La Haya condena al congoleño Katanga por crímenes de guerra

Germain Katanga, excomandante de la Fuerza Patriótica de Resistencia de la República Democrática de Congo, es culpable de haber contribuido a la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad en la aldea de Bogoro (en la provincia de Ituri, al noreste del país) en febrero de 2003. Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) así lo han decidido, por mayoría, después de catalogar las luchas de Ituri de conflicto interno. Katanga pertenece a la etnia lendu, y los más de 200 civiles masacrados, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, eran de la comunidad hema, considerada rival. En el mismo fallo, la Sala I de la Corte le absuelve, por unanimidad, de violación y esclavismo sexual y de haber lanzado a niños soldado a la lucha. La cuantía de la pena será decidida más adelante, y Katanga permanecerá encerrado hasta ese momento.

“El ataque contra la aldea de Bogoro fue organizado con premeditación para deshacerse por completo de la etnia hema. Además de destruir sus hogares para que no regresaran, se usó la violación y el esclavismo sexual como crimen de guerra. Y a niños soldado en labores logísticas y de apoyo. El acusado sabía que la milicia atacaría Bogoro de madrugada con fusiles y machetes, y el sufrimiento que ello conllevaría. Pero esta Sala no ha podido constatar que él ordenara pelear a los menores, ni tampoco que cometiera delitos sexuales como arma de guerra”, ha dicho Bruno Cotte, su presidente.

Apodado “Simba”, Germain Katanga fue entregado en 2007 a la CPI por las autoridades congoleñas. Su caso ha estado rodeado de polémica por varios motivos. No solo ha tardado siete años en resolverse. En noviembre de 2012, los jueces concedieron un año de prórroga a la fiscalía para que recabara más pruebas sobre la “contribución del acusado a la comisión de los crímenes”. Hasta entonces, el pliego de cargos le consideraba “responsable directo” de los mismos. Esta nueva definición del grado de autoría ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch, por considerar que reduce las posibilidades de hacer justicia a las víctimas de crímenes internacionales demostrados.

En diciembre de 2012, el cambio legal conllevó la absolución de Mathieu Ngudjolo Chui, excomandante del Frente Nacional Integracionista congoleño. Considerado por los fiscales cómplice de Katanga en la masacre de Bogoro, Chui salió libre al no haberse demostrado que fuera “el jefe de los combatientes de la etnia lendu que llevaron a cabo las atrocidades”. La decisión añadía dos notas relevantes. De un lado, no negaba la posibilidad de que Chui fuera culpable. “Es que las pruebas aportadas por la fiscalía no permiten calificarle de culpable”, dijo la Sala. El otro punto era menos procedimental y se dirigía a las víctimas, al reconocer que “sí hubo asalto y crímenes en Bogoro”.

Si bien el doble caso Katanga-Chui fue presentado en su día por Luis Moreno Ocampo, antiguo fiscal jefe de la CPI, su sucesora, Fatou Bensouda, ha seguido adelante. La Sala ha reprochado a su equipo que no comprobara bien las declaraciones de los testigos contra Chui. Bensouda, que lleva dos años en el cargo, ha reforzado el equipo de investigadores sobre el terreno para evitar errores similares en el futuro.

La CPI abrió sus puertas en 2002 como única instancia permanente para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad, además de genocidio. El sumario relativo a Katanga y Chui ha sido el segundo en resolverse desde entonces. El protagonista del otro es Thomas Lubanga, señor de la guerra congoleño condenado en 2012 a 14 años de cárcel por reclutar y utilizar niños soldado.