Una comisión controlada por chavistas investigará las protestas en Venezuela

Las represalias del chavismo no encuentran dónde detenerse. Desde el fin de semana intenta recobrar la iniciativa tras más de un mes de disturbios que hicieron temblar la gobernabilidad del país. Y podría cobrar caro el atrevimiento de sus adversarios.

Después de tres semanas sin reunirse, esta tarde de martes la Asamblea Nacional sesionó bajo el mando de su presidente, el exteniente del ejército Diosdado Cabello, número dos del oficialismo. Amén de una agenda trufada de discusiones sobre créditos adicionales para el Ejecutivo, el punto central de la jornada era la conformación de una denominada “Comisión de la Verdad” para investigar las protestas ocurridas en las calles de varias ciudades venezolanas desde el pasado 12 de febrero, y establecer responsabilidades con respecto a las 29 muertes registradas hasta la fecha en el saldo oficial.

La coreografía de la sesión estaba previamente planificada por el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cuya bancada, engrosada por algunos aliados, domina el parlamento. Su aplanadora funcionó para instalar una comisión de cinco diputados oficialistas: Tania Díaz, Earle Herrera, Robert Serra, Elvis Amoroso y el propio Cabello.

Pero quedaba una sorpresa, algo esperada, aunque resulte paradójico. La diputada Tania Díaz planteó una moción de urgencia para establecer si algún diputado pudiera estar cometiendo delitos vinculados al tema de la presunta “Comisión de la Verdad”. Se refería a su colega María Corina Machado, presente en el hemiciclo como diputada del estado Miranda, exprecandidata presidencial de oposición y una de las dos figuras destacadas del movimiento La Salida, un ala interna de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que propugna la activación de eventos de calle para forzar el desalojo del presidente Nicolás Maduro del poder.

Siguiendo la propuesta de Díaz, la sesión parlamentaria fue suspendida y un grupo de diputados del oficialismo marchó hasta la sede de la Fiscalía General de la República para solicitar, mediante un documento, que el ministerio público abra un antejuicio de mérito a la diputada Machado. El antejuicio de mérito es la antesala reglamentaria para suspender –previo voto de los diputados- la inmunidad que asiste a los parlamentarios en Venezuela.

María Corina Machado es señalada por el gobierno como instigadora de las protestas, junto al dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López. Contra López fue emitido un auto de detención. Luego de pasar unos días como fugitivo, el opositor se entregó a las autoridades y este martes cumple un mes como prisionero en la cárcel militar de Ramo Verde, cerca de la ciudad de Los Teques, capital del estado de Miranda.

Machado debe viajar el miércoles a Washington para participar en una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA). La delegación de Panamá, país con el que el gobierno de Nicolás Maduro acaba de romper relaciones, ofreció su puesto en ese foro para que la diputada venezolana preste testimonio sobre la crisis actual en esta nación suramericana.

“Para que haya paz, tiene que haber justicia sin impunidad”, justificó Diosdado Cabello la iniciativa. Frente a la sede de la fiscalía, explicó que el documento de los parlamentarios chavistas considera que María Corina Machado podría haber cometido crímenes como homicidio, traición a la patria y asociación para delinquir, entre otros. “Las leyes venezolanas van a alcanzar a María Machado. Ella cree que porque es de los Amos del Valle [aristocracia tradicional, en una expresión venezolana] nunca se van a meter con ella”.

De fructificar el antejuicio de mérito, y si el parlamento vota por el levantamiento de su inmunidad -lo que se da por descontado-, Machado enfrentaría un juicio que podría llevarla a la cárcel. Su curul sería ocupada por el diputado suplente de su jurisdicción, Ricardo Sánchez, un ex dirigente estudiantil de oposición que viene dando señales de acercamiento y connivencia con el oficialismo.

Precisamente Diosdado Cabello reveló que en la “Comisión de la Verdad” parlamentaria se había reservado un cupo de cuatro puestos para incorporar a los diputados opositores que desearan plegarse. Adelantó que Sánchez sería uno de ellos.

Poco antes, en rueda de prensa, el diputado por el estado de Lara. Eduardo Gómez Sigala, había declarado que el bloque parlamentario de oposición se rehusaría a formar parte de un ente “que está a espaldas del país, de los estudiantes, y de la verdad que ya todos conocemos”.

El oficialismo ha ido ganando espacios en el parlamento –cuya mayoría no tenía- forzando el allanamiento de las inmunidades de diputados opositores. Los diputados María Mercedes Aranguren y Richard Mardo fueron apartados en 2013 de sus escaños, acusados de diversos cargos de corrupción.