El régimen venezolano estrecha el cerco sobre internet

Con la radio y la televisión sometidas a la autocensura, el gobierno del presidente Nicolás Maduro va con todo contra el último reducto que les queda a los venezolanos para informarse sin cortapisas. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se ha comunicado con todos los proveedores de servicio de Internet en Venezuela (IPS, por sus siglas en inglés) para advertirle que deberán cumplir sin dilaciones con la orden de bloquear las páginas web con contenido contrario a los intereses del Gobierno.

Este diario posee una comunicación suscrita por Harris Viáfara, jefe de la División de Telecomunicaciones de Conatel, en la que convoca a varios proveedores a una reunión en la mañana de este miércoles. Dos fuentes comentaron que en esa cita Conatel informó de sus planes de automatizar el control sobre los IPS mediante un sistema similar al que mantienen con los grandes proveedores del servicio de internet de este país (la estatal Cantv y las privadas Directv, Movistar e Inter) para impedir la difusión del precio del dólar en el mercado no oficial. Esos mismos testigos, que hablaron bajo la condición del anonimato, también refirieron que los funcionarios hablaron de regular el ingreso a Youtube y a Twitter, aunque reconocieron que será difícil por la manera cómo están configurados estos portales. El presidente de Conatel, William Castillo, no respondió a las consultas hechas acerca de este tema ni a través de su correo electrónico ni a su cuenta de Twitter (@planwac).

Conatel, por el momento, se conforma con verificar que cada compañía impida a sus suscriptores que consulten informaciones que en su criterio “agredan al pueblo venezolano” y “causen desestabilización y zozobra”. Ha sido ese el argumento utilizado para obligar a la televisión por suscripción a eliminar de su parrilla de programación al canal colombiano de noticias NTN24, acusado de conspirar contra el gobierno venezolano. Aún no está claro cómo se va a implementar esa supervisión, pero valga la metodología acordada con los grandes proveedores para entenderlo. El departamento de tecnología de esas compañías debe chequear constantemente los dominios suspendidos, que el regulador actualiza a lo largo del día en una página web, para bloquearlos de inmediato.

Este sistema comenzó hace dos meses en medio de los intentos del gobierno del presidente Nicolás Maduro por impedir que los venezolanos se informaran del valor del dólar paralelo, el marcador que guía al comerciante a la hora de calcular los costos de reposición. El gobierno chavista estaba embarcado entonces en lo que bautizó como la guerra económica -que consistió en la confiscación y remate generalizado de electrodomésticos y otros rubros en vísperas de las elecciones municipales del 8 de diciembre- y pretendía que bajaran todos los precios en un desesperado esfuerzo de reducir la inflación y subir su intención de voto. Ahora, con la aprobación el pasado martes del Convenio Cambiario 27, que establece un mercado abierto para comprar y vender dólares sin las duras limitaciones del control de cambio vigente desde hace once años, en la práctica ha quedado despenalizada la mención del precio del dólar tanto en los medios de comunicación como en las páginas web.

Todo indica que ese sistema se usará en lo sucesivo para impedir la circulación de informaciones que afecten la credibilidad del Gobierno. Hay varios antecedentes que avalan esas sospechas. Desde el 12 de febrero ha habido en Venezuela limitaciones y bloqueos en el acceso a contenido en la web. El jueves 13 de febrero era imposible visualizar las fotos colocadas en la red social Twitter debido a un bloqueo parcial. Los más afectados fueron los usuarios de internet ABA - de la estatal CANTV - que provee el servicio a más del 80 por ciento de los suscriptores del país. Un vocero de Twitter citado por la agencia de noticias Bloomberg afirmó en esa ocasión que el Gobierno venezolano era el responsable de los problemas del servicio.

Entre el 19 y el 21 de febrero se reportó la caída del servicio de internet ofrecido por CANTV en el estado Táchira, el epicentro de las más encarnizadas protestas contra Maduro, después de que el Gobierno central anunciara que podría decretar el estado de excepción en la entidad. “Estoy listo para meter los tanques, las tropas, la aviación, toda la fuerza militar de la Patria, porque el Táchira nosotros la vamos a preservar como territorio venezolano”, dijo entonces el gobernante. También ha habido problemas con la televisión. El miércoles, mientras en Valencia y Caracas tenían lugar fuertes disturbios, los canales locales emitían su programación regular de culebrones y programas de variedades. Los videos y las fotografías colgados en las redes sociales permitieron conocer la muerte de tres personas y el estado de 14 heridos. Sometidos a un apagón noticioso tras la venta de Globovisión - el último canal de televisión independiente - a capitales chavistas, las redes sociales son ahora el afluente informativo de los venezolanos.

No hay ninguna ley que regule la circulación de mensajes a través de la web, pero Conatel puede obligar a los proveedores de internet a bloquear contenidos contrarios a sus intereses. Esas compañías no tienen una concesión de uso del espectro, pero sí reciben una habilitación administrativa del Estado para poder operar. Esa habilitación, según los abogados consultados, no puede retirarse discrecionalmente, pero el regulador sí podría sancionar a las empresas por el incumplimiento de las obligaciones. El incierto panorama político venezolano ofrece la mejor excusa para la censura por motivos de interés nacional. El Gobierno está sometido a un fuerte acoso desde hace un mes que no muestra indicios de disminuir.