Un escándalo de desvío de fondos salpica al presidente de Sudáfrica

Sacudida en la política sudafricana. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, cargó al presupuesto público los gastos de una reforma de su vivienda particular justificando que se trataba de mejoras en la seguridad. La Defensora del Pueblo, Thuli Madonsela, presentó este miércoles las conclusiones de una larga y exhaustiva investigación de un caso que emergió en 2009 y que ahora, a siete semanas de las elecciones generales (7 de mayo), deja al partido del mandatario —el Congreso Nacional Africano (ANC, en inglés)— en la cuerda floja, con algunas encuestas que le recortaban el apoyo público a menos del 50%, teniendo en cuentas que en los 20 años en el poder siempre ha dominado alrededor de dos tercios de los escaños del Parlamento.

La factura de las obras ascenderá a 246 millones de rands (15,41 millones de euros), 10 veces más de lo previsto en el proyecto inicial, e incluye la construcción de una piscina, un gallinero, un establo, un anfiteatro, el alcantarillado, un centro para visitantes y una clínica, entre otros elementos. De hecho, se trata de un complejo con 20 casas en las que se aloja con sus cuatro esposas y sus respectivos hijos, en su aldea natal de Nkandla, en la provincia de KwaZulu-Natal.

No es que Madonsela se oponga a que el Estado pague la seguridad de Zuma, como ha sucedido con sus antecesores, pero afea que este haya abusado de esos privilegios y no reparara en gastos, escogiendo los materiales y opciones más caras. En su actuación, el presidente “ha violado el código ético” y ha caído en un “comportamiento impropio de un miembro del Gobierno”, ya que el que se supone que es “el guardián de los recursos públicos” del país “abusa de los beneficios” mientras que “la mayoría de sudafricanos lucha por sobrevivir en un mar de pobreza”, asegura la Defensora del Pueblo.

En todos estos años Zuma siempre ha defendido, incluso en el Parlamento, que el Estado solo se ha hecho cargo de las infraestructuras necesarias para garantizar su seguridad y que él mismo y su familia han desembolsado el resto. Esta es una versión que Madonsela no se acaba de creer y se pregunta qué aporta “un corral o un centro para el visitante” en los sistemas de protección del presidente. La Defensora del Pueblo reclama a los Zuma que devuelvan la parte que no corresponde a la protección, una cantidad aún sin determinar.

La Defensora rechaza que la piscina sea una balsa para evitar incendios en las casas con techo de paja

Madonsela en su informe también tira por el suelo la explicación de Zuma de que la piscina en realidad es una balsa de agua para evitar incendios en las casas con techo de paja, y que mientras no hay ningún fuego que apagar los niños de la aldea la pueden utilizar para nadar. Nada de eso ha convencido a la Defensora, que acudió a Nkandla para ver sobre el terreno el enorme complejo vallado y cerrado al público y que el Gobierno intentó prohibir que los medios publicaran imágenes atendiendo a la intimidad y seguridad de la familia presidencial.

Hay otro punto que disgusta a Madonsela. En las obras de mejora del complejo, los Zuma expulsaron a vecinos colindantes para instalar una “tienda de golosinas”. La reubicación de tres familias costó al erario público 5.300 euros y se cuestiona si fue un procedimiento legal y necesario.

A pesar de su duro informe, Madonsela aseguró que no tiene indicios de que Zuma “haya mentido” y en cambio disparó contra los ministros de la Policía, Defensa y Obras Públicas por haber permitido la desviación de parte de su presupuesto para financiar las obras de Nkandla. En este sentido, aconsejó al presidente mano dura contra estos colaboradores por el poco celo y mala administración con los fondos públicos.

Además, Madonsela también apunta al arquitecto de las obras que tras el encarecimiento del proyecto su minuta se incrementó considerablemente.

Zuma tiene ahora 14 días para comparecer ante el Parlamento y explicarse de nuevo, pero este miércoles su Gobierno ya dio una pista por dónde irá su discurso al insistir que todas las obras planteadas son para incrementar la seguridad. La oposición, apenas el 33% de la cámara, plantea convocar una moción de censura, que no tiene posibilidades de prosperar.