista. Cada petición figura en sendas cartas dirigidas al presidente Peña Nieto. Al calce de las misivas viene una marca de un sello de goma del ejido Sabino con el rostro del michoacano más emblemático, el expresidente Lázaro Cárdenas.

El programa a nivel nacional contempla 132.000 millones de pesos (unos 10.000 millones de dólares) que serán invertidos en 250 barrios pobres u oprimidos por la violencia en los 32 estados del país. Para Michoacán, el ministerio del Interior destinará 87 millones de pesos (6.6 millones de dólares). “Las ferias son una forma de dar recursos de forma fácil para que la gente no arriesgue la vida, para que tengan que asarse al otro bando”, asegura un funcionario de la secretaría que ayudó a organizar el evento.

Muchas de las becas y apoyos ofrecidos este fin de semana eran desconocidos para la mayoría de los asistentes. Judith Reyes, vecina de la zona, acudió con su hija Esmeralda, de 14 años, que está a punto de entrar a la preparatoria. En el sitio de la Secretaría de Educación Pública aprendió que existe una beca contra el abandono escolar. Su primogénita recibirá por ser mujer en el primer año 725 pesos al mes (55 dólares) solo por acudir a clases. “Con eso se aseguran sus camiones y las compras de material”, dijo su madre después de registrar a su hija en el programa. Al fondo, mediante un altavoz se escuchaban fragmentos de lo que los ofertantes exponían a la población. “A fondo perdido… créditos blandos…bajas tasas de interés”. Eran términos económicos que trataban de popularizar entre campesinos, indígenas y amas de casa.

Las ferias de atención integral, que se han realizado en entidades como Guerrero (que encabeza la lista de estados con más homicidios), Durango (que sufrió el embate de Los Zetas) y Morelos (que vive una epidemia de secuestros e inseguridad), tienen por demostrar que la batalla que se da después de la violencia es la más exigente. La recomposición del tejido social de la sociedad mexicana aún es el complejo objetivo por lograr una vez que las balas dejen de silbar.