Familiares de presos políticos iraníes protestan por su maltrato

Siete diputados iraníes han pedido una investigación sobre las presuntas agresiones a presos políticos en la cárcel de Evin, en Teherán. Su demanda se produce tras haber escuchado a familiares de las víctimas. Webs opositoras y cadenas de televisión en persa que emiten desde fuera de Irán aseguran que los reclusos fueron golpeados durante un registro de sus celdas el pasado jueves. Una treintena de ellos habrían resultado heridos. Las autoridades han negado que hubiera maltrato, pero las inusuales protestas de las familias y la decisión de los parlamentarios apuntan a que algo ha sucedido.

Decenas de familiares de presos políticos se congregaron ayer martes frente a la sede de la Presidencia en el centro de Teherán para denunciar la agresión contra sus seres queridos, informa la web opositora kaleme.com. Al parecer, pedían explicaciones oficiales por lo sucedido. El domingo anterior, se habían quejado ante el Parlamento. Las manifestaciones son muy infrecuentes en la capital iraní, donde cualquier expresión pública no autorizada es reprimida con rapidez, en especial desde las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2009.

Poco antes, el diputado Ali Mottahari, que según la agencia semioficial Isna se unió a los manifestantes, y otros parlamentarios habían interrogado en la Cámara al responsable de prisiones, Gholam-Hosein Esmaeili. Tanto Esmaeili como el ministro de Justicia, Mostafa Pourmohamadi, negaron que se hubiera producido ataque alguno y atribuyeron lo ocurrido a que dos reclusos se habían resistido a un registro en busca de móviles y “habían resultado ligeramente heridos”. Las autoridades iraníes han calificado las acusaciones de “invenciones fomentadas por los enemigos del Gobierno”.

La Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán ha confirmado que “decenas de agentes de los servicios secretos y de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza en el módulo 350 de la cárcel de Evin el 17 de abril”, reservado a los presos políticos. El pretexto, según ese grupo, era “la búsqueda de móviles y otros objetos ilegales a los que los prisioneros pudieran haber accedido en contra de las normas”.

“Las fuerzas de seguridad utilizaron una violencia desmedida contra los presos. Los valientes testimonios de sus familiares no dejan lugar a duda”, afirma Hadi Ghaemi, el director ejecutivo de la Campaña. “Las autoridades iraníes deben dejar de negarlo y establecer de inmediato una investigación independiente para establecer responsabilidades”, añade.

Su comunicado reconoce que las inspecciones son un procedimiento habitual que se realiza con los presos en sus celdas, pero señala que en esta ocasión se les obligó a salir de ellas, a lo que algunos se resistieron porque temían que pudieran robarles sus pertenencias o que les colocaran algo ilegal entre ellas. Según el relato de los familiares, cuando pidieron que se les permitiera estar presentes durante el registro, los agentes, que estaban armados con porras, les empujaron con violencia y les golpearon para que abandonaran el módulo.

“Muchos de los presos fueron enviados a celdas de aislamiento tras las palizas, sin atención médica”, denuncia la Campaña citando a familiares que vieron a los presos el domingo durante las horas de visita habituales.

Los responsables de la cárcel han negado los golpes y aseguran que algunos presos se cortaron las manos cuando rompieron ventanas para protestar por la requisa.

Amnistía Internacional también ha expresado su preocupación por el incidente. Esta organización de derechos humanos, que a menudo critica el sistema judicial iraní, se hace eco de informaciones según las cuales 32 presos habrían sido enviados a celdas de aislamiento. Otras fuentes hablan de una treintena de heridos, entre ellos cuatro de gravedad. Además, según Kaleme, 12 de ellos habrían iniciado una huelga de hambre.

El asunto de los presos políticos continúa siendo un asunto muy delicado en Irán. Cientos de iraníes fueron detenidos tras las protestas que siguieron a la reelección de Mahmud Ahmadineyad en 2009, que los dirigentes de la oposición tacharon de fraudulenta. La llegada al Gobierno de Hasan Rohani el año pasado alentó la esperanza de que serían liberados. Sin embargo, tras un gesto con una docena de ellos en septiembre, poco antes de acudir a la Asamblea General de la ONU, no ha habido cambios.

“Aún quedan casi mil”, declaró una de las puestas en libertad, la abogada Nasrin Sotudeh, a esta enviada el pasado diciembre.

El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos expresó el pasado febrero su preocupación por el alarmante aumento de las ejecuciones en Irán, en especial en el caso de los presos políticos y de los miembros de las minorías.