“Todos somos rehenes de Putin”

Los seis diputados tártaros del Parlamento de Crimea, como otros cargos electos pertenecientes a esa minoría (243.000 personas, el 12% de la población), aguardaban instrucciones de su máximo órgano ejecutivo, el Consejo Nacional o Kurultay, que se reunió este sábado en sesión de urgencia, para decidir qué actitud adoptar ahora que la anexión de Rusia es un hecho consumado (por ejemplo desde el domingo rige el huso horario de Moscú): si de franca oposición o una suerte de pragmatismo que les permitiera proteger sus derechos mediante una cooperación sutil con las nuevas autoridades. Triunfó la primera opción, y el Consejo resolvió, en virtud del derecho de autodeterminación de los pueblos, iniciar “el proceso político y legal para crear una autonomía territorial y nacional” dentro de Crimea.

A diferencia de los tártaros, el resto de minorías de la península gestiona su inquietud como puede, es decir, sin órganos representativos que les marquen una pauta de actuación. La comunidad ucrania (24%), que hasta hace unos días vivía en su propio país, dista mucho de estar organizada como tal, si bien engrosa otra minoría coyuntural —y transversal—, la de los activistas pro-Kiev. Por razones de seguridad, estos son intencionadamente invisibles: desde que empezó la crisis, al menos 20 de sus miembros han sido detenidos, tres de ellos han desaparecido durante días y uno más, de la minoría tártara, fue hallado muerto con evidentes signos de tortura.

“La comunidad tártara se halla profundamente dividida”, explicaba dos días antes de la reunión del Consejo Nacional tártaro Nariman Dzhelyalov, número dos del Mejlis, el órgano permanente de autogestión de esta comunidad, de religión musulmana suní y lengua túrquica y que durante tres siglos, del XV al XVIII, dominó la península. “La mitad se niega a aceptar que Crimea es ahora Rusia; la otra cree que debemos rendirnos a la evidencia. Incluso el Mejlis [250 miembros] está escindido al respecto. Hay quienes consideran que debemos luchar por nuestra independencia como entidad nacional, como la población indígena que somos, y no cooperar de ninguna manera con las nuevas autoridades. Pero la situación es excepcional, por lo que lo ideal sería conciliar posturas”, añadía Dzhelyalov. Frente a la moderación de Dzhelyalov, ganó la opción extrema defendida por el propio líder del Mejlis, Refat Chubarov, que ya había sugerido días antes la posibilidad de convocar un referéndum de autodeterminación.

Los seis diputados tártaros de Crimea están divididos a partes iguales, recalcaba Dzhelyalov en un ejercicio de sinceridad. También miembros del equipo de gobierno de la alcaldía de Bajchisarái, feudo histórico de los tártaros, que boicoteó la celebración del referéndum del 16 de marzo (solo se celebró en distritos de población mixta). En la ciudad, una hermosa postal de casas bajas, almendros en flor y minaretes afilados como puntas de lápices, son tártaros el 40% de sus 35.000 habitantes, así como el alcalde y la vicealcaldesa, Elmira Ablyamitova, que explica que los funcionarios de esa minoría se han dirigido a ella para preguntar qué hacen. “Continuar con nuestro trabajo como hasta ahora, en la medida de lo posible”, recalca la vicealcaldesa, “pero también acatar la decisión del Kurultay; haremos lo que nos diga porque tiene un objetivo muy claro, la defensa de nuestros derechos”. La reivindicación de Crimea como “territorio histórico” tártaro quedó expresa en el anuncio del sábado del consejo.

Ablyamitova dice temer solo por su hijo, de 17 años. “La ola de xenofobia se ha disparado con la victoria rusa, ahora están desafiantes, van casi perdonándonos la vida por las calles. Pero vamos a resistir, esta es nuestra madre patria”, explica. Este año se conmemora el 70º aniversario de la deportación por Stalin a Asia central —sobre todo a Uzbekistán— de unos 250.000 tártaros. El 40% murió de hambre, frío o enfermedades como consecuencia directa de la deportación; los supervivientes, o sus hijos, rehicieron a finales de los ochenta el camino de vuelta, aunque al llegar se encontraron sus casas ocupadas por extraños. No importa cuál sea el precio: Ablyamitova y los suyos, como decenas de miles de sus compatriotas, están dispuestos a aguantar en Crimea y, a partir de ahora, a hacerla definitivamente suya.

Pero la incertidumbre ante el futuro espolea un éxodo que aún solo puede calificarse de incipiente. “Al menos 200 ucranios han cruzado el paso fronterizo de Armiansk el pasado fin de semana, siendo registrados en el continente como refugiados”, explica el oficial ucranio Artum Korneyev. No pocos tártaros —unos 400, según Dzhelyalov— cruzaron a Ucrania en los primeros días de la crisis y otros muchos se plantean la posibilidad de emigrar o solicitar asilo en el extranjero, mientras que los griegos, que también se opusieron a la anexión, se rinden a la evidencia de que en la práctica Crimea y Rusia son hoy la misma cosa.

“¿Adónde vamos a ir? ¿A Grecia, a Constantinopla [nombre griego de Estambul]? Esta es nuestra tierra desde hace 6.000 años; no podemos hacer nada para evitar la presencia rusa, pero tampoco dejar abandonadas nuestras propiedades y empezar de cero en otra parte”, afirma Nikolái Sumulidi, líder de los 20.000 griegos de Crimea y uno de los dos diputados de esa comunidad en el Parlamento local. “Aceptaré el pasaporte ruso. ¿O es que alguien cree que sin ese documento se puede ir muy lejos?”.

Pragmatismo frente a resistencia; supervivencia cotidiana o defensa de las propias señas de identidad, la de unas comunidades que, expresamente o a regañadientes, se han visto obligadas a tomar partido en una guerra que les sobrepasa. “Somos todos rehenes de esta situación, el único que sale ganando es Putin”, explica Alexei Roman, un programador informático de 33 años. “Soy ucranio étnico y no tengo la menor intención de cambiar mi pasaporte por el ruso, pero no me parece nada bien que Ucrania nos considere unos criminales si lo hacemos”, explica, en referencia a una norma en tramitación en el Parlamento de Kiev sobre “territorios ocupados”, que prevé severas penas por traición para los crimeos —tanto de origen ucranio como tártaro o griego— que se rindan —por ejemplo, pidiendo el nuevo pasaporte— a las nuevas autoridades en caso de que entren en Ucrania.