El Senado mexicano aplaza la discusión sobre telecomunicaciones

Los senadores mexicanos han admitido que no habrá discusión legislativa sobre las leyes reglamentarias de telecomunicaciones antes del mes de junio. El presidente de la comisión encargada de dictaminar el texto de las normas secundarias ha reconocido que se necesitarán periodos extraordinarios antes de que se pueda desenredar la madeja que se ha creado en torno a uno de los proyectos más ambiciosos del presidente Peña Nieto.

Javier Lozano, senador del Partido Acción Nacional (PAN, de derechas) y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Trasportes, había señalado el pasado 27 de marzo que las leyes secundarias serían aprobadas antes del 25 de abril. La fecha ha llegado y no ha quedado otra opción más que reconocer que será imposible la aprobación del texto en los cinco días que faltan para que concluya el periodo de sesiones del Congreso mexicano. “Nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. La coincidencia y el objetivo es que el proyecto rescate en letra y espíritu la reforma constitucional. No puede haber desviaciones”, dijo el senador después de reunirse con los integrantes de su bancada.

Este jueves los coordinadores en el Senado y la Cámara de Diputados de los tres principales partidos se reunieron a puerta cerrada por cuatro horas en un exclusivo restaurante para tratar de solucionar el puzzle que tienen frente a ellos. El coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, señaló que su bancada no discutirá ninguna reforma si antes no se aprueban las leyes secundarias en materia política electoral. “Es inamovible”, dijo. Cuando eso suceda comenzarán los procesos para dictaminar y discutir en el pleno las leyes de telecomunicaciones, y luego, la energética.

El Gobierno envió su propuesta de leyes secundarias en telecomunicaciones al Senado el 24 de marzo. El texto llegaba con casi cuatro meses de retraso y causó gran malestar por su contenido, pues algunos legisladores, analistas y miembros de la sociedad civil consideraron que contravenía a la ley aprobada en 2013, orientada a restar peso a los gigantes del sector: América Móvil, del magnate Carlos Slim y Televisa, de Emilio Azcárraga.

El proceso de esta reforma ha sido seguido con gran interés. Grupos de la sociedad civil salieron a las calles este martes para exigir garantías a la libertad de expresión y clamar un “no a la censura”. El proyecto original enviado por el Gobierno contemplaba la posibilidad de que las autoridades intervinieran las comunicaciones en tiempo real. Los concesionarios estarían obligados a conservar un registro y un control de las comunicaciones de sus usuarios.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el Gobierno) se vio obligado a escuchar el movimiento en las calles. Un día después de la manifestación el líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, acompañado por Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes (el ministerio encargado de escribir la propuesta del Gobierno), anunciaron que harían modificaciones al proyecto para “no desvirtuar el debate y se pretenda decir que se quiere censurar o restingir el acceso a Internet, lo cual es falso”.

El Gobierno cambiará su propuesta en esos aspectos, pero se ha mostrado inflexible en otros reproches que se le hacen, como otorgar más facultades y autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo que será el encargado de fomentar la competencia en la industria. Gamboa señaló que el Estado debe tener la última palabra en el sector.

Ley de competencia económica

Los senadores han aprobado esta tarde la ley de competencia económica, una de las normas propuestas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto para debilitar a los monopolios que operan en las más diversas industrias del país, desde la distribución de harina de maíz, el transporte aéreo, la distribución y venta de medicamentos, etc. La negociación no fue fácil, pues la minuta se analizó por cerca de un mes y las discrepancias entre los principales partidos políticos empantanaron la discusión. Esta tarde se aprobó sin demasiados problemas después de que los coordinadores anunciaran ayer que necesitaban llegar a este acuerdo para avanzar en los muchos pendientes que tienen.

El texto fue aprobado por 105 votos de los legisladores del PRI, PAN y PRD. El Partido del Trabajo se opuso con cuatro votos. Los senadores del Partido de la Revolución Democrática, de izquierdas, reconocieron el avance que significa esta ley. “México es hoy uno de los países más desiguales del mundo y registra una evidente concentración económica en importantes actividades que han tenido severos impactos negativos en la población”, señaló en tribuna Alejandro Encinas.

La ley aprobada fortalece a la recién creada Comisión Federal de Competencia (Cofece), un organismo autónomo que servirá de árbitro. Los senadores han otorgado a este instituto facultades que lo convierten en una fiscalía, ya que podrá realizar investigaciones penales en empresas que tengan actividades monopólicas. Los enviados de la Cofece podrán visitar a las empresas, citar a declarar a sus empleados y a otras personas relacionadas con las investigaciones, y tendrán acceso a los papeles, documentos y libros contables de los organismos que investiguen. La ley también otorga a la comisión el derecho a imponer sanciones y ordenar las medidas que mejor crea convenientes para eliminar las trabas de la libre competencia. La Cofece podrá solicitar el apoyo de la policía o de cualquier autoridad para poder llevar a buen término sus fallos.

La norma aprobada será enviada a la Cámara de Diputados para que discutan sobre las observaciones realizadas esta tarde.