El narcotráfico compra servicios de indígenas panameños en Darién

Bandas narcoguerrilleras colombianas despliegan una intensa ofensiva para reclutar a empobrecidos y jóvenes indígenas panameños en la selva del Tapón del Darién, en zonas cercanas a la frontera entre Panamá y Colombia, y seducirlos con atractivas ofertas de trabajos que, con pagos de hasta 300 dólares por día para el presunto transporte de drogas, les llevan a quedar esclavizados al servicio de la delincuencia transnacional organizada.

El reclutamiento es ejecutado “aparentemente” por tropas del Frente 57 de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), denunció, en una entrevista con EL PAÍS, el líder indígena panameño Cándido Mezúa Salazar, cacique general de la comarca de las etnias Emberá y Wounaan, pueblos que comparten un mismo territorio en 41 comunidades en el oriente de Panamá.

“Hay gente armada. Lo podemos decir porque se lo hemos manifestado a las autoridades (panameñas), que a veces no toman la importancia de esa denuncia. Allí está el Frente 57 de las FARC,  desde hace muchos años”, relató.

 “Tenemos claros los riesgos. Nos han informado los dirigentes (indígenas) que llegan algunas personas, nadie sabe cómo, a buscar trabajadores, jóvenes más que todo, a reclutar jóvenes para trabajos agrícolas o, digamos, de carga de sacos de arroz. ¿Pero quién carga sacos de arroz en medio de la montaña, a 200, 300 dólares por saco? No sabemos qué es”, reveló.

“Simplemente los jóvenes son propensos porque tienen necesidades económicas y van por eso. Pero en realidad, ¿quién paga? No lo sabemos. Lo único que ellos nos dicen es: ‘Bueno, cacique, nos pagaron 200 dólares y yo necesitaba para comprar un libro, un aceite, para comprar arroz’. Son ese tipo de cosas y es lo que está pasando y estamos diciendo que no debemos caer en eso. Debemos generar alternativas para que los muchachos no caigan”, alertó.

Consultado por este diario, el estatal Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront) replicó que el Frente 57 fue desalojado de suelo panameño tras los operativos desplegados en los últimos cuatro años y que lo que persiste en Darién son “bandas criminales que utilizan estos medios” de reclutamiento de indígenas. “El transporte de droga de los colombianos es con la complicidad de malos panameños. Si fuese por necesidad (económica), todo el mundo sería cargador de droga. Y en Darién hay muchas necesidades”, alegó Senafront.

Tras admitir que se sabe que jóvenes indígenas son reclutados por las bandas, el Servicio alegó que “hay personas a las que les gusta el dinero fácil. El narcotráfico busca precisamente a personas a las que puedan influenciar”.

Pisadas de botas

Mezúa explicó que el fenómeno “está ocurriendo desde los últimos cinco años. Tenemos bajo nuestra administración el territorio comarcal, de 430.000 hectáreas, en las que desarrollamos actividades forestales. Las comunidades encuentran huellas de pisadas, de botas, y ya se sabe de quiénes son, sabemos lo que hay”.

Ante el reclutamiento de indígenas, están intentando que los jóvenes se desarrollen en la actividad forestal. "Con generar alternativas económicas para ellos se evita en gran parte eso”, afirmó. Si los jóvenes carecen de actividad laboral sostenible, el peligro es “provocar desde afuera que estos muchachos se vayan a otro tipo de actividad”, narró.

“En el territorio comarcal teníamos la decisión de decir: ‘está pasando esto’ a las autoridades, que no lo han tomado en serio. Seguimos trabajando en cómo evitar que nuestra gente caiga en el narcotráfico. Estamos diciéndole a nuestras comunidades que no puede ser y tener alternativas”, describió.

Hasta hace unos años, recordó, la costumbre era que las comunidades detectaran a las guerrillas colombianas que se movían entre un lado y otro del límite de los dos países.

“Informábamos a las autoridades panameñas, que nos decían que lo que veíamos eran tallos de plátano que se movían en las noches. Pero en realidad eran personas armadas, caminando. Esos eran los tipos de eventos que se veían en los territorios. En los últimos 20 años las comunidades han sido afectadas, intervenidas por estas acciones que están atemorizando a las comunidades”, dijo.

Senafront replicó que “eso de que no hay una respuesta (de las autoridades), es totalmente falso” y afirmó que, por el contrario, “personas no avisan”.

Sembradío y laboratorio

El panorama de narcoguerrilla en el Darién ha generado tensión. En junio de 2013, y en lo que fue el descubrimiento de la primera plantación de hoja de coca en Centroamérica, un operativo combinado de soldados colombianos y policías panameños en esa vasta y selvática zona permitió localizar un sembradío en Panamá, cerca de un laboratorio artesanal para producir cocaína.

Un informe oficial del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá revelado tras el hallazgo, detalló que fueron dos sembradíos de aproximadamente dos hectáreas con hoja de coca en la selvática región de Chucurtí, cerca del Puerto Obaldía, en el litoral panameño sobre el Mar Caribe, y perteneciente a la comarca indígena panameña de Kuna Yala, otra de las etnias de ese país. En el sector fue descubierto un pequeño laboratorio artesanal para procesar hoja, materia prima para producir cocaína.

La plantación produjo unas cuatro o cinco cosechas al año y unos 30 kilos por mes y fueron destruidas cerca de 5.000 plantas. Como barrera natural en gran parte del límite entre Panamá y Colombia y una espesa jungla de difícil tránsito, el Darién ha sido utilizado como refugio o santuario de retaguardia por las FARC, acusadas de controlar el negocio del narcotráfico en esa y otras partes.

Por su cercanía geográfica con las más importantes bases de producción de cocaína—en especial de Colombia—y con los grandes mercados estadounidenses de consumo, Centroamérica es una plataforma clave de los cárteles mexicanos y colombianos para contrabandear, almacenar y reexportar estupefacientes a México y Estados Unidos.

El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos calcula que del 80% al 90% de la cocaína que ingresa cada año al mercado estadounidense pasa por rutas centroamericanas. El Gobierno de Costa Rica estima que unas 900 toneladas de esa droga son traficadas por Centroamérica, que al año apenas decomisa unas 85 toneladas.