El momento de hablar ha pasado

La lucha entre el movimiento de protesta antigubernamental y el régimen de Ucrania parecen haber llegado a un punto de no retorno. Según los datos oficiales, más de 20 manifestantes han muerto a manos de las unidades de la policía en Kiev y más de 1.000 han resultado heridos. Las cifras reales probablemente sean bastante más elevadas, ya que la ciudad se encuentra en un imprevisto estado de emergencia. Aunque la policía antidisturbios no consiguiese dispersar a los manifestantes del Maidán, sin duda seguirá atacando. Hay tres cosas que la UE puede hacer en respuesta al continuo baño de sangre patrocinado por el Estado que se está produciendo en su frontera oriental.

La primera prioridad es castigar al régimen. Deberían aplicarse sanciones personales al círculo más cercano a Yanukóvich, a menudo denominado "la familia". Si congelase los activos y bloquease las cuentas bancarias de sus aliados cercanos y socios empresariales, la UE se aseguraría de que “la familia” no pudiese usar los fondos para reclutar bandas de matones armados (llamados titushki). La medida de denegar los visados al entorno de Yanukóvich podría posponerse para tener algo con lo que presionar en las negociaciones, en el improbable caso de que la postura del régimen se vuelva más flexible. Las sanciones también deberían aplicarse a algunos de los socios políticos más próximos a Yanukóvich: por ejemplo, los miembros del Parlamento que han hablado públicamente a favor del uso de la violencia.

La siguiente prioridad es impedir que el régimen refuerce su control político. Esto exige que la UE envíe claramente el mensaje de que el bloqueo de los activos se aplicará a los principales grupos oligárquicos del Partido de las Regiones en el poder, si intentan echar por tierra una solución política de urgencia en el Parlamento junto con las facciones de la oposición. Los grupos de tan solo dos oligarcas (Rinat Akhmetov y Dmytro Firthash) controlan a más de 80 diputados en el Parlamento de Ucrania. Las posibles soluciones parlamentarias son diversas: la retirada de las fuerzas de seguridad del centro de Kiev y la reinstauración de la Constitución de 2004, que restringía el poder presidencial. Ese ultimátum podría dar un plazo máximo de una semana para aclarar las cosas. Si el segundo plazo (por ejemplo, un mes) no se cumple, se podrían imponer restricciones a las empresas que exportan a los mercados de la UE y reciben préstamos de los bancos de la Unión.

Por último, la UE debería empezar a cooperar con el movimiento de protesta y las nuevas autoridades revolucionarias sobre el terreno, y enviar así un mensaje claro sobre la mermada legitimidad del régimen. Quiera o no, la UE tendrá que empezar a tratar con los órganos de poder paralelos que ahora se han creado en las regiones occidentales de Ucrania, que se han rebelado contra el régimen. Vale la pena señalar que esto no es separatismo, sino una herramienta con la que deslegitimar a un régimen represivo sobre el terreno.

Es a través de estas nuevas autoridades como la UE puede empezar a proporcionar ayuda humanitaria urgente a los ciudadanos de Kiev y el resto del país. Dados los repetidos intentos por parte de las autoridades de cortar el suministro de artículos necesarios a los heridos, la UE debería empezar a suministrar medicamentos e instrumental quirúrgico costoso a los grupos de voluntarios médicos, que tratan a las víctimas en condiciones inhumanas de constante amenaza por parte de la policía y los matones. Además, hay que proporcionar material de protección (máscaras antigas, chalecos antibalas, etc.) y equipos electrónicos (como dispositivos de retransmisión de audio y vídeo) a los periodistas y blogueros independientes para asegurarse de que no sufran también el horrible destino del periodista que fue asesinado en Kiev la pasada noche.

Ha llegado la hora de que la Unión Europea ponga fin a las frases huecas y a su actitud de Chamberlain que espera a ver lo que pasa. Si quieren evitar que muchos más ucranios perezcan y el país se precipite hacia el abismo del terror autorizado por el Estado, las autoridades de la UE deben empezar a actuar.