Tácticas extremas reavivan la lucha contra las deportaciones en Estados Unidos

¿Cuánto más podrá resistir el gobierno estadounidense sin un cambio legal o administrativo en sus leyes de inmigración? La pregunta es obligada después de dos millones de deportados y un alza en las estrategias de choque de activistas que buscan impulsar un cambio radical.

“Obama está deportando a ciudadanos estadounidenses”, eso es lo primero que sale de la garganta de Ernestina Hernández. Habla de los diez meses que su esposo Manuel ha pasado en el centro de detención Joe Corley, en la comunidad de Conroe, Texas, haciendo una huelga de hambre para exigir el fin fe las deportaciones.

“Hace tiempo, cuando fue a México, lo secuestraron y golpearon, esa es la vida a la que tiene que regresar. ¿Qué hacemos nosotros? Si deportan a su papá, ¿cómo le explico a mi hija que lo dejamos ir? Y si nos vamos con él, ¿qué futuro le espera a mi hija allá?”, dice con indignación.

Luego de cinco años del gobierno de Barack Obama, la vida bajo el sistema actual de inmigración ha colmado la paciencia de muchos. La presión por un cambio se está desbordando a las puertas de las agencias de gobierno.

La huelga de hambre en el centro de detención Joe Corley, en Texas, le sigue a acciones similares iniciadas en Tacoma, Washington, donde se comenzó un masivo ayuno a principios de marzo. Estas son solo una de varias estrategias de choque que están dibujando un panorama complicado para el Gobierno. Obama tendrá ahora una compañía indefinida en la fachada de la Casa Blanca. Activistas del grupo Dram Action Coalition recordarán diariamente a quien pase por ahí cómo les ha impactado el fenómeno de las deportaciones. La campaña demostrará de forma visible la necesidad de frenar el éxodo de personas que no han cometido delitos.

“No podemos esperar un día más. Una revisión de 90 días son 99,000 deportaciones más”, aseguró Erika Andiola, co directora de Dream Action Coalition, refiriéndose al plazo implícito que según diversos activistas Obama mencionó en una reunión a finales de marzo, en la que prometió revisar el sistema actual.

Ni siquiera cuando el Presidente ha salido del país, el tema de ha alejado de su agenda. En su reciente visita al Vaticano, la atención mediática estuvo concentrada en el caso de la niña de 10 años, Jersey Vargas, que logró acercarse al papa Francisco en una audiencia pública y pedirle que intercediera ante Obama para frenar las deportaciones y devolverle a su padre, detenido por Inmigración.

“Creemos que nuestro movimiento de base está penetrando Washington. A lo largo del país tenemos gente hablando de las deportaciones, no hacemos esto porque creamos que la reforma migratoria está muerta, sino porque pensamos que hay ciertos pasos que deben darse ahora”, insistió Tania Unzueta, organizadora de National Day Laborer Organizing Network.

Sin frontera

En la frontera la situación es aún más tensa. El 1 de abril pasado, la Conferencia de Obispos de Estados Unidos celebró una misa en Nogales, Arizona, en honor a los cerca de 6,000 inmigrantes indocumentados muertos desde 1998, mientras intentaban cruzar el desierto.

“Al final del día esto se trata de seres humanos, de once millones de seres humanos que permanecen en las sombras. No podemos esperar hasta que los vientos políticos cambien. Hay un imperativo moral de actuar lo antes posible”, explicó Kevin Appleby, director de inmigración para la Conferencia de Obispos de Estados Unidos.

Al final de la homilía, dos personas que habían sido deportadas recientemente desde el centro de detención de Phoenix, Jaime Valdez y Ardani Rosales, se presentaron en la garita para solicitar una reapertura de sus casos y obtener libertad condicional humanitaria. Ambos habían sido deportados tras participar en una huelga de hambre.

Los funcionarios de inmigración han tenido que debido adaptar el sistema para este tipo de casos, luego de la ola de personas que han llegado a la frontera con la misma meta. A principios de marzo, un grupo de más de 150 personas llegó a Otay Mesa, en California. Entre ellos viajaban niños, jóvenes y padres que habían sido deportados o habían salido del país para evitar la separación familiar.

El grupo se autodenominó Reforma 150 y llegaron a Estados Unidos en el marco de la campaña “Bring Them Home”. Algunos de ellos han podido reunirse con sus familias, mientras otros esperan salir del centro correccional de San Diego. Organizaciones como National Immigrant Youth Alliance (NIYA) están detrás de este esfuerzo, así como grupos similares, Dream 9 y Dream 30. Esto forma parte de la escalada de acciones, cada vez más extremas, que se caracterizan por la ausencia del miedo de este grupo de personas a las que ya no queda nada más que perder.