El británico Cameron queda en evidencia tras la dimisión de su ministra de Cultura

La caída de una política de segunda fila ha acabado convirtiéndose en una patada en el trasero del primer ministro británico, David Cameron. Durante una semana que se ha hecho larga, Cameron ha estado protegiendo a Maria Miller, ministra de Cultura, a pesar de que había tenido que devolver 7.000 euros por gastos parlamentarios cobrados indebidamente y se tuvo que disculpar la semana pasada en los Comunes. La disculpa no pareció sincera y la presión se incrementó. Miller renunció a primera hora del miércoles, dejando a Cameron en evidencia.

El primer ministro, que cuando estaba en la oposición lideraba la mano dura contra los diputados que incurrieron en gastos parlamentarios injustificados o excesivos, ha dado ahora la imagen contraria al proteger constantemente a la ministra. Su argumento era que Miller había sido exonerada de la sospecha inicial de que había falseado las cuentas. Pero no le dio la suficiente importancia al hecho de que, aun y así, la diputada tuvo que devolver parte del dinero recibido y fue obligada a disculparse en los Comunes por no haber cooperado de forma abierta con los investigadores parlamentarios.

Y no solo eso. La funcionaria encargada de investigar a la ministra llegó a la conclusión de que esta tenía que devolver la mitad de los 110.000 euros que había cobrado entre 2005 y 2009 como ayudas a la vivienda. Pero la comisión parlamentaria que debía tomar la decisión no siguió la recomendación de la funcionaria y acabó exigiendo solo la devolución de una fracción. La comisión está formada por 10 diputados y tres asesores externos, pero la decisión la toman solo los diputados. Eso ha hecho que se levantaran voces proclamando que los parlamentarios no deberían decidir por ellos mismos si cumplen o no las reglas de gastos y que estas decisiones las debería tomar una comisión independiente.

Quizás la gran paradoja es que ese es precisamente uno de los dilemas que separan a los periodistas y a los políticos a la hora de decidir cómo han de regularse los primeros tras el escándalo de las escuchas ilegales del desaparecido tabloide News of The World. Una tarea que estaba precisamente en manos de Miller como responsable de Cultura y que es para la prensa lo que fue el escándalo de los gastos parlamentarios para la clase política en 2009.

La propuesta de regulación de Miller, pactada por los tres grandes partidos y un grupo de afectados, pero rechazada de forma casi unánime por la prensa, no ha sido ajena a la caída de la ministra. La primera noticia sobre los problemas con sus gastos parlamentarios la publicó en diciembre de 2012 el Daily Telegraph, uno de los más acérrimos enemigos de la regulación. El anterior director del diario, Tony Gallagher, ha revelado estos días que Miller y un colaborador de Cameron le amenazaron de forma velada entonces con endurecer la normativa si seguían informando de los problemas de la ministra.

En condiciones normales, la dimisión de un político de tan bajo perfil apenas tendría efectos y la debilidad de Cameron sería un episodio más en un primer ministro que hace ya algún tiempo que se tambalea por la falta de apoyos o, más bien, por el exceso de opositores dentro de su partido. Pero las actuales condiciones no son normales y hay claros indicios de que el principal beneficiario de esta crisis no es la oposición laborista que, por cierto, nunca ha llegado a pedir la dimisión de Miller. El principal beneficiario es el UKIP de Nigel Farage, la formación populista que hace bandera de sus posiciones contrarias a la Unión Europea, a la inmigración y también a la clase política en general.

Los debates sobre los gastos de Miller, su resistencia a asumir responsabilidades, su falta de cooperación con los investigadores parlamentarios, su pintoresca disculpa en los Comunes —que despachó en 32 segundos y dando la impresión de que no estaba en absoluto arrepentida de lo que había hecho sino más bien rabiosa por tener que disculparse— y, desde luego, la fidelidad del primer ministro a uno de los suyos no han hecho más que reforzar la imagen de Farage y del UKIP como alternativa a los grandes partidos del establishment político británico en vísperas de las elecciones europeas y locales de mayo.

La ministra de Cultura había cobrado 110.000 euros en concepto de gastos de vivienda entre 2005 y 2009 a pesar de que en la casa por la que reclamaba la devolución de los intereses de la hipoteca vivían también sus padres. Y eso es contrario a las reglas de gastos que regían entonces en los Comunes.

La investigadora de su caso recomendó que se le pidiera la devolución de la mitad de esa cantidad. Al final, Miller tuvo que devolver mucho menos dinero porque la comisión parlamentaria correspondiente concluyó que el cálculo de los gastos que tenía derecho a reclamar debía hacerse no solo sobre la hipoteca inicial sino también sobre posteriores ampliaciones.