La ampliación del Canal de Panamá se retrasa hasta diciembre de 2015

Aunque la crisis financiera en el proyecto para ampliar el Canal de Panamá está en ruta de arreglo, la resaca del conflicto empieza a emerger: la expansión de la vía interoceánica concluirá en diciembre de 2015 y ya no en junio de ese año, con un retraso de seis meses por el impacto de que los trabajos están paralizados desde el 5 de febrero anterior. Y si el martes próximo se desmorona el naipe de las negociaciones entre el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio encabezado por la española Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el atraso será más prolongado.

Para empañar el escenario, Panamá sufrirá un “lucro cesante” de más de 95 millones de dólares porque durante seis meses estará inhibida de utilizar las dos esclusas que, desde 2009, empezaron a ser construidas por GUPC en los litorales panameños en el Atlántico y en el Pacífico.

Ese y otros mensajes dejó el panameño Jorge Quijano, administrador de la ACP, en su minuciosa comparecencia de este miércoles para rendir cuentas de la crisis ante una escasamente concurrida sesión plenaria de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral). Tras ganar en 2009 la licitación para edificar las esclusas de la expansión canalera, con una oferta de 3.118 millones de dólares, y firmar un contrato ese mismo año para iniciar las labores, se comprometió a concluirlas en octubre de 2014, pero en 2012 surgieron los primeros retrasos y la finalización se pasó a junio de 2015.

Quijano le dejó claro al pleno parlamentario que los 400 millones de dólares son esenciales

Ahora todo se prevé que comenzaría a operar en diciembre del año entrante.

El atraso impactará, además, en que Panamá tampoco podrá ofrecer y vender los servicios de las nuevas esclusas a los clientes y demás usuarios que disponen de buques de mayor tamaño que los que actualmente pueden transitar por la vía inaugurada en 1914 y que esperaba empezar a recibir primero en octubre de 2014 y luego en junio de 2015.

Quijano ha dicho que la ampliación, que empezó en 2007 con un presupuesto de 5.250 millones de dólares, estará lista en 2015 “con o sin” GUPC, bajo el contrato de ambas partes o con otras opciones.

El lío estalló el 1 de enero pasado, cuando GUPC anunció—y la ACP rechazó—que el 20 de enero suspendería los trabajos si la agencia estatal se niega a pagarle 1.600 millones de dólares que le faltan en sus flujos de caja por gastos adiciones imprevistos en la construcción de las esclusas para expandir la ruta. Aunque el plazo del 20 de enero se cumplió sin acuerdo, ACP y GUPC siguieron negociando con un límite al 31 del mes anterior que corrieron al 4 de febrero. Las pláticas concluyeron la noche del 4 de febrero sin arreglo y, al día siguiente, el Grupo suspendió las obras en las esclusas, trecho principal de la ampliación.

Pese a todo, Quijano también llevó optimismo a los legisladores, al explicarles que el arreglo del diferendo está en que la aseguradora Zürich América acepte un plan de cofinanciamiento pactado entre ACP y GUPC. El administrador, que ha calculado que las obras tienen más del 65% de avance, se mostró confiado en que la respuesta de la aseguradora sea positiva.

En el cruce de propuestas y contrapropuestas, la ACP mantiene una oferta que planteó el 7 de enero de anticipar 100 millones de dólares, a cambio de que GUPC aporte otros 100 millones de dólares de adelanto. Pero la llave del arreglo está en que la aseguradora acepte inyectar 400 millones de dólares, que están como fianza de cumplimiento y que se convertirán en un préstamo al Grupo, y en conceder una moratoria de dos meses para que el consorcio cancele un repago por 748 millones de dólares que le anticipó la Autoridad.

En la mesa de negociación está esa “solución” y “no se negocia un dólar fuera del contrato”, insistió, al puntualizar en que si hay un acuerdo de las tres partes, los trabajos podrán reanudarse en dos días. Sin embargo, la definitiva arquitectura financiera para la reactivación de las obras está sujeta todavía a las negociaciones y a que se afinen los detalles.

Quijano le dejó claro al pleno parlamentario que los 400 millones de dólares son esenciales, porque sin esos recursos, que calificó de indispensables para el mecanismo de cofinanciamiento, los acuerdos entre las dos partes “posiblemente se caen”. El administrador de la Autoridad se apresuró en subrayar que los dos bandos “todavía no hemos concluido el acuerdo por escrito, no queremos decir que (en el actual proceso) hemos sido exitosos hasta que esté plasmado” en un documento.

Pese a que se vislumbran soluciones reales y posibles al conflicto con GUPC, relató Quijano a los diputados, el diferendo debe estar resuelto el próximo martes, de una o de otra manera, ya que “la paciencia tiene su fin”. “Estas negociaciones tienen que concluir para el próximo martes. Si no, tendremos que tomar otro rumbo. Si por alguna razón se cae (el acuerdo), no va a ser por nosotros y por lo tanto tendríamos que hacer un movimiento hostil”, alertó.

Quijano tampoco se olvidó de decirles a los legisladores que aunque la posibilidad de rescindir del contrato abriría un prolongado litigio, “sigue encima de la mesa”.