Irán ejecuta a un poeta y otro activista de la minoría árabe

Una nueva denuncia de ejecuciones en Irán reaviva el debate sobre el uso de la pena capital para silenciar a los disidentes políticos, en especial entre las minorías étnicas. Según el Centro de Documentación de los Derechos Humanos en Irán (IHRDC en sus siglas inglesas), un poeta y defensor de los derechos humanos y otro activista árabe fueron ajusticiados a finales de enero acusados de “ser enemigos de Dios”, sin avisar a sus abogados ni permitirles una visita final de sus familias. De acuerdo con esa organización, van 55 penas de muerte ejecutadas este año y 300 desde la llegada de Hasan Rohaní a la presidencia el pasado agosto.

IHRDC identifica a las últimas víctimas como Hashem Shabaninejad y Hadi Rashedi, dos maestros de la localidad de Ramshir, en Juzestán. El primero era un popular poeta local y activista de los derechos humanos, que según la cadena panárabe Al Jazeera criticaba el trato dado a la minoría árabe de Irán. Los árabes apenas representan el 3% de los casi 80 millones de iraníes, pero son la mitad de la población de esa provincia petrolera fronteriza con Irak.

Shabaninejad, de 32 años, había fundado Al Hiwar (El diálogo, en árabe), un centro para la difusión de la cultura árabe clausurado por las autoridades en 2005 y del que también era miembro Rashedi. Fue detenido hace tres años bajo la acusación de ser un “mohareb”, una figura jurídica sin equivalencia en la legislación internacional que suele traducirse como “enemigo de Dios” y que está castigada con la pena de muerte. Las organizaciones internacionales de derechos humanos consideran que se trata un cajón de sastre para silenciar a los disidentes políticos.

Un año después, Shabaninejad apareció en PressTV, la cadena iraní en inglés que se difunde por satélite, confesando su participación en actividades de “terrorismo separatista”. En julio del año pasado, un tribunal revolucionario le condenó a muerte junto a otras 13 personas, entre las que también estaban Rashedi y otros tres miembros de Al Hiwar, por “ser enemigo de Dios, sembrar la corrupción en la tierra, hacer propaganda contra la República Islámica y actuar contra la seguridad nacional”. Su traslado de prisión el pasado diciembre alertó a Amnistía Internacional sobre el riesgo de una inminente ejecución.

A las dudas que plantea el sistema judicial iraní, se suma en este caso la denuncia de que los responsables ni siquiera han respetado sus propias leyes. Según IHRDC, Shabaninejad y Rashedi fueron ajusticiados el pasado 27 de enero, pero no se les comunicó a sus familias hasta dos días después. “El código procesal especifica que debe notificarse al abogado defensor con al menos 48 horas de anterioridad y que el reo tiene derecho a recibir visitas antes de su ejecución”, se queja la organización.

Ese dato y el hecho de que las familias sólo pudieran celebrar el funeral en sus domicilios y durante 24 horas, en lugar de en una mezquita y durante los tres días que es costumbre, refuerzan la idea del carácter político de su caso. Otros cuatro miembros de la minoría árabe fueron ejecutados un mes antes.

El año pasado Teherán ajustició a 624 personas, un centenar más que en 2012, lo que ha suscitado la preocupación de las organizaciones de derechos humanos. De hecho, en contra de lo esperado, la elección de Rohaní no se ha traducido en una menor aplicación de la pena capital. Al contrario, varias organizaciones hablan de un aumento y el IHRDC asegura que desde que asumió la presidencia en agosto por lo menos 300 personas han pasado por el cadalso. Esos datos convierten a Irán en el país con el mayor número de ejecuciones per cápita. El relator especial de la ONU para Irán, Ahmed Shaheed, ha pedido a las autoridades que frenen su aplicación.

La mayoría están vinculadas al tráfico de drogas. Pero los grupos de defensa de los derechos humanos aseguran que la pena de muerte también se usa para acallar la disidencia política, en especial entre las minorías étnicas. Entre los ajusticiados en noviembre, destacó el activista kurdo Sherko Moarefi, también acusado de mohareb y de pertenecer al grupo izquierdista Komala que Teherán considera terrorista. Un mes antes, 16 presos calificados de “rebeldes” fueron ejecutados en represalia por la muerte de 14 guardafronteras en una emboscada en la provincia de Sistán-Baluchistán.