Bruselas denuncia el aislamiento de los gitanos en la UE

Seis millones de europeos viven casi al margen del resto de la población. Son gitanos, una comunidad históricamente maltratada a la que las autoridades no consiguen integrar en las sociedades de la Unión Europea. Bruselas intenta situar este reto en el centro de las políticas sociales, aunque los progresos son limitados. “Realmente tenemos un problema con los gitanos”, admite la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, en una entrevista con este diario. La segregación en las escuelas, la discriminación laboral y la agrupación en guetos impiden la mejora de este colectivo, según denuncia la Comisión Europea en un documento al que ha tenido acceso este diario.

La exclusión de los gitanos es una espiral difícil de romper. Los niños se escolarizan tarde y les cuesta adaptarse al resto de los compañeros. Esas dificultades, unidas al rechazo de muchos padres, propician el fracaso escolar. Sin estudios, los gitanos tienen pocas posibilidades de encontrar empleo. Y finalmente acaban malviviendo en comunidades cerradas y con pocas vías de escape.

El documento, que se hará público este viernes, evalúa las medidas que han adoptado los Estados miembros para mitigar el problema, con gran énfasis en los pequeños logros para que cunda el ejemplo. “Están ocurriendo muchos pequeños milagros, pero falta un enfoque horizontal en la UE”, asegura Reding, que atribuye la falta de interés de muchos políticos a que estos proyectos “no dan réditos electorales”. Bruselas acoge este viernes una conferencia de alto nivel, con la presencia de miembros de Gobierno de diferentes países, la cúpula de la Comisión Europea, el inversor y filántropo George Soros y activistas de la comunidad gitana, para debatir soluciones al problema.

El más acuciante es la segregación de los niños en escuelas o clases especiales para gitanos. Estas prácticas son mayoritarias en algunos países, con cotas de hasta el 58% en Eslovaquia, el 45% en Hungría o el 35% en Grecia. En España los datos apuntan al 10%, aunque en muchos Estados las cifras oficiales camuflan el problema. “En la República Checa ocurren algunas cosas positivas. El Parlamento está debatiendo una iniciativa para ayudar a los niños gitanos pero propone alcanzar la integración a través de la segregación. Es un enfoque equivocado”, explica Kumar Vishwanathan, responsable de la ONG Viviendo Juntos, que lucha por los derechos de esta comunidad en República Checa.

La UE descubrió muy tarde que debía esforzarse en integrar a los gitanos. Porque hasta la ampliación del club comunitario hacia el Este, conformaban una población residual, con España y Grecia como países con los mayores porcentajes (algo más del 1% de la población). Pero entre los 10 Estados que se incorporaron a la UE en 2004 figuraban Hungría, con un 7,5% de gitanos entre sus habitantes, y Eslovaquia, con el 9%. Y en 2007 se sumaron Bulgaria, donde el porcentaje roza el 10%, y Rumanía, con casi el 9%.

Para fomentar el acomodo con el resto de los europeos, Bruselas ha dispuesto partidas que los países se resisten a usar. “Los fondos no se usan como deberían. En el periodo 2014-2020 existe ya un mecanismo según el cual los países solo recibirán dinero de determinados fondos si presentan un plan de integración. Los resultados de invertir hoy en educación, por ejemplo, se ven en 15 años, así que es difícil políticamente. Pero el problema crece si no actuamos”, advierte Reding, que propone la creación de un fondo específico para esta comunidad.

El informe de la Comisión destaca algunas prácticas en la buena dirección: escolarización temprana en Finlandia, integración en los barrios de Alemania, campañas de vacunación en Polonia... España es uno de los que salen mejor parados en ese tipo de proyectos. “Siempre ha tenido gran interés y experiencia integrándolos. Ahora, España se enfrenta a un nuevo problema: gitanos que vienen de fuera, principalmente de Rumanía. La implicación de entidades privadas y de las redes de gitanos es muy importante”, valora Reding, que propone generalizar la designación de mediadores —como ha hecho España en el terreno sanitario— para propiciar la integración.