La comisaría que vigila a periodistas y medios en Ecuador aplica la mano dura

El periodista Carlos Ochoa acaba de cumplir seis meses como titular de la novísima Superintendencia de la Información y la Comunicación, creada para ejecutar la Ley de Comunicación. Este periodista fue elegido en octubre pasado de una terna propuesta por el presidente Rafael Correa  y dejó los platós de televisión para convertirse en un juez de los medios de comunicación y de sus colegas. Su designación fue polémica por su apego al Gobierno pues venía de dirigir el noticiero en uno de los canales de televisión incautados por el Estado y antes estuvo en el canal público.

Su rechazo a los medios de comunicación privada era notario, en las columnas de opinión que escribía para el diario cercano al Gobierno PP El Verdadero, Ochoa se refería a la prensa privada con calificativos como: dependientes del poder, representantes o defensores de un sistema excluyente y generador de miseria, agoreros del desastre y miserables.

Aquella parcialidad ha quedado en evidencia durante el poco tiempo que lleva al frente de la Superintendencia de la Información y la Comunicación. Las sanciones que ha impuesto, y que se han hecho públicas gracias a los demandados, han afectado solamente a periodistas de los medios privados y las primeras multas han recaído en los diarios El Universo y Extra, condenados a pagar el 10% del promedio de su facturación trimestral. El primero fue sancionado por no haber dado información veraz y contrastada en una caricatura, y el segundo por negarse a rectificar un par de titulares tachados de morbosos.

Él último caso que pasó por el tribunal de Ochoa fue el pedido de sancionar al periodista veterano Diego Oquendo (vapuleado constantemente por el presidente Rafael Correa), por supuestamente haber instigado el linchamiento mediático de nuevo a una exministra de Educación, que fue desprestigiada en los años noventa por copiar su tesis doctoral. Al final este caso no fue a más, pero analistas de la comunicación como César Ricaurte, director de la ONG Fundamedios, opina fue "un llamado de atención".

Los medios de comunicación del Estado no han recibido ninguna sanción, al menos no se ha conocido públicamente. La única queja contra los medios del oficialismo que trascendió fue descartada en pocos días. La denunciante fue la activista política de centroizquierda Martha Roldós que reclamó por haber sufrido linchamiento mediático de parte del periódico público El Telégrafo y el concierto de medios gobiernistas que durante diez días replicaron como noticia su iniciativa de buscar financiamiento en Estados Unidos para crear una agencia de noticias. "Hicieron una interpretación novelesca de mis correos electrónicos, que además fueron hackeados, e iniciaron un linchamiento mediático, no fue una mención, fue el diario El Telégrafo, más la Agencia Andes, más la radio pública y hasta hubo un especial de tres partes en los canales incautados por el Estado, en horario prime-time, todos reflejaban esa visión delirante y paranoica de que un pequeño proyecto realizado por ciudadanos ecuatorianos pretendía desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región y esto se hizo eco hasta en las sabatinas (rendición de cuentas semanal de Rafael Correa)", cuenta Roldós.

La denuncia de Roldós fue archivada con el único argumento de que no se había adjuntado la copia del documento de identidad de la demandante. "Esto es un tecnicismo, me podían haber comunicado que faltaba esto para completar la denuncia que presenté personalmente, pero nada, ni siquiera nos comunicaron del archivo de la queja, yo me enteré por una periodista, por eso digo que yo mismo comprobé que la Ley de Comunicación a más de inconstitucional, también es discrecional en su aplicación", dice la afectada.

La Superintendencia de la Información y la Comunicación se ha negado a dar detalles de los procesos que ha conocido en estos seis meses. En su sitio web solo ha publicado datos generales sobre el casi centenar de denuncias que ha recibido hasta marzo pasado. En el boletín señala que 36% de los reclamos tiene relación con pedidos de rectificación de noticias difundidas por los medios de comunicación y que la mayoría de las quejas involucra a medios audiovisuales (42%), seguido en un menor porcentaje por medios impresos (33%), radiales (20%) y digitales (5%). De esas denuncias se han resuelto 77; 14 cuentan con resolución sancionatoria, tres han sido archivadas y otros 60 no han terminado el trámite por desistimiento de una de las partes, falta de documentación, entre otras razones.

Este periódico, particularmente, hizo un pedido para entrevistar a Carlos Ochoa en febrero y recién en esta semana recibió un correo electrónico para remitir los temas a tratar durante el encuentro y la disculpa fue que el departamento de Coordinación General de Imagen y Comunicación de la Superintendencia está en proceso de conformación. La ONG Fundamedios ha apelado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para obtener más detalles de los procesos, pero ya ha recibido dos negativas porque no se ha explicado para qué se usará esa información. Para su director, César Ricaurte, hay "una voluntad deliberada de ocultar los procesos de juzgamiento a los medios de comunicación, eso debería ser público, no hay ningún artículo en la Ley que diga que eso es información reservada".

Ricaurte también habla de la implementación de la censura previa. "La Ley se ha convertido en una herramienta para castigar líneas editoriales y para amedrentar a los periodistas críticos al Gobierno", señala. "Si uno ve el castigo contra diario El Universo lo que le dicen es que si usted no censura las caricaturas, los contenidos, incluso de sus editorialistas, usted puede ser castigado. Eso es censura previa".

Fundamedios tiene reportes de que ya existen abogados trabajando codo a codo con los periodistas en las redacciones. "Los abogados revisan las páginas, las notas, para buscar una situación de riesgo que podría conducir a la apertura de un proceso contra el medio y esa nota se la descarta o se la rehace, algunos medios han adoptado esta práctica y es natural, los medios no quieren someterse a procesos que conduzcan a multas millonarias", dice Ricaurte

Vicente Ordoñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, considera que con tantas restricciones al final pierde la sociedad. "Esta institución (la Superintendencia de la Información y la Comunicación) se ha convertido en una especie de comisaría que vigila el trabajo de periodistas y los medios de comunicación y se denota una clara intención de poner miedos a los medios y periodistas y eso afecta a la fluidez de la información".

El caricaturista Xavier Bonilla (Bonil), que tuvo que rectificar una de sus viñetas, por la que El Universo tuvo que pagar en torno a 90.000 dólares, dice que ha habido suficientes indicios de que la Superintendencia se hace "eco de las acciones de revanchismo del régimen" y le preocupa que este organismo siga trabajando al margen de la demanda de inconstitucional que se planteó en contra de la Ley de Comunicación hace siete meses en la Corte Constitucional.

La legitimidad de la Superintendencia de la Información también está en duda porque su creación no fue discutida en la Asamblea Nacional. La creación de este organismo simplemente apareció de la noche a la mañana dentro de ese conjunto de artículos de la Ley de Comunicación que no fueron debatidos por los legisladores.

Para el investigador Christian Oquendo, que elaboró un informe sobre la gestión de Ochoa, es muy difícil justificar dede la Academia las acciones de la Superintendencia de la Información y la Comunicación tomando en cuenta parámetros éticos, deontológicos o incluso teorías de la comunicación. "Se ha organizado una suerte de tenaza que opera al nivel institucional, judicial y mediático para acallar y limitar las opiniones de los críticos y opositores al Gobierno", concluye en un escrito.